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Bruselas flexibilizará las fusiones para crear grandes empresas europeas que impulsen la inversión

La Comisión prevé que los nuevos criterios entren en vigor antes de acabar 2026

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en Barcelona la semana pasada. Quique García (EFE)

La Comisión Europea ultima una reforma de los criterios con los que analiza las fusiones y adquisiciones entre empresas en el mercado único. Los cambios que prepara el poderoso departamento de Competencia, que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, pasan por dar más protagonismo en los exámenes de las operaciones a elementos como la resiliencia, la inversión e, incluso, la previsión de cómo evolucionará el mercado, con la idea de fomentar la creación de grandes empresas europeas. Esto supone, por otra parte, que los técnicos de Bruselas tendrán que dar menos protagonismo a cómo afecta la fusión a la marcha de los precios.

Este cambio representa la reconfiguración más profunda de la estrategia de competencia de Bruselas desde la década de 2000. La reforma aparecía como una receta para impulsar la economía europea en los informes elaborados por los ex primeros ministros Enrico Letta y Mario Draghi. En concreto, en el documento elaborado por quien fuera presidente del BCE se hacía hincapié en que el mundo corporativo había cambiado mucho, que había tecnologías que requerían grandes inversiones y que hacía falta empresas con tamaño suficiente para poder acometerlas. Por eso reclamaba que la política de Competencia europea tuviera en cuenta esta variable.

Fueron los propios jefes de Estado y de Gobierno de la UE quienes recogieron ese guante en la reunión sobre Competitividad que mantuvieron en febrero. “Esto debería ser parte del contrato social. Para asegurar que las empresas consolidadas invierten e innovan más. Los líderes quieren verdaderos campeones europeos en sectores estratégicos”, declaró el presidente del Consejo Europeo, António Costa al acabar.

En eso ha estado durante meses el departamento que dirige Ribera, que ya tiene un primer borrador acabado, que ha sido adelantado por el diario Financial Times. Fuentes de la Comisión señalan que en las próximas semanas, previsiblemente en mayo, ese primer texto, al que se le incorporarán las aportaciones que hagan el resto de departamentos del Ejecutivo de la UE y las autoridades nacionales de Competencia, se expondrá a consulta pública para que sea la sociedad civil la que pueda hacer sus comentarios. Será en el último trimestre del año cuando ya se aprobará definitivamente.

La capacidad de inversión futura será, pues, uno de los criterios que tendrán más peso a la hora de evaluar las posibles consolidaciones empresariales: Bruselas pone la vista está puesta en tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o las necesarias para la transición energética hacia una economía descarbonizada. También con la mente en esto, se incluye como criterio la resiliencia financiera, medioambiental y la de las cadenas de valor en las potenciales operaciones. Y, además, se pretende dar un protagonismo mayor a la posible evolución de los mercados en el futuro.

Esto, lógicamente, reducirá el peso que ahora se da a cómo una fusión puede afectar a los precios por una posible reducción de la competencia. No obstante, fuentes de la Comisión Europea advierten de que esto no quiere decir que se vaya a cambiar radicalmente la política seguida hasta ahora. Simplemente se trata de “modernizarla”.

Desde hace años, las grandes industrias europeas han solicitado suavizar estas normas para garantizar su supervivencia operativa. Las empresas argumentan que las restricciones actuales limitan su capacidad de inversión frente a competidores extranjeros que operan en mercados más consolidados o subvencionados. Este clamor ha sido especialmente intenso en sectores estratégicos donde el tamaño es crítico para el desarrollo tecnológico.

El sector de las telecomunicaciones es el principal exponente de esta presión. Los grandes operadores europeos, como Deutsche Telekom, Orange y la española Telefónica, han liderado las quejas contra el marco regulatorio actual. Estas compañías sostienen que la fragmentación del mercado europeo, impuesta por las leyes de competencia, impide alcanzar la escala necesaria para desplegar redes de nueva generación como el 5G y la fibra óptica.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, ha reiterado en diversos foros la necesidad de permitir la creación de campeones nacionales y transnacionales en Europa. Murtra argumenta que el modelo actual favorece la atomización y debilita la posición competitiva de las telecos europeas frente a las tecnológicas estadounidenses y los operadores estatales chinos. Según el directivo, la consolidación es imprescindible para garantizar la soberanía digital de la región.

A pesar de este giro, el plan enfrenta la resistencia de varios Estados miembros de corte liberal y de sectores internos de la propia Comisión. De hecho, en enero pasado el propio economista jefe de la dirección general de Competencia, Emmanuel Tarantino, publicó un artículo divulgativo en el que concluía sobre el sector de las telecomunicaciones que los rendimientos en estas empresas superaban el coste del capital (en el que se incluye la inversión) durante la última década.

A este argumento suele añadirse otro: en muchos sectores de servicios, como el de telecomunicaciones o el de las finanzas, la UE no es un mercado único, sino 27 y que relajar las normas en esos sectores daría pie a una reducción de competencia que aumentaría precios y desincentivaría la inversión por no tener rivales con los que competir. Esto es lo que vino a decir la propia vicepresidenta Ribera este miércoles en un acto del Instituto Elcano en Bruselas, cuando señaló “la integración del mercado y los campeones europeos son dos cosas que están muy relacionadas”.

“Pensar que se pueden construir campeones [europeos] sobre la base de bendecir operaciones de concentración que no responden a una integración de mercado, sino que intentan sustituir esa falta de integración, no funciona. Puede funcionar en el corto plazo, pero no en el medio y largo plazo”, apuntó.

No obstante, las directrices propuestas sostienen que la escala y la innovación benefician finalmente al consumidor. El argumento de Bruselas es que empresas más grandes aseguran el acceso a suministros críticos y fortalecen la resiliencia de las cadenas de suministro. De este modo, la consolidación no se vería únicamente como un riesgo de monopolio, sino como una herramienta de estabilidad económica y autonomía estratégica ante las tensiones internacionales.

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