Webs que se hacen pasar por oficiales para engañar al consumidor

La frontera entre el ingenio digital y el fraude organizado se difumina en la red. Miles de españoles pagan cada día por trámites administrativos que son gratuitos, inducidos al error por plataformas web que imitan con precisión milimétrica portales oficiales. Los operadores jurídicos y las organizaciones de consumidores han encendido las alarmas ante un fenómeno que se nutre de la saturación de la Administración y la confianza ciudadana en lo digital.

Fernando J. Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, no duda en calificarlo de “cambio de paradigma”. “Ya no hablamos de fraudes burdos o fácilmente detectables. Hoy las estafas están perfectamente construidas, utilizan lenguaje administrativo, documentos idénticos a los oficiales y canales de comunicación que el ciudadano reconoce como fiables”, advierte. Estas páginas, optimizadas para aparecer en los primeros resultados de Google mediante SEO agresivo y enlaces patrocinados, cobran por citas previas en extranjería, certificados de registros civiles o notas simples del Registro de la Propiedad, servicios que la Administración ofrece sin coste o a un precio muy inferior al ofertado por las webs suplantadoras.

Desde el Colegio de Registradores, su decana Rosario Jiménez confirma la magnitud del problema, reconociendo que “si bien la reventa de publicidad registral no parece una actividad prohibida o ilícita, el uso de la imagen y del nombre de los registradores para confundir a los ciudadanos en cuanto al canal en que se encuentran sí que debiera serlo”. Y aporta un dato revelador: estas webs llegan a “multiplicar por cuatro o por cinco veces el precio” de una nota simple.

Cuando el Colegio de Registradores detecta estas prácticas, “requerimos formalmente a los propietarios de esas páginas web para que cesen en su actividad o acudimos a Red.es como gestor y administrador de los dominios .es para que adopte las medidas oportunas”, señala Jiménez. Sin embargo, la respuesta de los suplantadores es previsible: “Optan en muchas ocasiones por cerrar la página denunciada y abrir a continuación otra con distinto nombre para seguir con esta actividad”, dice.

El presidente de los gestores administrativos pone el dedo en otra llaga: la complicidad involuntaria del sistema financiero. “Cuando un ciudadano compra en una web que parece seria y resulta ser fraudulenta, alguien ha fallado antes. No puede ser que se concedan TPV, pasarelas de pago o servicios financieros sin controles suficientes. Sin esa infraestructura, muchas estafas no existirían”, señala.

Santiago identifica a las principales víctimas: “Las personas mayores, quienes viven solas o quienes tienen menor formación digital están quedando absolutamente desprotegidas. Les estamos pidiendo que desconfíen de todo, pero no les damos herramientas reales para verificar nada”. Y denuncia la paradoja: “Este tipo de documentos engaña precisamente porque durante décadas hemos educado al ciudadano en la confianza hacia la Administración. Hoy, esa confianza está siendo utilizada contra ella”.

Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores FACUA, es contundente en el análisis legal: “Realmente sería una publicidad engañosa y un fraude al consumidor si se ha pagado pensando que era una Administración la que estaba prestando el servicio y que era una tarifa obligatoria. En estos supuestos podría exigirse la devolución del dinero a la empresa titular del portal”. Y va más allá: “En algún caso, se podría considerar que es una estafa y entonces hablaríamos de actuar por la vía penal contra esa empresa”.

Cómo reclamar

Sánchez también recuerda que los ciudadanos pueden reclamar a través de la vía administrativa: “Las propias administraciones pueden actuar. Por un lado, la Administración suplantada, y, por otro, la Administración de consumo, la autoridad autonómica competente o el Ministerio de Consumo, también pueden abrir expedientes a esa empresa por publicidad engañosa”. Las infracciones graves en materia de consumo acarrean multas de entre 10.001 y 100.000 euros, pudiendo multiplicar hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), se muestra especialmente preocupado por la protección del consumidor ante estas prácticas, “que encajan en lo que la normativa europea y española califican como prácticas comerciales desleales y engañosas, vulnerando la Directiva Ómnibus 2005/29, incorporada en la Ley de Competencia Desleal, y el texto refundido de la ley de defensa de los consumidores cuando implican pagos”. El decano apuesta por colaborar con autoridades de consumo para aplicar el régimen sancionador reforzado por la citada norma comunitaria.

Santiago rechaza que la solución pase solo por campañas de concienciación: “No basta con decirle al ciudadano que tenga cuidado. Hay que construir garantías, canales oficiales de verificación, atención presencial real y responsabilidades claras. Si no, estamos aceptando que el fraude sea el peaje de la digitalización”, afirma. Y hace una advertencia final: “La estafa perfecta ya no necesita mentir, solo necesita parecer oficial. Y si no actuamos con rapidez y decisión, quienes más van a sufrirlo serán, una vez más, los que menos capacidad tienen para defenderse”.

Rosario Jiménez, por su parte, recomienda a los ciudadanos una precaución básica: “Prescindir de los enlaces patrocinados” y acudir solo al “único canal oficial existente, en nuestro caso, la sede electrónica de los registradores”. Y Ribón aconseja “verificar la identidad del titular del sitio web, desconfiar de diseños que sugieran oficialidad sin respaldo y confirmar si el trámite es gratuito en el portal oficial” y subraya que “la confianza digital es una exigencia ética y jurídica”, un principio que asegura estar muy presente en los protocolos de actuación del ICAM.