PSOE y PP denuncian las coacciones a los cocineros extorsionados por ETA

El PSOE y el PP mostraron ayer un cierto grado de comprensión con la situación que viven los cuatro cocineros vascos delatados por un presunto miembro de ETA -Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano y Martín Berasategui- como contribuyentes de la banda terrorista con el impuesto revolucionario. El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, y la candidata del PP a lehendakari, María San Gil, sin llegar a justificar la supuesta actuación de los restauradores, achacaron el posible pago de la extorsión al "miedo lógico" y a la "falta de libertad" que existe en el País Vasco.

López pidió prudencia al tratar este asunto y consideró un error utilizarlo como "una caza de brujas contra todo lo que se mueve en el País Vasco". A lo que agregó: "Todos conocemos la existencia del impuesto revolucionario y que hay mucha gente en este país que, por miedo justificado y lógico a no sufrir atentados ellos y su familia, pueden estar pagando este impuesto". No obstante, recordó que aún no se ha pronunciado la Justicia y que, de momento, sólo existe la declaración de un presunto etarra que acusa a los cocineros de ceder a la extorsión de ETA, que les pudo requerir el pago de 72.000 euros. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a los dos primeros a declarar mañana por un supuesto delito de allegamiento de fondos.

Por su parte, San Gil abogó por hacer un "frente común" en defensa de la democracia y de los principios elementales con el fin de que "nadie" en Euskadi "pueda sentirse amedrentado ni amenazado por unos terroristas".

El consejero de Justicia del Ejecutivo vasco, Joseba Azkarraga, de EA, exigió la presunción de inocencia para los cuatro cocineros y denunció que el "linchamiento al que están sometidos es absolutamente inadmisible". También consideró que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, debe actuar de oficio para localizar al responsable de la filtración de los nombres de los restauradores, dado que la declaración del etarra acusador está bajo secreto sumarial.

Precisamente, Conde-Pumpido abogó por "distinguir entre verdugos y víctimas" y pidió "comprensión" al tratar el caso de los cuatro cocineros. Además, dio garantías de la profesionalidad del juez encargado de la causa, de quien dijo que, gracias a su experiencia en terrorismo y en el País Vasco, "conoce de buena mano cómo afecta el chantaje de ETA a los ciudadanos".