La Universidad de Sevilla plantea un ajuste de 16 millones ante la falta de financiación

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, trasladó este martes al Consejo de Gobierno de la entidad la necesidad de aplicar un ajuste presupuestario de 16 millones determinado por la prórroga de las cuentas de 2025, que no contempla el incremento salarial del 2,5% aprobado por el Gobierno central, un desequilibrio financiero que se agrava porque aún no se ha cerrado con la Junta de Andalucía “la envolvente que recibirá cada universidad para 2026, imprescindible para elaborar un nuevo presupuesto”, de acuerdo con el argumento que dio la nueva responsable de la Hispalense. Entre las medidas que se están explorando se encuentra la reducción de los centros durante la tarde, la mengua de contrataciones de profesorado laboral temporal o la reorganización de grupos docentes.

Vargas, que reconoció “la inquietud” que se vive entre la comunidad universitaria, ha señalado este miércoles que, ante esta coyuntura, en la que no se ha cerrado el acuerdo con la Junta de Andalucía, lo que está haciendo la universidad es “trabajar en algunas cuestiones, porque es de sentido común que tengamos que hacer algún tipo de ajuste mientras no llega el dato definitivo de la financiación”. Fuentes de la entidad insisten en que se está actuando en función de “datos provisionales” y que se está consultando con todas las partes afectadas para consensuar el plan de ajustes que deberá presentarse al Consejo de Gobierno para su aprobación. El pasado viernes los directores de departamento recibieron un correo en el que se les solicitaba sugerencias para efectuar recortes, según ha podido conocer este diario.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, difiere de las explicaciones de la rectora y sostiene que los presupuestos de la US no están prorrogados, porque el Parlamento autonómico aprobó las cuentas de 2026 y que lo único que queda pendiente es cerrar el reparto de 1.788,2 millones de euros entre las universidades, ampliables hasta 1.825, con el segundo reparto contemplado en el mes de junio. La Administración andaluza también alega desconocer ese desfase entre ingresos y gastos de este centro y ha deslizado que el desvío se podría haber producido por el empleo de 4,5 millones de remanentes sin autorización por el anterior equipo directivo de la US.

La US se vio obligada a prorrogar sus cuentas al coincidir la fase de elaboración de los nuevos presupuestos con la elección del sucesor del antiguo rector. Vargas ha trasladado que se está “trabajando muy intensamente con la Junta de Andalucía” sobre la envolvente y confía en “llegar pronto a un acuerdo en ese reparto”. Este paso, de acuerdo con la rectora, es esencial para conocer qué se va a necesitar para pagar al personal, y así determinar si hay que hacer ajustes relativos a grupos docentes y el resto de medidas que se están sopesando. “El presidente y el consejero han manifestado una actitud muy positiva ante las universidades públicas andaluzas. Las negociaciones van bien y confío en que pronto haya un acuerdo”, ha señalado la rectora.

Ni el profesorado ni los representantes sindicales -que ya han advertido de posibles movilizaciones- comparten el optimismo de Vargas. “Algunos profesores llevamos desde 2024 sin cobrar unos complementos a los que teníamos derecho”, advierte uno de los docentes, que pide anonimato. Desde la Conferencia de Decanos y Directores de la US, su presidenta, Inmaculada Murcia, también ha manifestado el “malestar” de sus miembros ante medidas que pueden afectar a la calidad de la docencia, aumentando el riesgo de volver a las épocas de las aulas masificadas que dificultan la evaluación continua. Los representantes sindicales han reprochado la falta de contundencia por parte de la rectora ante esta situación de infrafinanciación, máxime cuando se está a las puertas de las elecciones autonómicas.

La financiación universitaria es uno de los caballos de batalla de la Junta de Andalucía, junto con la laxitud a la hora de abrir la puerta a la penetración de las universidades privadas en la comunidad -cuatro en esta legislatura-. Cuando se aprobó la nueva ley de universidad, los rectores de los centros públicos de enseñanza superior cuestionaron que el nuevo sistema incluido en la recién aprobada Ley Andaluza de Universidades por entender que no se incluían las garantías para su cumplimiento. La Junta siempre ha defendido que el nuevo modelo de reparto permite asegurar el incremento salarial del 2,5%, algo que, de momento, la US no puede afrontar.

En su intervención la rectora también abordó otros de los puntos estratégicos de su programa electoral, la puesta en marcha de una oficina de captación de fondos estratégicos institucionales, para garantizar una financiación con recursos propios del 35%. Las líneas de actuación de esta nueva entidad pasan por localizar y atraer fondos internacionales, nacionales, regionales y locales; potenciar le plan estratégico de subvenciones, planificar acciones de mecenazgo e iniciativas específicas como la explotación de espacios o la imagen de marca para potenciar esa autofinanciación.