Justicia pide al Poder Judicial que investigue la filtración de los nombres de los cocineros vascos

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha pedido al Cosejo General del Poder Judicial que investigue con carácter disciplinario la filtración a la prensa de los nombres de los cuatro cocineros vascos supuestamente extorsionados por ETA. López Aguilar ha señalado que corresponde al juez y al fiscal de la Audiencia Nacional averiguar el origen de esta filtración a los medios.

"En el caso de que pueda depurarse con éxito la fuente de esa filtración, ésta sería seguramente una buena ocasión para que el Consejo pudiera ejercitar a fondo competencias que sí le reconocen la Constitución de manera directa, y que desarrolla en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial", ha afirmado en el Senado el titular de Justicia, en respuesta a una pregunta planteada por la senadora del Grupo Mixto (IU) Isabel López Aulestia.

Durante su intervención en la sesión plenaria del Senado, López Aguilar ha subrayado que las violaciones del secreto de sumario se dan con frecuencia en nuestro sistema judicial, y que ésto debe preocupar a los poderes públicos. No obstante, ha insistido en que en el caso de los restauradores, al encontrarse en curso la investigación, "para controlar las desviaciones de la ley tienen atribuciones y competencias los propios jueces y el Ministerio fiscal".

Actos "prohibidos por la ley"

A preguntas de los periodistas en los pasillos de la Cámara Alta, López Aguilar ha afirmado que las filtraciones del secreto del sumario "deben ser deploradas", porque constituyen conculcaciones de las garantías en el proceso, "pero es que además están prohibidas por la ley", por lo que todas ellas deben ser investigadas.

Además, el ministro ha recordado que dos de los cocineros vascos investigados -Juan María Arzak y Pedro Subijana- han sido llamados declarar en calidad de imputados, acompañados de abogados. Por eso ha insistido en que corresponde al juez competente y al Ministerio Fiscal, y no al Gobierno, "tomar las medidas oportunas para garantizar los derecho en el proceso y, en su caso, al CGPJ poner en marcha las iniciativas disciplinarias y de sanción cuando se producen violaciones de los derechos y deberes de los miembros del Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones".

Por su parte, López Auletia ha pedido al ministro que "no mire para otro lado y tome medidas", puesto que el derecho a la presunción de inocencia "no puede permanecer impune, porque está por encima de cualquier poder político".