Enrique Sanz (Mutualidad de la Abogacía): “No tenemos ningún interés en retener a quien no esté cómodo con nosotros”

La Mutualidad de la Abogacía —que ahora se presenta bajo el nombre Mutualidad— vive uno de los momentos más cruciales de su historia. La aseguradora profesional afronta la inminente aprobación de una ley que permitirá a determinados mutualistas trasladar sus ahorros al sistema público, a través de una “pasarela” al régimen especial de trabajadores autónomos. La entidad se prepara para adaptarse al nuevo marco legislativo con un plan estratégico que busca mantener su solvencia y seguir creciendo, incluso si la norma acaba poniendo fin a su papel como alternativa privada a la Seguridad Social, función que desempeña desde 1948.

La ley ya ha superado el periodo de enmiendas y ha entrado en tramitación parlamentaria. Si finalmente se aprueba, en el peor de los escenarios la Mutualidad deberá asumir la salida de 60.000 mutualistas y la pérdida de 3.000 millones de euros de ahorro gestionado, un tercio del total. Pese a ello, la aseguradora no se achanta. “La Mutualidad está a salvo y más fuerte que nunca”, afirma con autoridad Enrique Sanz Fernández-Lomana (Valladolid, 1952), presidente de la entidad, durante una entrevista con EL PAÍS. Actualmente, la aseguradora gestiona más de 11.500 millones de euros. En caso de que los autónomos se cambien al sistema público, la entidad seguirá contando con un volumen de 8.000 millones.

El presidente es partidario de la pasarela, pero discrepa de que la Mutualidad deje de ser una alternativa al sistema público a partir de 2027, como pretende el Ejecutivo. “Es un instrumento de colaboración público-privada muy eficiente cuyo mantenimiento no perjudica a nadie”, asegura el directivo. “Permite a cada mutualista, partiendo de unos mínimos que se establecen legalmente, diseñar su jubilación en función de sus posibilidades a lo largo de toda su vida profesional”, explica.

Lejos de adoptar una visión pesimista, la aseguradora ha reaccionado con rapidez ante el terremoto legislativo que se avecina. Su objetivo no es solo compensar la posible salida de mutualistas hacia el sistema público, sino también ampliar su base social en los próximos años mediante alianzas con nuevos colectivos como economistas, periodistas u otras profesiones afines. “La vida de una compañía está en el crecimiento, y en una de previsión, ni te cuento. De la misma forma que salen mutualistas, deben entrar mutualistas”, responde el presidente.

El nuevo plan estratégico de Mutualidad contempla aumentar el número de socios de los 210.000 actuales a 226.000 en 2028, una meta ambiciosa teniendo en cuenta la potencial fuga de mutualistas hacia la Seguridad Social. Ante este escenario, el directivo aclara que, pese a una salida significativa de profesionales, la aseguradora no pondrá obstáculos. “No tenemos ningún interés en retener a quien no se encuentre cómodo en la Mutualidad, pero sí le ayudaremos a poder tomar la mejor decisión”.

Consciente del desafío que tiene por delante, el presidente apuesta primero por fortalecer la base antes de elevar la vista afuera. “Nuestro objetivo primordial e inmediato es intentar llegar a todos los colectivos de la abogacía, ya sean grandes despachos u asociaciones sectoriales”. La idea es que los abogados asalariados, que cotizan a la Seguridad Social, tengan una cobertura adicional de previsión o de ahorro para la jubilación. En pocas palabras, resume el presidente, se busca “permeabilizar, de alguna forma, todos los ámbitos de la profesión”.

A esa expansión del mundo jurídico se suma la posibilidad de incorporar otras mutualidades, como ya ocurrió en 2019 con la integración de la Mutualidad de Ingenieros. “Analizaremos las propuestas que lleguen, y si son buenas, trataremos de incorporarlas; y si no, buscaremos los instrumentos o los acuerdos más idóneos para que nos ayuden a ser más grandes”, sostiene el directivo. La entidad cuenta con 600 millones de euros de liquidez para invertir en operaciones estratégicas.

En el ojo del huracán

Las críticas de algunos mutualistas han resonado con fuerza en la entidad. Hace dos semanas Madrid acogió una manifestación multitudinaria de abogados, procuradores y arquitectos que reclamaban pensiones dignas, que en muchos casos apenas alcanzan los 400 euros. Parte de los manifestantes acusan a la aseguradora de no haberles informado bien de las bases para tener una renta de jubilación más alta. El presidente lo niega rotundamente. “La Mutualidad de la Abogacía ha sido extremadamente transparente”, defiende. “Desde 2005 [año en que la aseguradora pasó de un sistema de capitalización colectiva a uno individual] celebramos asambleas en todos los colegios, notificamos individualmente a los mutualistas e informamos cuatro veces al año de lo aportado, la rentabilidad obtenida, los gastos de gestión y las coberturas de riesgo”, argumenta.

El presidente recuerda que lanzaron incluso un programa personalizado, el Plan 75, para contactar de manera directa con los mutualistas. “Llamamos a 25.000 personas, pero solo un 15% decidió incrementar sus aportaciones”, lamenta. “No reprocho nada a nadie, pero creo que hemos hecho auténticas acciones para que la información fuera transparente y suficiente, precisamente, para que los capitales de jubilación pudieran ser mayores”, expresa. Y añade: “nosotros hemos hecho lo que nos correspondía: dar la información. Hasta ahí podemos llegar”.

A la espera de los vaivenes legislativos que puede acarrear la pasarela, el presidente prefiere mirar al futuro con optimismo. “Creo que de las crisis surgen oportunidades para crecer, ser mejores y dotarnos de mayores resortes”, señala. Con una ratio de solvencia del 250%, el directivo saca pecho. “La confianza que estamos percibiendo es absoluta, no tengo ninguna duda de que esta crisis nos servirá para conseguir una mutualidad mucho más fuerte, potente y confiable de cara a 2028”.