El Gobierno defiende su inversión en Telefónica ante las críticas de la oposición por la caída en Bolsa

El Gobierno sale en defensa de su inversión en Telefónica pese a la caída en Bolsa de su operadora, tras la compra del 10% por 2.284 millones de euros en 2024. Según consta en una respuesta parlamentaria al Congreso de los Diputados, el Ejecutivo refrenda el plan estratégico presentado en noviembre por su presidente ejecutivo, Marc Murtra, y cuyo respaldo argumenta por “su creación de valor para los accionistas”.

Varios diputados del grupo parlamentario de Vox, el tercer partido con más representación en la cámara baja, pidieron explicaciones al Gobierno por la caída bursátil del 13% que sufrió Telefónica tras la presentación de su nueva hoja de ruta, conocida como Transform & Grow. Solicitaba las causas del desplome bursátil, la afectación para el Estado y la responsabilidad de Murtra en dicho plan. Y esta misma semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), se sumaba a las quejas. “Tras acabar con miles de personas y de capital, la empresa tecnológica madrileña número uno vale 1.800 millones menos”, señalaba la dirigente autonómica a través de sus redes sociales.

El Congreso de los Diputados hacía pública la respuesta del Gobierno, en la que explica que “la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un accionista de largo plazo, no dependiente de la evolución coyuntural de las compañías, por lo que aporta estabilidad a las empresas en las que participa, mediante el ejercicio de sus derechos políticos”.

De esta manera, el Ejecutivo resta importancia al retroceso en bolsa de Telefónica, ya que cree que a largo plazo obtendrá sus frutos: “El plan estratégico ha sido conocido y apoyado a través del consejo de administración de la compañía, por su creación de valor para los accionistas”, señala la respuesta, fechada el pasado 9 de febrero.

El núcleo duro de Telefónica, compuesto por la SEPI, Criteria Caixa y la empresa saudí STC, que cuentan con sendas participaciones del 10%, respaldaron el plan estratégico de la operadora. Este plan incluía un recorte del dividendo del 50% para los accionistas, un fuerte plan de ajuste de personal -que se ha traducido en un ERE para casi 5.700 afectados- y un reenfoque geográfico con desinversiones masivas en Latinoamérica para concentrarse en Europa.

El propio presidente de Telefónica ya explicó, poco después de la presentación de Transform & Grow, que la compañía tenía aversión por tomar decisiones difíciles y era necesario ejecutar medidas dolorosas sacrificando el corto plazo para obtener rendimientos a largo plazo.

Las consecuencias de corto plazo se están notando a nivel bursátil. La acción de Telefónica cotiza entorno a los 3,6 euros, alrededor del 16% por debajo de lo que lo hacía hace un año, cuando Murtra tomó las riendas de la compañía en sustitución de José María Álvarez-Pallete. A nivel de resultados, la firma perdió 4.318 millones de euros en 2025, según reportó esta semana la propia operadora, que achacó los números rojos a las minusvalías registradas por su salida de Hispanoamérica y los costes del ERE.

Trabajo, incapaz de actuar con el ERE

El nuevo plan no ha apaciguado los ánimos de la oposición. Además del cuestionamiento de Vox en el parlamento, el Partido Popular solicitó el pasado mes de diciembre la comparecencia de Murtra en el Congreso. Además, el propio PP también registró una batería de preguntas muy centradas en los despidos planteados por la empresa, que suponen una reducción de plantilla, pactada con los sindicatos, del 25% del total.

La cuestión generó distintas opiniones dentro del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aún principal cabeza visible del partido minoritario del Gobierno, tachó de “indecente” la propuesta de Telefónica y remitió una queja formal por carta a la SEPI.

Los recortes de empleo en Telefónica no solo se tradujeron en preguntas del PP, sino también del portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Nestor Rego. A ambos partidos, el Ministerio de Trabajo responde ahora que la SEPI “mantiene una participación minoritaria y es responsabilidad de la compañía definir su propia estrategia en relación con la gestión de sus recursos, dada su autonomía como empresa privada y su capacidad para tomar decisiones en función de su situación financiera y su visión empresarial”.

Además, culpa al Gobierno de Mariano Rajoy de sus limitaciones: “Tratándose de un despido colectivo, ese ministerio [en referencia a Trabajo y Economía Social] carece de competencias como consecuencia de la derogación que respecto de esta cuestión supuso la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Grupo Parlamentario Popular”.

Telefónica ha estimado el coste total de los ajustes de empleo pactados a finales de 2025 en alrededor de 2.500 millones de euros. El recorte planteado suponía que el 82% del ERE incluyera prejubilaciones para trabajadores a partir de 55 años. La empresa espera que este plan suponga un ahorro de costes de 600 millones de euros a partir de 2028.

En lo que respecta a su nuevo enfoque geográfico, la multinacional está intentando que se reduzcan las trabas a la competencia en Europa para poder ganar tamaño en sus principales geografías como España y Alemania. Ya ha trascendido su interés por comprar Vodafone en España o 1&1 en Alemania. Entretanto, está creciendo en Reino Unido, donde ha cerrado la compra de Netonmia en los últimos días.

Además de los costes por las desinversiones en Latinoamérica o el ERE, Telefónica también ha tenido que asumir en las cuentas de 2025 los gastos totales por las indemnizaciones del anterior equipo directivo, que cesó el pasado 17 de enero de 2025. El anterior presidente, José María Álvarez-Pallete, cobró una indemnización de 44,5 millones de euros, mientras que el exconsejero delegado, Ángel Vilà, se llevó 33,8 millones de euros. Por su parte, Marc Murtra recibió en su primer año al frente de la operadora 5,25 millones de euros, un 45% menos que su predecesor en el cargo.