El Colegio de Abogados de Madrid retrasa un año la apertura de su polémico y arriesgado negocio universitario
El ICAM maniobra para ingresar hasta 414.000 euros más en las plazas de grado en un momento de gran tensión interna por un pleito millonario con IBM
En diciembre de 2025 el Colegio de Abogados de Madrid anunció en su web: “El nuevo centro universitario del ICAM [adscrito a la Universidad Complutense] abre la prerreserva para el curso 2026-2027 con un grado en Derecho”. Incluso en febrero, celebró una jornada de puertas abiertas a la que acudieron estudiantes interesados y sus familias, según una nota de prensa. Pero la nueva fecha de inauguración de la carrera en la web es septiembre de 2027. Ni rastro en ella de los tres másteres. ¿Qué ha pasado entre medias? El departamento de prensa explica que la demora se debe a un “objetivo de garantizar su implantación en las mejores condiciones académicas, organizativas y de calidad”.
Necesitan hacer obras en las sedes de la calle Serrano 9 y 11 y “completar los procedimientos de tramitación y autorización del grado dentro de los tiempos más adecuados para su correcta ejecución”, prosigue el ICAM. No se citan los posgrados por los que este periódico ha preguntado.
No hay semana sin novedades en un proyecto que el pasado enero han demandado en los tribunales dos abogados diputados de la Asamblea de Madrid del PSOE (a título personal) y el Gobierno central. El ICAM se personó en la causa del fiscal general en marzo de 2024 y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso autorizó la adscripción del centro a la Complutense, en pleno juicio, el 11 de noviembre. Ello ha tensado hasta el extremo las relaciones entre el colegio y el Ejecutivo.
La inauguración del centro adscrito abre un melón, el de la entrada de los colegios profesionales en la enseñanza reglada. En 2013, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid emitió un informe contrario a que un colegio profesional pueda ser titular de un centro adscrito a una universidad. Sin haber cambiado la legislación, ahora se ha pronunciado a favor si el ICAM, como ha hecho, cambiaba sus estatutos para incluir la docencia reglada.
El ICAM ha ajustado tanto sus precios, la mitad que en las universidades privadas madrileñas, que su solvencia económica está en tela de juicio. Se puso de manifiesto en el informe de viabilidad del proyecto de la Consejería de Educación y un movimiento posterior evidencia una creciente preocupación.
El plan de estudios se aprobó en noviembre y este enero la junta de facultad de Derecho de la Complutense votó a favor de modificar la memoria del grado de la Cuicam, de forma que las 150 plazas sean todas presenciales (5.000 euros por curso), en lugar de 75 en modalidad remota (3.500). Esto supone ingresar 112.500 euros anuales más en primero, si se llenan las plazas. Y puede alcanzar los 414.400 euros más ―cuando se implante de primero a cuarto de Derecho―, si se cumple la previsión total de 552 alumnos (se estima que 48 abandonarán el grado sin terminarlo, un cálculo optimista). Según este nuevo cómputo tras el cambio de plazas, saldrán de los números rojos en el cuarto año, no con unas ganancias de 28.000 euros, sino de 432.400.
El objetivo es llenar las 150 plazas del grado desde su inauguración y las 500 de los tres másteres (acceso a la carrera, derecho de construcción y reestructuraciones e insolvencias) en cinco años.
Este aumento en los ingresos es un pequeño respiro para el colegio, que ha visto complicarse el pleito económico que mantiene con IBM, que aún no ha terminado. En 2019, el ICAM interpuso una demanda contra la compañía estadounidense y su filial Viewnext por incumplimiento de un proyecto de transformación digital. En 2022, un juzgado de primera instancia estimó parcialmente su demanda y condenó a las empresas a abonar al colegio más de cinco millones por los daños derivados del incumplimiento. Pero la sentencia fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado diciembre y obliga al ICAM a pagar 935.455,85 euros a las tecnológicas tras estimar la apelación.
Los diputados socialistas demandantes se sienten víctimas de la adscripción, que les puede repercutir como colegiados. “Se ha de destinar parte de la cuota obligatoria a esta aventura empresarial, en lugar de dedicarla a las funciones asistenciales o de formación postgrado, que son actividades necesarias para los colegiados”, señalan en su recurso. Según el informe pericial que aportan ―anterior al aumento de ingresos en el grado―, las pérdidas de 207.500 euros previstas para el primer año académico del Cuicam equivalen a una reducción del 53,4% en el resultado económico del año que hubo en 2022, y del 24,2% en el 2023.
La Secretaría General Técnica reprocha al ICAM en su informe que en la documentación enviada “no se cuantifican las inversiones a realizar ni su financiación. Tampoco se prevé el importe de la amortización de dicha inversión en cada ejercicio, que, por otra parte, incrementaría los gastos”. Además, afirma que se debería exigir “la constitución de una garantía”, pues al crearse la sociedad mercantil Centro Universitario ICAM SL “no puede considerarse que el respaldo del ICAM constituya garantía del mantenimiento de la actividad”.
“El Colegio ha cumplido con la legalidad en todos y cada uno de los pasos que ha dado; y confiamos plenamente en que la Justicia esclarecerá cuantas dudas se alberguen”, añade su departamento de prensa. De la contestación se infiere que se constituyó una garantía de su solvencia económica del centro adscrito.
La Fundación Madri+d, que depende de Ayuso, rechazó por dos veces el proyecto y claudicó a la tercera. “Si un profesor impartiera unas 250 horas anuales, se requerirían 46 profesores, nueve más de los previstos”, concluyeron sus técnicos.
Ante el retraso, se quedan a la espera de ejercer dentro de año y medio como profesores en el ICAM los exfiscales generales Consuelo Madrigal y Eduardo Torres Dulce, el expresidente del Tribunal Constitucional Pedro-González Trevijano o el exdecano de los notarios de Madrid Ignacio Solís.
