El Gobierno pone en marcha la jornada de 35 horas para los empleados públicos del Estado
La medida fue pactada con los sindicatos en el acuerdo marco 2023-2025 y estaba pendiente de desarrollo
El Ministerio de Función Pública ha comunicado este miércoles a las organizaciones sindicales que firmaron el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI (CC OO y UGT) que inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), para cumplir con lo acordado en dicho pacto que terminó su vigencia el pasado 31 de diciembre, según fuentes del departamento que dirige Óscar López. Distintas fuentes barajan que su implantación podría estar lista en el primer trimestre de este año, aunque resaltan que la complejidad de la medida podría condicionar estos plazos.
Para ello, la Secretaría de Estado de Función Pública ha indicado que propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, que reflejen el recorte del tiempo de trabajo hasta las 35 horas semanales. Actualmente la plantilla afectada por esta reducción de jornada ascendería a casi 250.000 empleados, según el último Boletín Estadístico de personal de las Administraciones Públicas.
Además, Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales. Posteriormente, elevará la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos, han añadido las fuentes gubernamentales.
Desde UGT prevén que esta jornada pueda estar implantada en marzo, incluso a finales de febrero. Si bien, recuerdan que deberá producirse una negociación previa con la Comisión Técnica Permanente de la AGE y Mesa General de la Administración del Estado, ya que este fue el compromiso que se logró en diciembre el año pasado.
La pasada semana, los responsables gubernamentales mantuvieron un encuentro con los negociadores de función pública de los sindicatos CC OO y UGT para abordar cuestiones pendientes del citado Acuerdo Marco y estos últimos salieron de la reunión denunciando que el Gobierno había sugerido la posibilidad de vincular la implantación de esta jornada a unos eventuales Presupuestos Generales del Estado, cuya viabilidad es ahora muy incierta, por lo que denunciaron que esto supondría un incumplimiento de lo acordado.
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