El Gobierno estudia una ley para impulsar el sector de los promotores sociales de vivienda

El Ministerio de Vivienda está estudiando llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa para regular el sector de los llamados “proveedores sociales de vivienda”, constituido sobre todo por organizaciones sin ánimo de lucro que en otros países de Europa están muy desarrolladas y que se dedican casi en exclusiva a la promoción y gestión de vivienda pública. Ya en la recta final de la legislatura, el departamento que dirige Isabel Rodríguez piensa en una proposición de ley que defina a esas entidades y las haga aptas para acceder a ventajas fiscales y ayudas públicas. “Tenemos que trabajar en una propuesta que dé seguridad jurídica y capacidad de financiación para hacer viviendas sociales y asequibles y escalar el modelo”, ha afirmado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, en una jornada organizada por la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda Social de Cataluña (Cohabitac).

La Alianza por la Vivienda Asequible y Social (ALIVAS) entregó el pasado mes de febrero al ministerio una propuesta para regular el sector en España. Esa entidad está integrada por los llamados “proveedores sociales de vivienda” que hay en España: Provivienda, Eguzkilore y las 19 fundaciones que integran Cohabitac. Si bien no hay la misma tradición de otros países de Europa –que cuentan con las llamadas housing association— en Cataluña esas entidades sí tienen un peso importante al gestionar alrededor del 10% del parque de vivienda de la comunidad. “España tiene un déficit histórico de figuras que tengan que ver con el alquiler social. Y el sector no lucrativo tampoco forma parte de la tradición del país. Debemos tener un debate profundo sobre cómo aproximarnos al modelo europeo y por ahora nuestra propuesta ha tenido una buena recepción del ministerio”, ha sostenido la presidenta de Cohabitac, Carme Trilla.

En la jornada, Lucas ha confirmado que el Ministerio trabaja en formular una propuesta “sólida” para regular ese sector y permitir que crezca, de modo que en el futuro pueda ser “el receptor principal de los fondos a la hora de hacer vivienda social”. “Tiene que ser solvente y factible en su aprobación”, ha afirmado Lucas, quien ha recordado la complejidad que supone sacarla adelante. Primero, porque contiene medidas fiscales para contribuir al desarrollo del sector. Y segundo, porque requiere una mayoría parlamentaria compleja, en especial en el tramo final de la legislatura. “Necesitamos que esa propuesta cuente con apoyos sólidos”, ha recordado.

Los promotores sociales entienden que el sector necesita capital para sacar adelante vivienda pública, sobre todo de alquiler. Sin embargo, han recordado que, si bien estos pisos no dan un beneficio inmediato, sí dan un retorno a largo plazo, también gracias a las ayudas públicas. Por ello, han instado a la Administración a pensar sobre la importancia de quién tiene la titularidad del parque de vivienda y sobre qué se va a hacer con las plusvalías que genere con el tiempo. “Si la titularidad es de fondos extranjeros, al final vamos a ser un país más pobre”, ha sostenido Eduardo Gutiérrez, presidente de ALIVAS.

La propuesta de estas entidades, por ello, ciñe la definición de “proveedor social de vivienda” a actores del Tercer Sector, fundaciones sin ánimo de lucro, cooperativas, entidades públicas empresariales o participadas por la Administración, sociedades de interés común, asociaciones de vivienda y sociedades de lucro limitado. Al respecto, piden que la actividad principal de esas entidades –el 80% del negocio— sea la vivienda protegida y que solo pueda distribuirse el 30% de los beneficios para reinvertir el resto. Entre las medidas que piden –y ahí está parte del meollo, según fuentes del sector— está una fiscalidad ventajosa: el 0% en el impuesto de Sociedades y un 4% en el IVA, entre otras cosas, que les permita mejorar la rentabilidad del negocio en los primeros años de gestión de las viviendas sociales.