El Supremo rechaza la querella por prevaricación del Gobierno vasco contra Garzón

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha rechazado hoy la querella por prevaricación presentada por el Gobierno vasco contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El fiscal entiende que el juez actuó conforme a derecho cuando solicitó al Gobierno vasco que prohibiera manifestaciones de apoyo a Batasuna y que el Ejecutivo de Vitoria no está legitimado para querellarse contra el juez.

El ejecutivo vasco presentó ante el alto tribunal el pasado 17 de octubre una querella contra Garzón por considerar que cometía un delito de prevaricación en distintas resoluciones sobre Batasuna, entre ellas una en la que comunicaba al Gobierno autónomo que "es ETA" la que estaba detrás de una manifestación convocada en Bilbao en apoyo de esa formación política y le ordenaba que adoptara las medidas oportunas para "prevenir la legalidad".

El fiscal ha presentado hoy ante el Tribunal Supremo un escrito en el que solicita que asuma la competencia para investigar la querella presentada por el gobierno vasco contra Garzón y pide que ésta no se admita "por carecer el querellante de legitimación activa tanto para ejercitar la acción popular como la particular" además de no encontrar en los hechos denunciados motivos de delito.

Para el fiscal, el gobierno vasco carece de legitimación como acusador particular pues los hechos denunciados "no han podido causar perjuicio directo alguno a la Administración" ya que el derecho fundamental a la libertad de reunión que considera vulnerado "es ajeno totalmente al marco de la institución, correspondiendo en cualquier caso su defensa al Ministerio Público".

Paladín de una causa ajena

Así, añade el escrito "el querellante hace suyos posibles planteamientos de terceros que no se han pronunciado sobre el particular, se erige en paladín de una causa ajena, procesalmente perdida" y se considera "perjudicado por una decisión que ni siquiera tangencialmente le afecta".

Respecto a su decisión sobre la manifestación, opina que el magistrado valoró todos los factores al decidir aplicar la medida restrictiva de derechos como "último recurso y al apreciar razonablemente la conexión de los sujetos afectados por la misma" con la investigación que lleva a cabo sobre integración en organización terrorista y concluye que era necesaria esta medida para "asegurar la defensa del interés público".

Por ello, considera que las resoluciones dictadas por Garzón son ajustadas a Derecho en su forma y contenido y que "no comete injusticia alguna", ni el juez abusa "de su destacada posición para justificar su ideario" sino que "trabaja el Derecho con las herramientas de labor que el mismo le dispensa para adecuar su expresión, dictando desde su delicada posición y en la medida de lo razonable, una resolución justa".

Recuerda además que el Tribunal Constitucional ya denegó anteriormente al Gobierno vasco la legitimación para ejercer la acusación popular en un supuesto delito de calumnias contra la Policía autónoma vasca.