El Gobierno urge a las comunidades a acelerar los trámites para gastar los fondos europeos que vencen este año

El Gobierno ha hecho una contundente llamada de atención a las comunidades autónomas ante el riesgo inminente de perder ayudas europeas a fondo perdido. Se trata de diversas líneas de subvención comunitarias focalizadas en la descarbonización que suman casi 5.000 millones de euros. Esa cantidad se enmarca en los fondos de recuperación que logró España tras la pandemia de la covid-19 (casi 80.000 millones en el apartado de ayudas, no de créditos), un motor que ha impulsado en parte el crecimiento de la economía nacional por encima de la media europea. La norma exige que estén ejecutados para el mes de agosto y certificados en diciembre.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado este viernes una carta a las 17 autonomías, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que les recuerda que “es vital acelerar la gestión y pago de los programas establecidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”, que son gestionadas a través de los distintos territorios. Las comunidades tienen aún pendiente gastar el 45% de los fondos europeos que tienen asignados dentro del plan comunitario para combatir los efectos económicos de la pandemia, según la información publicada por este diario.

La misiva, firmada por el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Miguel Rodrigo Gonzalo, lamenta que, aunque los gastos de gestión de estos fondos son comunes para todas las comunidades, “existen diferencias significativas en el grado de ejecución de los territorios”. “En el programa de autoconsumo algunas administraciones autonómicas ya han pagado más del 90% de los fondos disponibles y otras que están por debajo del 10%”, añade. En el Gobierno cuesta entender, según se desprende de dicha carta, cómo es posible que ante el mismo escenario, unas comunidades tengan prácticamente los deberes hechos y otras casi no hayan empezado.

En este sentido, los datos del IDAE hablan por sí solos. El ministerio liderado por Sara Aagesen revela que solo el 37% de las subvenciones al autoconsumo y las renovables para hogares, dotado con más de 2.000 millones de euros, han sido otorgadas y debidamente justificadas. El dato es muy heterogéneo entre territorios: mientras el País Vasco ya ha resuelto el 91% de las ayudas que canaliza, el Principado de Asturias solo ha cumplimentado totalmente el 6% de las mismas.

Algo similar ocurre con las ayudas para la compra de coche eléctrico. En el Plan Moves III, que suma subvenciones por más de 1.335 millones de euros, también se observan diferencias abultadas. Madrid es la comunidad que más fondos ha pagado y justificado. En total, 170 millones de euros, el 71% de lo concedido. Mientras tanto, la Región de Murcia solo había cumplimentado a cierre de 2025 el 3% de las ayudas recibidas. Ha pagado más de 22 millones a ciudadanos que compraron coches eléctricos pero únicamente ha justificado 727.221 euros, según los datos del IDAE.

En total, este plan, uno de los más difundidos entre la ciudadanía, ha cumplimentado el 48% de los fondos pagados. El resto aún están por asegurar ante Bruselas. La cuestión es especialmente lacerante en este plan Moves III, que está cerrado desde que terminó 2024. Es decir, que más de un año después, menos de la mitad de los fondos se han tramitado en su totalidad.

La falta de celeridad se ha reprochado en reiteradas ocasiones a las comunidades. En la Conferencia Sectorial de Energía que se reunió en diciembre, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, reiteró a sus homólogos territoriales “la necesidad de acelerar la gestión y justificación de las subvenciones concedidas a ciudadanos y empresas, que debe completarse antes de que concluya el primer semestre de 2026, según la normativa europea”.

La situación actual es límite. Si los distintos territorios no cumplen con las exigencias comunitarias respecto de las ayudas otorgadas antes del 31 de agosto de este mismo año, España se expone a que se le reclamen dichas ayudas, además de perder todos aquellos fondos que para esa fecha no se hayan pagado. De darse ese escenario, puede ocurrir que las autoridades comunitarias reclamen las ayudas pagadas. Y eso podría desembocar en acusaciones de responsabilidad cruzada entre las partes, amén de la incertidumbre que genera sobre los perceptores de las ayudas.

Por eso el Gobierno trata de evitar a toda costa esa hipótesis y no tira la toalla. Para aligerar los trámites, el propio IDAE asegura en la carta enviada este mismo viernes que ha logrado simplificar trámites administrativos que permitan solventar la problemática con mayor celeridad.

Concretamente, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican: “Se ha conseguido que la documentación que se debe presentar a la Comisión Europea para acreditar el cumplimiento de los objetivos no sea un informe de verificación emitido por el organismo de la comunidad autónoma que emitió la ayuda, que se genera al final de todo el procedimiento administrativo, sino la documentación que presenta el beneficiario de la ayuda para justificarla, de acuerdo con las bases reguladoras, como el permiso de circulación en el caso del MOVES, los certificados de eficiencia energética de los edificios en el caso del PREE y el PREE 5000, o la memoria justificativa en el caso del autoconsumo”. Esto significa que la negociación con Bruselas permite que, en lugar de tener que exigir diversos documentos para elevar a Hacienda a través de la plataforma CoFFEE, se pueda simplificar con menos burocracia. Un hito que ya fue trasladado el pasado 15 de enero en la Comisión Consultiva que se celebra con los responsables de las comunidades.

Pero pese a ello, hay cuestiones que son preocupantes y así lo denuncia el Gobierno central ante las administraciones territoriales. Las comunidades disponían de la capacidad de obtener fondos para contratar personal que acelerara la tramitación burocrática. Sin embargo, la realidad evidencia que de los 218 millones en total destinados a este objetivo, solo se han reportado para este fin 77 millones de euros. Es decir, el 35% de la capacidad dispuesta.