Los superricos poseen el 80% de la fortuna que se oculta en refugios fiscales

Ha pasado una década desde la publicación de los Papeles de Panamá en 2016, una filtración masiva de documentos que mostró cómo políticos, empresarios, celebridades y hasta criminales se apoyaban en sociedades de territorios con ventajas y opacidad fiscales (offshore) para ocultar su patrimonio, evadir impuestos o lavar dinero. La fuga de datos desató la indignación de la ciudadanía y provocó crisis políticas. También llevó a un endurecimiento de las normas de intercambio de información bancaria entre países, una medida que redujo de forma considerable la proporción de riqueza escondida sin declarar, del 95% de inicio de siglo a cerca del 27%. Aun así, todavía quedaban unos 3,55 billones de dólares (cerca de 3,1 billones de euros) sin tributar en territorios offshore —una cifra que supone cerca del doble del PIB de España— en 2024. Y el 80% de ese dinero está en manos del 0,1% más rico del planeta, según estima la ONG Oxfam Internacional.

Poseer activos en territorios offshore, es decir jurisdicciones que ofrecen ventajas tributarias a los no residentes, no es un delito en sí, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones fiscales requeridas, que son más severas. La mejora en el intercambio de información bancaria que empezó a aplicarse entre 2016 y 2017, de hecho, redujo la fortuna en refugios fiscales que se queda oculta, sin tributar, pero no frenó el traslado legal de dinero a estos territorios, que siguió creciendo. El Observatorio Fiscal de la UE, cuyos datos ha empleado Oxfam para elaborar el informe que publica este jueves, calcula que la cifra rondaba los 13,25 billones de dólares en 2023, correspondiente a un 12,5% del PIB mundial y unos dos puntos por encima del nivel estimado para el año 2000.

El problema surge cuando estos activos se esfuman sin dejar ningún rastro. “Las consecuencias son tan previsibles como devastadoras: vemos hospitales y escuelas públicas que no cuentan con fondos públicos suficientes, un tejido social desgarrado por la creciente desigualdad, y a las personas corrientes asumiendo el esfuerzo de financiar un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos”, lamenta Christian Hallum, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, en una nota difundida este jueves por la ONG.

La organización busca equivalencias para aterrizar el tamaño del fenómeno. La riqueza que ese 0,1% de superricos esconde en refugios fiscales sin declarar al fisco, cerca de 2,84 billones de dólares —el 80% de los 3,55 billones mencionados al principio—, es más que todo lo que posee la mitad más pobre de la humanidad. Si se va más arriba en la distribución, hasta la cúspide, la imagen es aún más sangrante: dentro de ese privilegiado grupo de acaudalados, el 0,01% ostenta aproximadamente la mitad de toda esa fortuna oculta (1,77 billones de dólares) en cuentas y activos sin tributar.

La organización reconoce que el volumen total de riqueza offshore ha disminuido en la última década, pero también subraya que los avances son muy desiguales, por ejemplo debido a que los países del Sur global no forman parte del mecanismo de intercambio automático de información bancaria. Por ello, insta a los Gobiernos a tomar medidas, entre ellas reforzar la acción de las autoridades tributarias, avanzar en los trabajos de la convención de la ONU sobre cooperación fiscal y diseñar impuestos específicos para que la riqueza extrema tribute.

Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal Europeo —recientemente rebautizado como Observatorio Internacional de la Fiscalidad—, ya ha lanzado una propuesta para que los megarricos aumenten su contribución a las arcas públicas. Presentada en el G-20 de Brasil, la iniciativa del economista francés pretende tasar con un 2% los patrimonios superiores a los 100 millones, una medida que tendría un potencial para recaudar en España al menos 5.000 millones adicionales, según estimaciones del propio organismo.

De momento, la ya conocida como tasa Zucman se ha abierto paso en la agenda internacional, pero ningún país la ha puesto aún en marcha. Entre sus partidarios se encuentran varios Gobiernos, como el español, partidos políticos y parte de la sociedad civil, pero también hay detractores que cuestionan su potencial recaudatorio y se oponen frontalmente a la medida. Francia es ejemplo de este choque: el impuesto a los superricos generó un intenso debate político y llegó al Congreso, con amplio respaldo ciudadano y la firme oposición del empresariado, pero finalmente la iniciativa se quedó en saco roto en medio de la inestabilidad política del país.