Lujo por el suelo: el verano clandestino del ‘top manta’
Las marcas de artículos de alta gama persiguen la venta ambulante de falsificaciones que se dispara durante la época estival

La batalla campal en Salou (Tarragona) de hace algo más de una semana entre manteros, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional —con pedradas, registros, detenciones y heridos— ha vuelto a poner el foco en un fenómeno que forma parte del paisaje urbano, pero al que se prefiere mirar de reojo: el comercio callejero de falsificaciones conocido como top manta. En plena temporada turística, la venta ambulante de imitaciones de bolsos, gafas y camisetas hace su agosto, especialmente en zonas costeras. Las marcas de lujo no solo temen las pérdidas, también les inquieta ver su imagen banalizada y la impunidad con la que circula lo falso en calles y mercadillos.
La venta de falsificaciones es un fenómeno poliédrico que conjuga aspectos legales, culturales y económicos. El top manta es, además, un problema social. Las redes criminales se benefician del trabajo de inmigrantes sin papeles que malviven con lo que les queda tras un día vendiendo en la calle. Un mantero de la zona de Sol en Madrid explica a EL PAÍS que en una jornada gana, si acaso, entre 50 y 60 euros. Para los cabecillas “se trata de una actividad muy lucrativa que se ha profesionalizado”, confirma el inspector jefe de la sección de delitos contra la propiedad intelectual e industrial de la Policía Nacional, José Luis Gómez. Los grupos criminales, señala, se han ido adaptando a los hábitos de consumo.
Los manteros son a menudo “el último eslabón de redes criminales perfectamente organizadas”, asegura María Molina, asociada senior de Baylos. Según cuenta, la investigación puede prolongarse durante años, pero cuando la acusación logra acreditar esta estructura “puede aplicárseles el tipo agravado del artículo 276 del Código Penal”. Dicho precepto establece penas de prisión de entre dos y seis años, además de multa e inhabilitación profesional, para los responsables del delito contra la propiedad industrial de las marcas afectadas.
Pese a la persistencia del problema, no es fácil encontrar cifras oficiales actuales sobre la magnitud del negocio del top manta en España. Según un informe de la plataforma SICPA del año pasado, las falsificaciones en España provocan pérdidas anuales de 5.700 millones de euros y la desaparición de 44.700 empleos. Un estudio de 2018 de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) realizado por SigmaDos reveló que el 25,2% de los madrileños había comprado alguna vez en el top manta y calculó en 157 millones de euros el impacto negativo en el comercio minorista. El gasto medio por adquisición era de 24,72 euros en ropa y unos 21,82 en bolsos. Sin embargo, un 56,8% de los encuestados consideraba esta práctica una forma de explotación vinculada a mafias.
Al comprar un bolso falso en un mercadillo, advierte Gerard Guiu, director general de Andema (Asociación para la Defensa de las Marcas), se puede estar “financiando a mafias vinculadas con delitos graves como la trata de personas o el blanqueo de capitales”. A menudo, los clientes de falsificaciones también exponen involuntariamente su salud: “Imaginemos una crema facial que no ha pasado ningún control de calidad”, alerta Guiu. Por todo ello, una de las prioridades de la asociación es el fortalecimiento de las leyes españolas y europeas, una empresa para la que consideran vital la colaboración público-privada.
Talleres de formación
Andema organiza talleres de formación para agentes de cuerpos como Aduanas, Guardia Civil o Mossos d’Esquadra en los que participan marcas como Loewe o Louis Vuitton. El objetivo es que distingan la copia de un vistazo. La coordinación con la sección especializada de la Policía Nacional, explica José Luis Gómez, se establece en las juntas locales y provinciales de seguridad. En ocasiones, cuenta, realizan operaciones conjuntas con policías locales y autonómicas, “como en el caso de Salou”.
Muchas veces, son los propios clientes o franquiciados quienes, cual centinelas discretos, alertan a las casas de lujo sobre la venta ambulante de copias. Estos observan “con desesperación cómo el mantero acampa en las mismas calles en las que están los establecimientos autorizados o en puestos fijos en mercadillos semanales”, relata Isabel Pascual de Quinto, counsel del departamento de propiedad industrial de Garrigues. La abogada, que lleva 25 años asesorando a empresas del sector, asegura que las marcas denuncian estos hechos para sacar las falsificaciones de la calle y reconoce que sus titulares sienten “mucha frustración”.
La estampa de uno de estos artículos tirado al suelo daña la imagen de exclusividad que las casas de lujo venden a sus clientes. “Una imagen que está orientada a que tengan la mejor experiencia de compra, algo que va más allá del producto y que no se falsifica”, afirma Pascual de Quinto. Los falsificadores, argumenta la abogada, rompen este halo y se aprovechan de toda la “inversión en diseño, innovación, publicidad y sostenibilidad” que realizan las marcas.
Gerard Guiu coincide: “La distribución de falsificaciones repercute de forma directa en la reputación de una marca y en el vínculo que la une con el consumidor”. Sin embargo, a la luz de los datos aportados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), casi la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años adquiere falsificaciones de forma consciente. “Habría que hacer pedagogía desde la infancia… detrás de una marca hay unos estándares de calidad y una inversión humana y económica muy importante”, reflexiona. Aunque el consumidor del top manta no sea cliente de marcas de lujo, su elección también perjudica al comercio local y a los artesanos que, con esfuerzo, “levantan la persiana cada día”. Guiu advierte: quien adquiere falsificaciones “pierde todos sus derechos como consumidor. No hay garantía ni reclamación posible”.
Compradores y manteros
El comprador de falsificaciones no comete delito si adquiere el artículo para uso personal. “Es una situación comparable a la del consumo de drogas; se penaliza al traficante”, explica la abogada de Baylos María Molina. Sin embargo, algunos ayuntamientos han incorporado a sus ordenanzas sanciones disuasorias. En Cambrils (Tarragona), sancionan con 200 euros además de incautar los artículos. Los manteros sin papeles temen un antecedente penal. Los jueces, apunta Molina, “pueden aplicar atenuantes, suspender o conmutar penas, e, incluso, eximirles de responsabilidad por el principio de estado de necesidad”.
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