“Dile a tu gente que se ponga a trabajar”: la frase que cerca a Francisco González por los encargos a Villarejo

“Dile a tu gente que se ponga a trabajar”. Estas nueve palabras penden ya sobre la cabeza de Francisco González, expresidente del BBVA. El escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional contra el banquero, para quien solicita 173 años de cárcel por contratar presuntamente al comisario José Manuel Villarejo para varios proyectos de espionaje, concluye que González le dijo dicha frase en diciembre de 2004 a Julio Corrochano, entonces director del área de seguridad corporativa de la entidad financiera, para que se hiciera así con los servicios del agente de la Policía, epicentro de una red de corrupción.

El escrito del ministerio público, fechado el 10 de marzo y al que ha tenido acceso EL PAÍS, pone así el énfasis en el papel desempeñado por González. Anticorrupción sitúa al máximo responsable del BBVA (que permaneció en el cargo hasta 2018) en la cúspide de la trama, al considerar que existen indicios suficientes de que él dio la orden directa para contratar al comisario “con cargo al presupuesto del banco” y con “total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la entidad”. De hecho, según el ministerio público, su implicación era tal que impartió la “expresa indicación de que únicamente se le diera cuenta a él” de los trabajos ilegales ejecutados y que “no quedase constancia escrita” de los mismos.

La Fiscalía mantiene la misma línea que el juez Manuel García-Castellón. Al acabar en 2024 sus pesquisas sobre esta línea de investigación del caso Villarejo, el magistrado instructor apuntó que el BBVA se hizo con los servicios del comisario corrupto por orden de González para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante más de una década (desde 2004 hasta, al menos, 2016). Según precisa el escrito de acusación de Anticorrupción, el primer contrato con Villarejo tenía por objetivo frenar una opa que la constructora Sacyr había lanzado contra el banco.

A lo largo de 184 páginas, el ministerio público describe cada uno de los trabajos que el comisario, a través de su entramado empresarial Cenyt, realizó para BBVA, así como los contactos previos. Y, como gran conclusión, el documento señala que la contratación de Villarejo se hizo con “la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo”. Para ello, se urdió un “canal directo” de comunicación entre la entidad financiera y el agente corrupto a través de Corrochano, quien mantenía relación con altos mandos policiales, como el propio Villarejo y Enrique García Castaño, alias El Gordo ―para quien la causa se archivó provisionalmente por su estado de salud―, debido a su anterior etapa profesional como comisario de la Policía Nacional.

La fiscal Elisa Lamelas, que firma el escrito de acusación, ahonda en que, ante la amenaza de que Sacyr pudiera hacerse con el control del consejo de administración de BBVA tras reiterar su intención de adquirir en torno al 3% del capital de la entidad financiera, Francisco González trasladó a varios altos directivos del banco su preocupación, al “sospechar que se trataba de una actuación impulsada políticamente para forzar su relevo”. Entre esos mandos se encontraba Corrochano; quien, según indica el ministerio público, era conocedor de la “doble actividad” desarrollada por su antiguo compañero Villarejo, al que propuso contactar para “encomendar labores de obtención de información” de “los intervinientes en la operación impulsada” por la constructora.

La decisión de contratar a Villarejo llegó días después, según Anticorrupción, cuando Corrochano expuso a González “las posibilidades operativas, los recursos disponibles y el valor añadido que podría obtenerse mediante la contratación” de Cenyt. “Finalmente, el presidente de la entidad, Francisco González, le dio a Corrochano la instrucción: ‘Dile a tu gente que se ponga a trabajar’, dando la orden ejecutiva para que se iniciaran los trabajos”, subraya la acusación.

“Las contrataciones expuestas entre el BBVA y Cenyt, así como los pagos efectuados por los servicios prestados bajo tales encargos, fueron posibles por haber sido autorizados directamente por el presidente de la entidad y por sus más altos directivos, en un contexto en el que el banco carecía de un programa de prevención que contemplase la eventual comisión de ilícitos por parte de la Presidencia”, remacha Anticorrupción, que solicita para González 173 años de prisión; y otros 174 años de reclusión para Villarejo. También pide cárcel para, entre otros, Corrochano (243 años); Eduardo Arbizu (29 años y medio), quien fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno de la entidad; y para Antonio Béjar (27 años), ex jefe de riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN).

Además, al entender que la compañía no contaba con un modelo eficaz de prevención de delitos, la Fiscalía pide que se condene al BBVA como persona jurídica a pagar una multa de 181,1 millones de euros. “Pese a que aquellas contrataciones y pagos incumplían todas las normas internas de procedimiento relativas [...], los diversos empleados que participaron en su tramitación las aprobaron. Ello fue debido a la convicción firme y arraigada de que debían acatar las instrucciones procedentes de la presidencia o de los altos directivos, con independencia de que dichas órdenes fueran o no conformes con la normativa interna aplicable”, señala el escrito del ministerio público.

El jefe de la Policía de Rajoy

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya avaló el el pasado febrero que González, el BBVA y otra decena de personas se sentasen en el banquillo de los acusados. Para el tribunal, los espionajes realizados por el comisario jubilado a periodistas, políticos y periodistas abonados por el banco se llevaron a cabo “sin respetar la legalidad”, sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a datos de carácter íntimo y personal y a fuentes cerradas con injerencia en los derechos fundamentales de las personas investigadas, y sin autorización judicial. A falta de que se dicte la resolución de apertura de la vista oral y de que el tribunal fije fecha para celebrarla, se prevé un largo juicio.

De este modo, el BBVA será la primera y única empresa del Ibex 35 que irá a juicio por el caso Villarejo. La treintena de líneas de investigación que conforman la macrocausa sobre los trabajos privados que realizó el comisario mientras seguía en activo en la Policía Nacional también salpicaron a otras del selectivo, como Repsol, CaixaBank e Iberdrola, si bien ninguna de ellas, ni sus primeras espadas, se han visto obligadas a ponerse delante de un tribunal. Las dos primeras fueron desimputadas tras comprobar que su sistema de compliance (cumplimiento normativo) funcionó correctamente y que los presidentes de ambas firmas no tenían conocimiento detallado de los encargos a Villarejo. En el caso de la eléctrica, solo la filial de renovables fue investigada, si bien se acabó archivando por prescripción de los hechos, al igual que ocurrió con la cúpula directiva, entre la que se encontraba su presidente, Ignacio Sánchez Galán.

En su escrito de acusación, la Fiscalía propone que se cite a declarar a más de un centenar de testigos. Entre ellos destacan Eugenio Pino, jefe de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy y superior directo de Villarejo; e Ignacio Cosidó, exdiputado del PP y director general del Cuerpo entre 2012 y 2016. También figuran José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA; y Luis del Rivero, expresidente de Sacyr.

La lista de comparecientes propuesta por el ministerio público incluye igualmente a presuntas víctimas de la trama, como el exministro socialista Miguel Sebastián y periodistas de EL PAÍS y El Confidencial.