La Fiscalía ordena a un juzgado de Barcelona que investigue los hundimientos en el Carmel

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido hoy al juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona que investigue las causas de los desprendimientos en el barrio del Carmel por las obras del metro, que han obligado a desalojar a más de mil vecinos y a derribar varios edificios.

Fuentes del Ministerio público han informado de que la Fiscalía ha presentado esta mañana en el citado juzgado un escrito en el que "interesa la reapertura de las diligencias previas", que la juez Elisabet Castelló abrió el pasado 27 de enero (día en que se originó el socavón) y posteriormente sobreseyó provisionalmente, a la espera de que alguien denunciara los hechos.

Cuando se produjeron los desprendimientos, la Fiscalía tampoco actuó de oficio, ya que al no existir un caso de lesiones, sino de daños contra la propiedad, necesitaba una denuncia de los perjudicados para actuar. Esta situación cambió el pasado 11 de febrero, cuando dos comerciantes que tienen sus establecimientos en la zona afectada (el dueño de una pastelería y el de un estanco) presentaron una querella por estragos, y subsidiariamente por daños, contra las empresas responsables de la adjudicación y ejecución de las obras de ampliación de la línea 5 de metro.

Nadal no entra en "la guerra" empresarial

El juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona podría decidir, entre mañana y el lunes próximo, según fuentes judiciales, si admite a trámite la citada querella, que pide a los responsables de las obras de la línea 5 de metro una fianza de 100 millones de euros para hacer frente a los pagos a cuenta y a posibles futuras indemnizaciones a los perjudicados. La Fiscalía pide al juzgado que tenga en cuenta esta denuncia, reabra la causa penal y reclame a la administración toda la documentación relativa a la construcción del túnel, para averiguar si existe algún hecho punible.

Por otro lado, el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, ha evitado hoy entrar en "la guerra" desatada ayer de reproches y acusaciones entre la Unión Temporal de Empresas (UTE) de los trabajos del metro en el barrio barcelonés del Carmel y entre la dirección de obras. En este sentido, Nadal ha asegurado que la empresa pública GISA, que depende de su Consejería, "no había tenido ninguna comunicación en relación a las incidencias que finalmente llevaron al hundimiento", al tiempo que ha rehusado contestar las afirmaciones de la UTE formada por FCC, Comsa y Copisa y de la dirección de obras (Tec-4 y Geocontrol) sobre que avisaron de movimientos de tierras antes de que se produjera el socavón en el barrio.

En todo cado, ha señalado que los problemas que se habían detectado en las obras del metro de la línea 5 desde el año 2002 no tienen ninguna relación con el hundimiento que se produjo el 27 de enero: "Ninguna incidencia de las producidas desde el mes de noviembre de 2002 hasta el hundimiento es relevante en relación con el propio hundimiento, sino tan sólo al respecto de la forma de gestión de la obra pública en este país". Asimismo, ha destacado que no es prioritario saber "cuántas cabezas de cortarán", sino asegurar el retorno de los vecinos a sus casas con la máxima seguridad.