Prepararse frente el cambio climático

El cambio climático provocará un aumento sustancial en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos vinculados a la meteorología. Un tipo de eventos que se suma a otros no meteorológicos como son las pandemias, terremotos y erupciones volcánicas. La inclusión de un nuevo fondo climático en la propuesta de reforma de la financiación autonómica debería servir de acicate para intensificar el debate público sobre un desafío que preocupa cada vez más en todas partes. El reciente libro Decentralized Governance and Climate Change, coordinado por Jorge Martínez-Vázquez, Paul Smoke y Sendar Yilmaz, da fe de ello y ofrece una referencia muy oportuna sobre cómo los gobiernos subcentrales deben reposicionarse y lo que están haciendo en el resto del mundo.

Es cierto que en España disponemos de herramientas e instituciones que atienden estas situaciones: buenos centros de emergencias a diferentes escalas, servicios de protección civil capacitados y experiencia acumulada. Pero necesitamos un cambio de enfoque; precisamos abrazar uno de tipo integral y anticipatorio.

Cada comunidad autónoma debería disponer de su mapa de riesgos de eventos extremos completo, elaborado en colaboración con los municipios y con la propia administración central, para, en última instancia, poder construir un mapa de riesgos coherente a escala española. A partir de ahí, se trataría de definir las actuaciones ex ante a fin de minimizar impactos potenciales y estructurar los mecanismos de respuesta. En Valencia preocupan las danas; en Galicia, incendios y temporales; en Extremadura, sequías y olas de calor. Y dentro de cada comunidad hay particularidades. Los mapas de riesgos regionales y locales serán asimétricos. De ahí que tenga sentido dar protagonismo a los gobiernos subcentrales en su definición.

Hecho lo anterior, aparece la cuestión de la financiación. Toca decidir quién debe encargarse de cada actuación o respuesta y quién debe poner los recursos. Aceptada esta lógica, un fondo climático tiene plena justificación y sentido, porque capacidades y necesidades no van siempre de la mano. Pero hay que hacerlo bien. Los recursos deben ir después de la identificación precisa y global de vulnerabilidades específicas y de las amenazas reales, no como un recurso más del sistema de financiación autonómica, sin condicionalidad y repartido según reglas que se perciban ad hoc. En este punto procede abogar también por el reforzamiento de mecanismos como el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE).

Por último, hay que referirse a la cogobernanza. En los últimos años la coyuntura política ha empeorado el funcionamiento de las instituciones. La Conferencia de presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las conferencias sectoriales han perdido capacidad de debatir constructivamente y tejer acuerdos. La gestión eficaz de los eventos extremos en España necesita justo lo contrario.