Los abogados del turno de oficio dicen basta: “15 minutos en los calabozos de Plaza de Castilla enseñan más que un año de máster”

Tras 37 años de servicio, Begoña Gutiérrez se ha dado de baja del turno de oficio. En noviembre cumple 65 y cuelga la toga: “Me quedo con las personas a las que he asistido gracias a este trabajo”. El turno, el sistema que garantiza defensa a quien no puede pagarla, sufre una sangría constante: en cinco años ha perdido un 12% de letrados, de 45.868 en 2019 a 39.941 en 2024. Cada vez hay menos manos para más trabajo. El último año, la demanda creció un 5,3%, superando el millón de solicitudes (1.135.291), según el XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Aranzadi LA LEY.

Peligra el relevo generacional. Los letrados más jóvenes, señala Manuel Mayllo, responsable del turno de oficio en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), no cubren las bajas por jubilación de los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964). Un goteo constante que, en 2024, redujo el censo un 3%. “Más de la mitad de los letrados que prestan este servicio en el colegio son mayores de 50 años y los jóvenes no se inscriben por las condiciones y el desconocimiento”, afirma. Y añade: “15 minutos en los calabozos de Plaza de Castilla enseñan más que un año de máster”.

La precariedad —bajas remuneraciones, a menudo tardías, tareas no retribuidas y una carga de trabajo irregular—, junto con la falta de reconocimiento, pesan como una losa sobre quienes sostienen la justicia gratuita. Si en 2019 representaban el 31% del total de abogados ejercientes, hoy apenas alcanzan el 26,8%. En las ciudades el servicio está garantizado, pero “hay partidos judiciales pequeños en los que se ha tenido que recurrir a compañeros de otras zonas”, apunta África Calleja, presidenta de Altodo (Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno).

Aunque prestan un servicio público, lo que perciben no es un salario, sino una “indemnización” fijada por la Administración responsable. “Baremos irrisorios” que llevan años sin actualizarse, denuncia la Abogacía. Además de mal pagado, el turno arrastra injusticias: la retribución varía según el territorio en el que se presta el servicio. “Es un agravio comparativo incomprensible e inaceptable”, denuncia el presidente del CGAE, Salvador González. El contraste es elocuente. En 2024, la factura media de un asunto penal en el País Vasco ascendió a 324 euros mientras que en Andalucía no llegó a los 139.

“En Madrid cobramos 428 euros brutos por asunto civil, demanda y juicio incluidos”, cuenta María Carqués. La letrada se sumó al turno en noviembre de 2024, al abrir su propio bufete tras 12 años en un despacho. “Nadie se apunta por dinero, esto es pura vocación”, asegura. Cree en el Estado de derecho: “Así puedo ayudar a quien no puede pagar mis honorarios”. Hace unos meses consiguió frenar, junto a Servicios Sociales, el desahucio de una mujer con problemas psiquiátricos que ignoraba las cartas del juzgado y ya tenía fecha para quedarse en la calle.

Para la mayoría, el turno es un complemento profesional. “El compañero que viva solo del turno de oficio malvive”, afirma Teresa Alemán, abogada de Tenerife adscrita al llamado turno de pateras, oficialmente denominado “de extranjería y embarcaciones”. El foco, lamenta, se difumina después de cada tragedia. Los abogados que asisten a los migrantes reclaman intérpretes para poder defenderles con total garantía. “Yo misma he hecho ya tres cursos de wolof [lengua mayoritaria en Senegal] para poder decirles hola”, cuenta.

Defensa de los inmigrantes

“Nuestro trabajo es muy ingrato”, confiesa Alemán. “La Cruz Roja identifica con una pulsera dorada a los vulnerables; los ves pasar y no puedes preguntarles si huyen de un matrimonio forzoso para poder tramitar un asilo”, relata. La abogada denuncia que no se están asignando procuradores de oficio para recurrir expulsiones: “La ley de extranjería lo exige y es imposible que el migrante nos haga un poder”. Aun así, pesan más las satisfacciones. “Hace poco me encontré con una mujer a la que asistí que ya habla español y ha encontrado trabajo”, cuenta.

La llegada de pateras marca la singularidad del turno en Tenerife, que abastece de letrados a El Hierro y La Gomera. En la isla, el turno ha crecido, señala el decano del colegio de abogados, José Manuel Niederleytner. De los 2.700 profesionales ejercientes, 900 —un 33%— están adscritos. De ellos, 250 están en el turno de pateras. Para poder apuntarse, explica, “hay que reunir todos los requisitos habituales y, además, una formación específica”. Los letrados cobran un total de 414 euros por cada seis personas —unos 69 euros por inmigrante — aunque, “en ocasiones, para evitar desplazamientos, atienden hasta a 12”.

Los letrados denuncian el agujero de costes que, directamente, no se pagan: desplazamientos, recursos, copias… Tampoco en todos los territorios se retribuyen las gestiones amistosas previas a la demanda, pese a ser obligatorias en el ámbito civil. África Calleja subraya que en 20 años algunos baremos han perdido “más de un 50% de poder adquisitivo” y pone el dedo en el problema de los impagos cuando se deniega la justicia gratuita. “El bolsillo del abogado de oficio no está para suplir las obligaciones de las Administraciones. Esto no es caridad”, clama Salvador González, quien denuncia el “maltrato institucional”. La Abogacía lanza un SOS y reclama que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituirá a la de 1996 —aún por definirse, aunque el ministerio prevé aprobarla antes del final de año— consagre garantías básicas: remuneraciones dignas, revisables regularmente y puntuales. “Tenemos un talento joven comprometido; esa mirada nunca se apaga”, subraya González.