Un hogar de bajos ingresos en Extremadura se beneficia casi tres veces más de la intervención pública que otro de Baleares

La intervención pública en España dibuja un escenario de contrastes geográficos profundos en el que la intensidad de la actuación de la Administración depende drásticamente de la comunidad autónoma de residencia. El último Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, publicado este lunes por Fedea, pone números a la enorme brecha territorial que afecta a la intensidad de la ayuda pública. Según los datos, correspondientes al año 2023, esta red de seguridad actúa con una fuerza radicalmente distinta dependiendo de la comunidad, llegando al punto de que un hogar situado en el 20% más pobre de Extremadura recibe un apoyo neto que casi triplica el que percibe un hogar equivalente de las Islas Baleares.

En términos sencillos, se considera que un hogar es beneficiario neto del sistema cuando la suma de todo lo que recibe del sector público ―ya sea en dinero contante y sonante o en servicios― supera lo que paga en impuestos. A nivel nacional, según las cifras de Fedea, seis de cada diez familias españolas se encuentran en esta situación ventajosa, pero la intensidad de ese beneficio varía drásticamente por regiones. El caso más llamativo es el de Extremadura, donde los domicilios con menos recursos disfrutan de un saldo neto total del 112,9% de su renta. Esta cifra es el resultado de una suma y una resta muy concretas. Son hogares que reciben de la Administración una serie de prestaciones que, en conjunto, valen más que lo que el propio núcleo genera a la hora de pagar impuestos y cotizaciones sociales.

Ese 112,9% está conformado por partidas muy diferentes. El primer componente, y el más visible, es el dinero en efectivo que llega a la cuenta corriente en forma de pensiones, subsidios de desempleo o ayudas sociales. Solo este dinero supone el 79,4% de la renta de este grupo de hogares extremeños. El segundo componente es la ayuda invisible o en especie, básicamente por los servicios de sanidad, educación o dependencia, que en el caso de estas familias equivale a otro 56,2% adicional de su renta. Esos dos componentes suponen un apoyo total bruto del 135,6%. Sin embargo, como estas familias también pagan impuestos, principalmente el IVA y los especiales, el sistema les detrae un 22,7%. Al hacer las cuentas es cuando aparece el importe final. En términos generales, aunque con intensidades diferentes, esta lógica opera en todos los territorios. Sin embargo, un hogar del 20% más pobre de Baleares presenta una realidad muy distinta, con un saldo positivo final de apenas el 40,4%.

Con cifras cercanas a Extremadura están Castilla-La Mancha (106,2%), Castilla y León (98,7%) o Galicia (94,5%), mientras que comunidades ricas y menos envejecidas como Madrid (50,3%) o Cataluña (67,2%) se mueven más cerca del archipiélago balear. No es que la Administración castigue a unos territorios y premie a otros, sino que las matemáticas y las cuestiones demográficas juegan un papel determinante, tal y como muestran los datos recopilados por Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia, los investigadores de Fedea que cada año elaboran el informe.

Por un lado está el efecto denominador, que se percibe claramente al analizar los dos extremos territoriales. El 20% de los hogares con menos ingresos en Extremadura está compuesto por aquellos que ganan hasta 15.000 euros anuales, mientras que en Baleares ese mismo grupo abarca rentas que llegan hasta casi los 28.500 euros. Como el hogar pobre de Baleares tiene una renta de partida casi el doble de alta, cualquier ayuda o prestación pública, aunque sea de la misma cuantía, representa un porcentaje mucho más pequeño sobre sus ingresos.

La demografía también juega un papel crucial. El sistema de protección social realiza una redistribución entre etapas de la vida, recaudando dinero de los contribuyentes principalmente en sus años de madurez laboral para devolverlo cuando se jubilan o enferman. Por ello, comunidades con poblaciones más envejecidas como Extremadura o Galicia captan una proporción mucho mayor de los recursos públicos en forma de pensiones, que son el instrumento más potente para reducir la desigualdad.

Si en la base de la pirámide las diferencias regionales son abismales, en la cúspide el panorama es igualmente heterogéneo. El 1% más rico actúa como contribuyente neto en todos los rincones de España. Es decir, estas familias, sin excepción, siempre aportan al Estado mucho más de lo que reciben en pensiones, salud o educación. Sin embargo, el esfuerzo que se les exige varía drásticamente según el código postal. Mientras que en las Islas Baleares y Madrid los más acaudalados presentan saldos negativos del 27,9% y el 22,1% de su renta, respectivamente, en regiones como Melilla o Cantabria su aportación neta cae, de nuevo en términos negativos, hasta el 5,5% y el 10%.

Reciben más de lo que aportan

Según refleja el informe de Fedea, el análisis conjunto de los impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta (el 60% más pobre) son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública, “ya que perciben un subsidio efectivo neto, es decir, una diferencia positiva entre prestaciones e impuestos”. Este saldo favorable es decreciente con los ingresos: del 81,5% de la renta bruta para el primer quintil (el 20% más pobre) al 14,9% para el tercero. Por su parte, las familias ubicadas en los dos quintiles más ricos son contribuyentes netos.

Esto, sin embargo, son cifras medias. Para más detalle, los investigadores también ofrecen el número y porcentaje de hogares dentro de cada tramo de ingresos que se beneficia de un saldo positivo entre prestaciones e impuestos. En el 20% más pobre, son el 83,3%. En los dos siguientes escalones alcanzan el 63,6% y el 52,8%. A partir de entonces, la cifra cae por debajo de la mitad y alcanza un 5% en el 1% de más riqueza. En total, el 50,6% de todos los hogares españoles obtiene más de lo que aporta.