España se arriesga a perder los 1.100 millones suspendidos del plan de recuperación por la debilidad parlamentaria del Gobierno

España no ha podido subsanar los incumplimientos del plan de recuperación que llevaron a la Comisión a suspender unos 1.100 millones de euros en su último pago. El Gobierno no ha podido sacar adelante en el Congreso la equiparación fiscal del diésel a la gasolina ni la reforma de la función pública que debía compensar debidamente a los funcionarios interinos. Ninguno de los dos compromisos se habían cumplido cuando en julio Bruselas autorizó el quinto pago, que ascendía a más de 24.100 millones. Se abrían entonces sendos plazos de seis meses que vencen este enero sin que haya habido avances.

La pérdida de dinero, aunque probable llegados a este punto y dado el clima parlamentario, no es automática. El Ejecutivo de la UE todavía tiene que preparar la evaluación oficial, apuntan fuentes de la propia Comisión. Además, como recoge el reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia, una vez el Ejecutivo de la UE ha llegado a una conclusión en la que debe estar contemplada la “reducción proporcional” por los incumplimientos, todavía se abre un periodo de dos meses adicionales para que el país afectado presente sus observaciones. Por esto último, en el Gobierno español avanzan que “no renuncian a los fondos y harán todo lo posible para conseguir el 100%”, a la par que reconocen que esperan poder encontrar fórmulas para ello.

La reforma fiscal era uno de los grandes compromisos del plan de recuperación español. Y también ha sido uno de los más trabajosos para el Gobierno, que tuvo que sudar tinta para sacarla adelante en el Congreso, aunque con matices, porque no consiguió una aprobación total. Fue parcial. En noviembre de 2024, logró validar el impuesto a la banca, entre otros. Pero Podemos vetó el incremento del gravamen al diésel y Hacienda ya no ha podido recuperarlo. La debilidad parlamentaria del Ejecutivo lo ha hecho imposible hasta la fecha y eso costó la suspensión de más 450 millones de euros.

Hacienda confía en poder aprobar la equiparación fiscal más adelante y, de hecho, el ministerio prometió en la adenda remitida a Bruselas a finales de 2025 un alza tributaria de unos 1.600 millones en el primer semestre de este año, consecuencia de ajustar algunos de los beneficios fiscales actualmente vigentes.

El asunto de la compensación insuficiente para los funcionarios interinos es todavía más complejo. España ya había aprobado una reforma en esa línea a la que la Comisión dio su visto bueno en los primeros pagos del plan. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE consideró que esta reforma era insuficiente. Así que el Ejecutivo comunitario tuvo que corregirse y reclamar al Gobierno un cambio más ambicioso. Esta modificación tampoco ha visto la luz en el Parlamento español y, en verano, supuso la congelación de algo más de 600 millones.

En el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública aseguran que están pendientes de las demandas que reclama Bruselas. “El Gobierno de España está trabajando para incluir las medidas que nos reclama la Comisión Europea en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal y en la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ambas en tramitación parlamentaria”, trasladan fuentes del departamento de Óscar López. Y recuerdan que el “problema del exceso de trabajadores temporales” afecta principalmente a comunidades autónomas y entidades locales, por lo que piden su “colaboración”.

Cuando un Estado no cumple con alguno de los compromisos adquiridos dentro de los pagos que comprenden el plan de recuperación, la Comisión puede efectuar una retención parcial del abono. A partir de ese momento se le da al país afectado seis meses para subsanar el problema. En este caso, el plazo para sacar adelante la reforma de la función pública se agotaba el 7 de enero y el del diésel, este 31 de enero, admiten varias fuentes del Ejecutivo español.

Hasta el momento, España ha percibido algo más de 55.000 millones de euros en subvenciones del maná europeo y otros 16.270 millones en créditos. La primera cantidad podría haber sido de 1.100 millones más si se hubiera aprobado toda la reforma fiscal y se hubiera subsanado la compensación para los funcionarios interinos.

El Gobierno español, además, ha presentado recientemente una última revisión del plan para que su cumplimiento sea más fácil, que se aprobó el 20 de enero en la última reunión de ministros de Finanzas, el llamado Ecofin. Esa modificación ―que no puede tocar compromisos analizados, como es el caso de estos dos― ha rebajado la ambición previa del plan, ya que ha reducido la cifra de créditos a la que aspira España un 75%, de 83.000 millones a 22.000 millones, y ha dejado intacta la de subvenciones, 79.854 millones. No obstante, en este último caso sí que ha buscado prescindir de compromisos que requieren la aprobación parlamentaria, precisamente porque el Ejecutivo es consciente de las dificultades que tiene para conseguir el visto bueno del Congreso.