Consumo asegura que alrededor de un millón de hogares pueden solicitar la prórroga de alquileres de dos años

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado recogió los dos reales decretos por medio de los cuales el Gobierno busca combatir los efectos que está provocando en la economía española la guerra de Irán. Uno de ellos, el que tiene que ver con el ámbito de la vivienda, contempla la congelación de los contratos de alquiler que venzan este año y el siguiente, esto es, en lo que queda de 2026 y en 2027. Según los cálculos que ha elaborado un equipo técnico del Ministerio de Consumo, 1.037.603 contratos en los que viven 2.687.392 personas podrían acogerse a la prórroga extraordinaria. Esta, según el real decreto ley que aprobó el Gobierno y que está vigente a la espera de que el Congreso lo valide o rechace (lo que ahora mismo parece más probable), debe concretarse en los mismos términos y condiciones del contrato actual. Es decir, sin subidas de precios más allá de la actualización anual de renta, que la misma norma limita al 2%. Tomando como referencia los últimos datos del INE, esto representa a uno de cada cuatro hogares en régimen de alquiler.

Las cifras de Consumo contemplan todos los contratos firmados en 2021 y 2022, que al tener una duración mínima de cinco años, deberían caducar este año y el que viene. El cálculo, con todo, solo puede ser una aproximación. Por un lado, habría que descontar los contratos que ya hubieran vencido antes de la entrada en vigor del decreto, el pasado domingo. Por otro, no tiene en cuenta los contratos que, por el motivo que sea, se hayan resuelto antes de agotar su duración mínima legal (una posibilidad que la ley da a los inquilinos, y a los caseros en supuestos de recuperación de la vivienda por necesidad de usarla personalmente o para familiares en primer grado de parentesco). También habría que tener en cuenta que los contratos firmados con empresas tienen una extensión mínima de siete años, con lo que caducarán más tarde. Y por último, al basarse en datos fiscales, la estimación no contempla datos de País Vasco y Navarra.

Para el Ministerio de Consumo, y por extensión, para Sumar, la necesidad de que el paquete anticrisis anunciado la semana pasada por el presidente Pedro Sánchez contuviera medidas que incidieran sobre el mercado de la vivienda era una línea roja. Tanto que el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró el viernes de la semana pasada comenzó con una demora de varias horas por el plantón del socio minoritario del Gobierno ante la negativa del PSOE a incorporar este tipo de medidas.

Pese a que las competencias en materia de vivienda recaen sobre el departamento que dirige la socialista Isabel Rodríguez, el titular de Consumo, Pablo Bustinduy (Sumar), ha encabezado la reclamación de actuar sobre el vencimiento próximo de miles de contratos ―muchos de ellos firmados durante la pandemia― que podrían verse afectados por un incremento adicional de los precios una vez consumida su vigencia máxima. “No puede ser que los efectos de esta guerra injusta agraven todavía más la formidable crisis de vivienda que viven las clases trabajadoras en España”, defendió Bustinduy. “Desde hace meses hemos planteado la necesidad de que haya una prórroga de todos los contratos de alquiler en vigor para evitar que en el momento de renovarse se incremente en un 30%, 40% o un 50% las rentas que pagan las familias en España”, añadió.

Pese a que en un inicio la cifra de contratos de alquiler que caducarían en los próximos años ―y que dieron pie a la creación del concepto de apagón inmobiliario― que venía anunciando Sumar para justificar su intervención era de alrededor de 600.000, los técnicos del Ministerio de Consumo la han elevado ahora por encima del millón (1.037.603, exactamente) sumando aquellos que caducan en 2026 y en 2027 (632.369 y 405.234, respectivamente). Se trata de los contratos que se firmaron en 2021 y 2022, y cuya vigencia de cinco años se cumple entre este año y el siguiente.

Para llegar a estos resultados, los técnicos han utilizado como fuente el Panel de Hogares que desarrolla la Agencia Tributaria en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Los contratos de Euskadi y Navarra no se incluyen, puesto que su información no figura en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria debido a su condición de comunidades con régimen foral.

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 20,2% de los hogares españoles viven hoy de alquiler, lo que representa a casi cuatro millones de los algo más de 19 millones que se registraron en el útimo censo. Por tanto, la moratoria de dos años aprobada por el Gobierno beneficiaría a uno de cada cuatro hogares en este régimen. La mayoría de estos contratos se localizan en Madrid (224.961), Cataluña (177.833) y Andalucía (144.016). Extrapolando estos datos sobre el total de personas que los engloban, 2.687.392, son también en estas tres comunidades donde se concentra el mayor número de inquilinos: Madrid (623.142), Cataluña (474.814) y Andalucía (360.040).

Incertidumbre

La prórroga de los alquileres, que puede ser de hasta dos años de duración, según el texto legal, “deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador”, salvo en los supuestos previstos por la ley. Por lo tanto, es necesario que los arrendatarios se pongan en contacto con sus caseros para trasladarles la voluntad de acogerse a la moratoria. Algo que pueden realizar desde que se publicó en el BOE, pese a que la norma aún debe ser convalidada por las Cortes para consolidar su vigencia, y que parece que no ocurrirá por el rechazo que estas medidas suscitan en las formaciones de derechas.

El escenario de que el Congreso decida tumbarla puede dar lugar a que las prórrogas solicitadas queden en el aire o pendientes de decisiones judiciales. En Consumo denuncian la existencia de una “campaña del miedo buscada y orquestada para desviar el foco de lo realmente importante”. Y partidos como ERC han animado a los inquilinos a que envíen un burofax a sus caseros, puesto que de hacerlo, y aunque decaiga la norma, su aplicación “puede pelearse en los tribunales”.

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