La Audiencia reabre la causa cotra la alcaldesa de Hernani por enaltecimiento del terrorismo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la causa contra la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialrrangoitia (ANV), por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo cuando pidió en Pamplona el pasado 12 de enero un aplauso para los presos etarras, Igor Portu y Mattin Sarasola, presuntos autores del atentado de la T-4 de Barajas.

Esta Sala, que considera en un auto que el archivo de la causa fue "prematuro", ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía contra la decisión del juez.

El Ministerio Público, que pidió para la alcaldesa comparecencias quincenales, recurrió la medida adoptada por el responsable del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, al considerar que Beitialarrangoitia sí realizó una "auténtica exaltación de apoyo a las actividades de ETA" y la acusó, además, de calumnias a la policía.

En el recurso, la Fiscalía consideró también que la alcaldesa es responsable de un presunto delito de calumnias e injurias graves a las Fuerzas de Seguridad del Estado por las manifestaciones que realizó en ese acto electoral, en las que acusó a "todos los cuerpos policiales y represivos" de utilizar "la tortura sistemáticamente contra los independentistas vascos".

El juez, sin embargo, no apreció delito y adoptó la decisión de archivar la causa el pasado 25 de enero después de tomar declaración a la alcaldesa de Hernani, quien declaró que con el aplauso que pidió para los presuntos etarras Ibon Portu y Mattin Sarasola durante un acto de su partido en Pamplona, no pretendía "enaltecer" a ETA, sino expresar un sentimiento hacia los presos vascos.

El juez argumentó en un auto que las manifestaciones de Beitialrrangoitia no constituían un delito de enaltecimiento porque éste persigue "la exaltación o justificación de métodos terroristas", pero no el elogio de defensa o ideas "por más que pongan en cuestión el marco constitucional", ya que de ser así esta acusación se convertiría en un instrumento "para controlar la disidencia política".