La economía busca su lado más verde

Las empresas son un motor de cambio. Su poder en la sociedad es esencial: crean riqueza, generan empleo, promueven la innovación y permiten el desarrollo de la comunidad en la que se establecen. Históricamente, sin embargo, su actividad ha tenido un impacto en el medio ambiente. Sectores como los de los combustibles fósiles, la moda y la alimentación (ganadería y agricultura) son los que más han contribuido a las emisiones de gases contaminantes en el planeta. Hoy, en general, no solo estas industrias, sino todo el tejido productivo está en busca de una respuesta que pueda acelerar su transición energética sin afectar su competitividad.

“El equilibrio entre sostenibilidad, beneficios e inversión es crítico”, resaltó Leticia Hermida, directora de desarrollo de negocio en Acciona Energía en un encuentro organizado esta semana por su compañía y EL PAÍS. La receta para encontrar el balance perfecto no es única. Las grandes industrias que han dado el salto para mejorar su impacto gracias al uso de energías renovables han seguido un patrón al enfrentarse a los desafíos de la infraestructura. “Primero definen la hoja de ruta con el mayor detalle posible, pero luego deben ajustarla durante la implementación porque surgen limitaciones técnicas”, resalta la experta. Las compañías saben que el país cuenta con grandes recursos naturales (sol y viento) que ahora, gracias al abaratamiento de la tecnología y a los apoyos gubernamentales, están a mayor alcance. “España cuenta con energía renovable competitiva, capacidades en expansión y un PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] ambicioso. Hoy la inversión en renovables es rentable, sin subsidios”, recalcó Hermida.

Luego, según la directiva de Acciona Energía, ha crecido con fuerza la demanda de soluciones on-site, especialmente fotovoltaicas de autoconsumo, que ya resulta económicamente atractiva en comparación con otros años. Y posteriormente se adoptan medidas más complejas, como la electrificación de procesos térmicos, lo cual implica sustituir combustibles fósiles por electricidad para generar calor en la industria y los servicios. “Aquí encontramos desafíos. Muchos clientes quieren sustituir el gas por la electricidad, pero la red eléctrica no siempre está preparada. Un cliente, por ejemplo, tenía apoyo regional para sustituir calderas de gas por eléctricas, pero técnicamente era inviable debido a la potencia requerida”, remarcó. ¿La solución? Combinaciones: grandes autoconsumos, almacenamiento… en definitiva, una flexibilidad máxima para atender las necesidades crecientes en el nuevo modelo energético. “La industria española ya entiende que la descarbonización es una fuente de competitividad”.

En muchos casos, las inversiones se amortizan con los ahorros y, además, se cuenta con herramientas europeas o con nuevas iniciativas de financiación que harán viables proyectos que antes no lo eran. “El desacoplamiento entre el crecimiento económico y la reducción de emisiones es inexistente”, dijo Elena Pita, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, un órgano del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). “El PIB ha crecido mientras las emisiones han caído, lo que demuestra que descarbonizar y ser competitivos no son objetivos contrapuestos”, añadió la experta.

En esta historia, Europa ha marcado la dirección con el Industrial Deal y la Brújula para la Competitividad. El primero (también conocido como Pacto Verde Europeo) es un conjunto de iniciativas de transición energética que buscan la neutralidad climática de la región hacia 2050. El segundo, por su parte, corresponde a una serie de estrategias de la Comisión Europea para orientar y dar impulso a la economía europea mediante la innovación, la sostenibilidad y la reducción de las dependencias. “El mensaje es claro: nuestro valor añadido está en la senda de la descarbonización y buena parte del sector empresarial ya lo entiende”, indicó Pita, quien estuvo presente en la COP30 de Belém, donde se debatió intensamente sobre la necesidad de establecer una hoja de ruta para abandonar progresivamente los combustibles fósiles.

Aunque finalmente no entró en la declaración final (en el documento final de la COP30 no había ninguna referencia a los combustibles fósiles), una coalición de asociaciones empresariales firmó una carta en apoyo de su eliminación, según destacó la representante de la Oficina Española de Cambio Climático. “Ese mensaje interpela directamente al lobby de los combustibles fósiles… La realidad es contundente: las renovables son rentables. Esto está impulsando una transformación imparable. Puede frenarse temporalmente, pero no detenerse”, resaltó. El reto es que la transición ecológica debe aprovecharse a escala global, pero aplicarse a nivel local. “Todo aterriza en el territorio: en la pyme, en el ciudadano y en el municipio”, dijo Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Doble responsabilidad

Las entidades locales —ayuntamientos, diputaciones, cabildos, concejos— tienen una doble responsabilidad. Por un lado, implementar medidas directas, como la obligatoriedad de zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes. Por otro lado, sensibilizar. “Somos la primera administración en contacto con la ciudadanía y las pequeñas empresas”, destacó Martínez-Sicluna. Desde la FEMP se impulsa ese papel mediante guías y herramientas específicas. Uno de los instrumentos más consolidados es la Red Española de Ciudades por el Clima, que reúne a 371 entidades que representan a más de 22 millones de habitantes. “Es una red clave para promover la transición ecológica a escala local. Reclamamos que los ayuntamientos tengan un papel protagonista porque son quienes pueden activar y sensibilizar a las empresas y a la ciudadanía de forma efectiva”, afirmó.

En el impulso del vehículo eléctrico, la infraestructura es una barrera clave y allí también los municipios juegan un papel importante. “Muchos puntos de recarga no están operativos, por ejemplo, debido a la falta de conexión a la red. Por eso, desde la FEMP trabajamos con el ministerio para facilitar el despliegue”, indicó el experto. En ese sentido, la Federación ha elaborado una guía que explica cómo utilizar la declaración responsable para instalar puntos de recarga sin necesidad de obtener una licencia, lo que agiliza los trámites. “Los ayuntamientos también están adoptando medidas internas con fondos Next Generation: renovación de flotas, electrificación del transporte colectivo, mejora energética de edificios y equipamientos, depuración de residuos. Ese doble papel (facilitar a la ciudadanía y actuar sobre sus propias competencias) es fundamental”, concluyó.