El Gobierno endurece las penas por terrorismo, delincuencia, narcotráfico e inmigración
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto para la reforma de 175 artículos del Código Penal
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de esta mañana el anteproyecto de ley orgánica en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros y el anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal. Con este paquete de medidas, completa la ofensiva por la ley y el orden que emprendió en su primera reunión del año para el endurecimiento de penas por delitos comunes, terrorismo, narcotráfico, violencia doméstica y tráfico de personas.
Ambos anteproyectos, que, según el Gobierno, "mejorarán la lucha contra la delincuencia y aumentarán, en consecuencia, la seguridad ciudadana", serán enviadas a informe al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado. En total, suponen la modificación de 175 artículos del Código Penal, dos de la Ley de Inmigración y dos del Código Civil.
El primer texto legal, que el Gobierno tratará con carácter de urgencia, se refiere a medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, ley que se concibe como complemento de la puesta en marcha, el próximo 28 de abril, de los juicios rápidos. El segundo texto legal tiene por objeto modificar las penas y los delitos del Código Penal con el fin de incorporar nuevas realidades delictivas o sustituir penas que se han demostrado ineficaces y agravar la comisión de determinados delitos.
Nuevos delitos y mayores penas
A lo largo de las últimas semanas, el presidente Aznar y, sobre todo, los ministros de Justicia e Interior, han ido anunciando una por una estas reformas, entre las que se destaca que la comisión de cuatro faltas en un mismo año pasará a ser considerado delito y podrá ser sancionado con penas de prisión de seis a 18 meses, mientras que en la actualidad las sanciones son arrestos de fines de semana. Con esta medida, a la que se suma la consideración de reincidencia como un agravante cualificado, se pretende atajar la delincuencia común.
En cuanto a la violencia doméstica, el nuevo código endurece las penas a los maltratadores y aumenta la protección a las víctimas, ya que la agresión pasará de ser considerada una falta a ser delito, lo que permitirá la adopción de medidas cautelares como la prisión provisional o el alejamiento. Sobre la inmigración ilegal, se sustituye la actual pena de cárcel inferior a seis años por la expulsión y la prohibición de volver a España en 10 años. Asimismo, se evitará que la comisión reiterada de delitos paralice el proceso de repatriación y se impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión a quienes trafiquen con seres humanos y de cinco a diez años cuando ese tráfico tenga como propósito la explotación sexual.
En la lucha contra el narcotráfico, la principal novedad es la incorporación de la responsabilidad de las sociedades cuando quien comete determinados delitos las utiliza como instrumento o tapadera. El delito de narcotráfico se endurece al aplicarse las agravantes a un mayor número de casos, entre ellos el de la utilización de menores o disminuidos físicos para cometer estos delitos o si se hiciese uso de armas. Además, el nuevo código tipifica 14 nuevos delitos, entre los que destacan la ablación del clítoris, el robo de móviles, el maltrato de animales y la violencia en el deporte. Otros delitos amplían su ámbito de protección, como la pornografía infantil, el acoso sexual y la propiedad intelectual.

La nueva Ley de Telecomunicaciones
El Gobierno también ha dado luz verde a la remisión al Consejo de Estado del anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es simplificar el panorama normativo del sector y renovar la actual ley, que es de 1998 y tiene 85 artículos, frente a los 56 que va a tener la próxima.
Una de las principales novedades es el reconocimiento del derecho de los operadores a prestar un determinado servicio sin autorización previa, aunque sí deberá comunicar su intención al regulador, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMV). Además, el proyecto fija un plazo de 36 días hábiles para la concesión de las autorizaciones para agilizar los trámites.
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