Los tasadores hipotecarios se declaran en huelga contra la precariedad de la profesión

Los tasadores hipotecarios no aguantan más y por eso están en huelga desde el pasado 15 de diciembre. Este colectivo de trabajadores autónomos, que agrupa a unas 3.000 personas, dice estar cansado de la precariedad laboral. La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH), que aglutina al 75% del gremio, denuncia jornadas interminables, de hasta 80 horas semanales, por remuneraciones que muchas veces se sitúan por debajo de los 16.576 euros anuales en los que se fija hoy el salario mínimo interprofesional (SMI).

Para corregir la situación, la asociación mayoritaria reclama un convenio colectivo que todavía no existe, en el que se fije un nuevo umbral para sus retribuciones, congeladas desde 2008, y mejores condiciones laborales para realizar su trabajo con las máximas garantías. La Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) ―una de las principales patronales, junto con la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (ATASA)― señala que no tiene competencias para negociar este acuerdo marco, y se remite a una guía de buenas prácticas que ha elaborado como referencia para regular las relaciones entre los distintos agentes que participan en el proceso de valoración.

“Llevamos muchos años intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Incluso hace dos presentamos el borrador de una propuesta que hoy está metida en un cajón, y no hay que olvidar que la tasación es un derecho de los ciudadanos”, denuncia Francisco Riaza, presidente de la AETH. Esa propuesta pretende ser la primera piedra para creación de un acuerdo marco sectorial que cobije a este grupo de trabajadores, que llevan a cabo un trabajo sumamente técnico. Según los datos de la asociación, el 30% del colectivo son arquitectos, el 65% arquitectos técnicos o aparejadores, y el resto ingenieros agrónomos (estos se focalizan más en las fincas rústicas), además de otros titulados técnicos.

“Lo primero que le viene a la cabeza a la gente cuando se habla de tasaciones hipotecarias es el valor que se le acredita al inmueble analizado, pero hay mucho más trabajo alrededor”, defiende Riaza. Se refiere, por ejemplo, a las comprobaciones que deben realizarse en cada inmueble para asegurar que cumple con las características que aparecen en las escrituras o en la nota simple; o a aquellos trabajos de revisión urbanística. Para llevar a cabo estas tareas se necesita tiempo, y los tasadores reclaman mucho más del que disponen. “Las entidades financieras están reclamando que las tasaciones se hagan con urgencia, de manera que hay una presión por esa urgencia para que el tasador haga su trabajo en menos de 48 horas. Y eso da pie a que se puedan cometer errores en el informe final”, explica el presidente de la AETH.

El negocio funciona, principalmente, a partir de las relaciones que establecen las entidades financieras con las sociedades de tasación. Y son después los tasadores quienes se vinculan con una de estas sociedades y reciben los encargos con unas tarifas prefijadas sobre las que no tienen capacidad de renegociación. Además, cuentan con unas exigencias de plazos que, según la AETH, lleva a que muchos tengan que estirar su jornada hasta el fin de semana, llegando a hacer jornadas de hasta 70 o más horas semanales.

Jorge Dolç, secretario general de la AEV, asegura que su organización respeta la movilización de los tasadores, al tiempo que recuerda que la actividad de estos trabajadores se enmarca en “un modelo regulado y exigente”. Dolç reconoce también que los tasadores “son una pieza clave del proceso de valoración”, y que su actividad es “determinante para el correcto funcionamiento del mercado hipotecario”. Por ello, señala que la patronal “es consciente de las inquietudes expresadas por parte de algunos profesionales colaboradores”, y considera importante “seguir avanzando en marcos que contribuyan a unas relaciones sostenibles dentro del sector”.

Sin embargo, matiza que su asociación “legalmente no puede actuar como interlocutor laboral único, ni como agente negociador de condiciones profesionales”, y que “las relaciones económicas y contractuales se establecen entre cada sociedad de tasación y los profesionales con los que colabora, dentro del marco legal y regulatorio vigente”. Por ello no entra a valorar las reclamaciones de los trabajadores, y conviene que “el objetivo compartido por todos los actores del sistema debe ser garantizar valoraciones rigurosas, independientes y técnicamente solventes, ya que de ellas depende la seguridad del mercado hipotecario y financiero en su conjunto”.

En el memorando de reclamaciones que trasladan los tasadores para justificar su huelga, cuatro son los bloques capitales: el establecimiento de tarifas mínimas ligadas al coste real de los informes (lo que situaría la retribución media anual en torno a los 30.000 euros brutos por trabajador), y que se actualizasen de acuerdo con el IPC; la fijación de plazos “realistas”, pagos en un máximo de un mes, compensaciones por desplazamientos y claridad en los honorarios desde el inicio; derecho a rechazar encargos no viables; y la institución de órganos de gobernanza y resolución de conflictos mediante la creación de una comisión mixta paritaria entre tasadores y sociedades.

“Es sorprendente que pese a ser autónomos y, en teoría, debamos ser nosotros quienes fijemos de partida todas estas condiciones, la realidad nos demuestre cada día que no podemos hacerlo”, protesta Riaza.

Necesaria por ley

La tasación de una vivienda que se quiere comprar es necesaria por ley a la hora de pedir una hipoteca. Esta sirve para garantizar el valor real de mercado del inmueble sobre la base de sus criterios técnicos, y la exigen también los bancos para asegurar que el inmueble cubre el préstamo. En las viviendas habituales, las entidades bancarias es habitual que financien hasta el 80% del valor de tasación o del precio de compra. En las segundas residencias, este baremo suele bajar hasta el 60% o el 70%.

A partir del resultado del informe de la tasación ―que desde que se solicita hasta que se agenda la visita, esta se produce y se elabora el documento final, el procedimiento puede demorarse entre tres y diez días―, se fijan las condiciones finales del préstamo, como su duración y los intereses. Estos trabajos suelen costar entre 250 y 500 euros, y corren a cargo del comprador. Y según los datos de la AETH, la media tasaciones que realiza un profesional al mes rara vez supera las 35, de los que se lleva un porcentaje del total.

Pese a no tener mecanismos para medir el éxito de la huelga ―“al ser autónomos es muy difícil hacerlo, puesto que cada uno trabaja en su oficina”, explica Riaza―, el presidente de la asociación mayoritaria de profesionales recuerda que la movilización fue secundada ampliamente en la asamblea donde se planteó. “Es la única forma que tenemos de visibilizar nuestra situación”, concluye. El parón podría extenderse hasta un mes, si no hay una respuesta por parte de las patronales.