La Generalitat asegura que ceder los datos del padrón es ilegal

Continua la polvareda política tras la decisión del Ayuntamiento de Vic de denunciar ante el Gobierno a los inmigrantes irregulares que se empadronen en el municipio. El Gobierno de la Generalitat ha tratado hoy la cuestión en su reunión semanal. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, que ha ejercido de portavoz, ha advertido que la norma de Vic defiende criterios "que no contempla la ley" y ha criticado a CiU por entrar con la voluntad del alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal, "en terrenos demagógicos, confundiendo a la ciudadanía".

El Gobierno central también rechaza la decisión de Vic. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha aseverado que el Ejecutivo "no comparte" la postura de Vila d'Abadal y ha anunciado que los Servicios Jurídicos del Estado están estudiando si la cesión de datos del padrón es ilegal, basándose en la Ley de Protección de Datos. "En principio, no compartimos la posición del alcalde, pero vamos a tener un informe fundamentado sobre el tema", ha dicho De la Vega.

El PP catalán no sólo comparte, sino que quiere extender la norma de Vic a los pueblos dónde tiene representación. De momento, la voluntad expresada ayer por su líder, Alicia Sánchez - Camacho, no se ha traducido en ninguna petición formal. Sin embargo, en las filas conservadoras no hay unanimidad. El portavoz del PP en la Comisión de Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, ha criticado al ayuntamiento de Vic "por falsear la realidad", ya que en el padrón "no figura" si una persona tiene o no los papeles en regla.

Al conocer las declaraciones de Sánchez-Camacho, Hernando ha intentado matizar: "Un Ayuntamiento puede poner a disposición de la policía en cualquier momento a cualquier inmigrante ilegal", aunque ha avisado: "No se puede mezclar todo esto con el empadronamiento".