Detenidas un centenar de personas en Zaragoza acusadas de estafar a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a 99 personas que integraban una red dedicada a estafar a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal en Zaragoza. En la operación, denominada Isabel, también han sido imputadas otras 65 personas, todas ellas extranjeras. El fraude cometido asciende a un millón y medio de euros, según los primeros cálculos de las autoridades.

La policía atribuye a los detenidos los delitos de falsedad documental, estafa a la Seguridad Social y al Inem y contra los derechos de los trabajadores. La investigación arrancó hace un año al detectar la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo de Zaragoza la existencia de 20 empresas "fantasma" gestionadas por ciudadanos rumanos.

Estas empresas se dedicaban a dar de alta y baja a trabajadores extranjeros, a los que cobraban para que estos recibieran el paro, sin que existiera una actividad real y sin cotizar a la Seguridad Social por las empresas y los empleados. Cinco de los 99 detenidos que ejercían de falsos empresarios ya han pasado a disposición judicial y el resto han quedado en libertad con cargos.

Veinte empresas (diecinueve inscritas como personas físicas y una como sociedad civil constituida por dos personas) presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, algunos de los cuales se repetían en varias de las empresas, e incumplían desde el inicio la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Además, se constató que eran falsos los domicilios que constaban de las empresas, supuestamente dedicadas a la construcción, la hostelería, la limpieza o talleres mecánicos.

Los trabajadores eran contratados y dados de alta durante cortos periodos de tiempo, en la mayoría de los casos los mínimos legales exigidos para acceder al derecho a las prestaciones o subsidios. Las altas eran tramitadas a cambio de dinero que pagaban los trabajadores y que oscilaba entre los 280 y los 400 euros, si bien existe algún caso en que los pagos ascendieron a 13.000 euros, entre los que se incluía la gestión del visado, contrato de trabajo, altas en varias empresas para obtener la regularización y las prestaciones por desempleo.