Bruselas renuncia a recomendar el teletrabajo obligatorio en su lista de medidas contra la crisis energética
Von der Leyen presentará este jueves a los líderes su propuesta en el Consejo Europeo


La Comisión Europea ha renunciado a recomendar un día semanal de teletrabajo obligatorio como medida de ahorro energético en su listado de respuestas ante la crisis desatada por la guerra en Oriente Próximo. El consejo figuraba en los primeros borradores, pero finalmente no está en la versión definitiva aprobada por los comisarios. En el documento, que la presidenta Ursula von der Leyen presentará este jueves a los líderes en el Consejo Europeo informal que se celebra en Chipre, sí que aparece la relajación de las normas de ayudas de Estado prevista y medidas para impulsar la electricidad frente a los combustibles fósiles reduciendo la factura tributaria de la primera. Hasta el momento, la crisis energética ha elevado la factura a pagar por los europeos en 24.000 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo de la UE.
La recomendación de “un día de teletrabajo obligatorio a la semana” se incluía en los anexos de varios de los borradores de la comunicación, uno de ellos adelantado por EL PAÍS, previos al documento definitivo aprobado este miércoles. La renuncia a esta recomendación se ha producido porque en las discusiones internas había reticencias a hablar de “obligatorio”, señala una fuente comunitaria. Otras hablan de dudas legales sobre la implantación de esta medida.
El paquete energético que presenta este miércoles la Comisión y en el que ha estado trabajando durante más de un mes se ha quedado finalmente en un conjunto de recomendaciones y medidas de coordinación en el que la parte más ambiciosa, desde un punto de vista regulatorio, es la relajación de las ayudas de Estado. Esta medida, cuyo desarrollo compete a la vicepresidenta Teresa Ribera, responde a las tres características que reclama el Ejecutivo de la UE ante esta crisis: “oportunas, específicas y temporales”.
Tampoco hay, como ya se había anticipado, compromisos respecto a la fiscalidad sobre los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas energéticas por la subida de los precios energéticos. Pese a la petición de cinco países europeos (España, Alemania, Italia, Portugal y Austria) de crear un marco comunitario para poder gravar esas ganancias extraordinarias, el texto definitivo se limita a constatar que los Estados ya pueden recurrir por su cuenta a esa opción. “Los Estados miembros pueden también tomar medidas sobre los beneficios caídos del cielo para asegurar la equidad social”, señala el documento.
La vicepresidenta y comisaria europea de Competencia y de transición energética limpia, Teresa Ribera, ha presentado las principales novedades de lo aprobado. “Esta comunicación tiene por objeto reforzar la coordinación de la UE y proteger a los más vulnerables, al tiempo que se acelera el despliegue de energías limpias de origen propio y la electrificación para lograr un cambio real y duradero”, ha argumentado.
La número dos de la Comisión ha incidido en la importancia de reforzar la aplicación de energías no contaminantes. “No hay alternativa al Pacto Verde en lo que respecta a la seguridad y la competitividad”, ha destacado Ribera, aprovechando que la crisis llega por el aumento del precio del petróleo y los combustibles fósiles, para defender su postura y su perfil de apuesta por una economía descarbonizada.
En una línea similar se ha manifestado el comisario de Energía, Dan Jorgensen: “Europa se enfrenta a una nueva crisis de las energías fósiles. Esto debe servirnos de llamada de atención y marcar un punto de inflexión: es el momento de que Europa abandone su dependencia de los combustibles fósiles y avance hacia la autonomía energética limpia”.
Ambos, tanto Ribera como el comisario danés, forman parte de la familia socialdemócrata que defiende el Pacto Verde y aboga por no erosionarlo ante el terremoto geopolítico provocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una forma de reducir las dependencias europeas de las grandes potencias (China, Estados Unidos y Rusia).


























































