El Gobierno lanza la eólica marina en España para atraer inversión por más de 20.000 millones

Puñetazo encima de la mesa del Gobierno en plena contraofensiva de la Administración Trump para bloquear la inversión en eólica marina en EE UU. El Ministerio para la Transición Ecológica se lanza a poner las bases para desarrollar la eólica offshore en España, lo que supone un primer paso para atraer inversiones de más de 20.000 millones de euros, según cálculos sectoriales, en su apuesta por la descarbonización de la economía y la autonomía energética nacional.

El momento en que el Ejecutivo socialista impulsa esta tecnología es crucial. España apuesta por la eólica marina justo cuando más dudas surgen por el bloqueo que está sufriendo en otros países como EE UU. Trump se lanzó contra esta tecnología, que lleva años de desarrollo en el país norteamericano desde la era Obama, ya en campaña antes de llegar a la Casa Blanca hace un año. Su plan pasa por potenciar los hidrocarburos. Y en su primer año de mandato ha tratado de frenar grandes desarrollos levantados por compañías como la española Iberdrola o la danesa Orsted, una decisión que ya ha provocado los primeros enfrentamientos en los tribunales.

En este clima de incertidumbre frente a una tecnología renovable que destaca en zonas como el Mar del Norte, España busca ser un foco de atracción inversora que pueda trasvasar capitales de aquellas geografías que se están mostrando más hostiles. En el sector temen que la animadversión de Trump a la eólica offshore se pueda contagiar a otros lugares con gobiernos de corte populista y miran a Reino Unido, país destacado en eólica marina donde el actual gobierno socialista de Keir Starmer está a la baja en intención de voto. Los populista de Reform UK y Nigel Farage arrasan en las últimas encuestas.

Frente a este contexto, la Secretaría de Estado de Energía ha lanzado este mismo miércoles una consulta pública que sirva para aquilatar la orden ministerial que regirá las subastas de eólica marina en España.

Según la documentación oficial, el departamento que lidera la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, quiere establecer el procedimiento de concurrencia competitiva en la que se establezca el régimen económico por la electricidad producida por los parques eólicos offshore, la reserva de capacidad de acceso a la red eléctrica (los puntos de conexión para verter la electricidad) y la concesión del dominio público marítimo-terrestre, que supondrá la ocupación de 5.000 kilómetros cuadrados de superficie (el 0,46% de las aguas territoriales) en las que se ubicarán los aerogeneradores flotantes, ya que la profundidad de las aguas que rodean tanto la península Ibérica como las islas no permite poner molinos clavados al fondo como ocurre en otros países.

Los interesados en participar en esta consulta tendrán 20 días para hacer sus observaciones, hasta el 24 de febrero. Servirán de base a la secretaría de Estado que dirige Joan Groizard para establecer el modelo de subasta. Con la orden ministerial, que desarrolla el Real Decreto 962/2024, se busca identificar las zonas más propicias y de alto potencial ya preidentificadas en los conocidos como Proyectos de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Además, se pretende encontrar los criterios idóneos de valoración (precio competitivo, minimización del impacto ambiental, compensación y compatibilización con otras actividades como la pesca u oportunidades de innovación e industrialización o la promoción de la economía local y la industria nacional, entre otras variables).

Creación de empleo

El Gobierno quiere cumplir con su hoja de ruta e instalar entre uno y tres gigavatios al término de la década. El sector estima que este nuevo vector energético en España supone una oportunidad para que el PIB crezca casi 10.000 millones de euros en cinco años y la generación de 40.000 empleos en la puesta en marcha de estas infraestructura, según los estudios elaborados por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

España cuenta con un alto valora añadido en toda la cadena de valor de la eólica offshore flotante, con demostrada experiencia en proyectos por diversas zonas del mundo. Compañías como la pública Navantia, Windar o Siemens Gamesa son especialistas en el desarrollo de las plataformas, los componentes o la construcción de los aerogeneradores. Y además, el país cuenta con compañías como Iberdrola, multinacional líder en esta tecnología a nivel mundial. Pero la nueva eólica marina puede atraer a otras grandes multinacionales hoy enfocadas en el exterior como Ferrovial, que estableció alianzas con gigantes como la alemana RWE para este fin.

La firma de la familia Del Pino había solicitado ya en 2023 autorizaciones preliminares para instalar hasta 2,2 gigavatios en diversos proyectos próximos a las costas de Málaga, Girona, Pontevedra, Lugo o Gran Canaria. Canarias es un foco de atracción para este tipo de proyectos, que la comunidad autónoma observa como una oportunidad para las islas, que ha atraído las miradas del gran capital internacional. Firmas como Naturgy, en alianza con la petrolera noruega Equinor, llevan años explorando opciones en territorio canario. Acciona, Engie, Grupo Cobra (que ACS vendió a Vincci) o Capital Energy son otras empresas que han solicitado permisos para desarrollar proyectos de eólica marina en aguas de España.

Pero los promotores solo podrán construir los parques tras resultar adjudicatarios de algún concurso. Antes de que se activen dichas pujas, ya están avanzando en su diseño, trabajando con posibles proveedores y presentándolos a las autoridades y a la población local. Algunos han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica el Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, una herramienta que no implica ningún compromiso por parte del promotor o la Administración, pero que facilitará elaborar el estudio de impacto ambiental.

En la actualidad hay unas 50 solicitudes de determinación de Alcance de proyectos de eólica marina en toda España, pero hay proyectos que se solapan, porque están previstos en el mismo emplazamiento. Para ordenar la ambición inversora e industrial se busca ahora dar forma a las subastas y hacer las concesiones de los proyectos en las mejores condiciones. Para respaldar al sector, el Gobierno ya ha concedido 147 millones de ayudas de los fondos europeos procedentes del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de renovables. También se concedieron 212 millones de euros para adaptar las infraestructuras portuarias al despliegue de estos nuevos parques eólicos. Además, desde 2019 se desarrollan varios proyectos pilotos que sirven de guía para demostrar la viabilidad técnica de esta nueva tecnología en España.