Desarticulada una banda que creaba falsas empresas para defraudar a la Seguridad Social

Los miembros de la organización criminal obtuvieron unos 100.000 euros

La Operación George de la Guardia civil ha logrado desarticular una organización delictiva dedicada a la creación de empresas ficticias para cometer fraudes a la Administración, obteniendo prestaciones sociales como indemnizaciones por desempleo, baja por enfermedad o paternidad.

Hay siete detenidos y se ha imputado a otras 13 personas como presuntos autores de los delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, Falsificación y Estafa.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo al detectar la presencia en distintas localidades de la comarca del Campo de Cartagena de varias empresas que estaban cometiendo irregularidades con contratos de trabajo.

La banda había creado estas empresas ficticias a nombre de personas insolventes para ser empleadas por la organización. Una vez regularizada la situación de estas empresas establecían contactos con otras personas a las que se les ofrecía ser contratadas con la finalidad de obtener algún tipo de prestación social, todo ello a cambio de una compensación económica.

Establecido el acuerdo entre los empresarios fantasma y los trabajadores ficticios, la empresa contrataba a estos trabajadores efectuando todos los trámites administrativos, pero sin desempeñar ninguna función laboral, para obtener los requisitos necesarios para ser beneficiario de algún tipo de prestación social.

Posteriormente los trabajadores adquirían indemnizaciones por desempleo, una vez cotizado el tiempo necesario, baja por maternidad o enfermedad.

Una vez que las empresas fantasma eran detectadas por la Administración debido a las deudas contraídas, sus propietarios las cerraban e iniciaban un nuevo trámite de alta con nombre y titular distintos.

Los trabajadores ficticios pagaban a los falsos empresarios cantidades que oscilaban entre los 200 y los 500 euros, a cambio de obtener los requisitos necesarios para ser beneficiarios de prestaciones y ayudas, alcanzando el beneficio de esta trama en 100.000 euros aproximadamente.

De toda la información obtenida en el proceso de investigación se desprende que la deuda con la Administración debido al impago de las cuotas por trabajadores y actividad laboral podría superar el medio millón de euros.

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