Más de la mitad de los mayores de 55 años apoyan económicamente a sus allegados, según un estudio de Mapfre

Más de la mitad de los españoles mayores de 55 años presta apoyo económico de forma regular a su entorno, y ese esfuerzo se dirige de manera abrumadora hacia las generaciones que ya están, o deberían estar, plenamente integradas en el mercado laboral. Lejos de dirigirse a la población más joven que todavía no ha iniciado su vida profesional, el grueso de las transferencias monetarias va a adultos de entre 31 y 54 años de edad, según el VI Barómetro del Consumidor Sénior de Fundación Mapfre.

En concreto, el 38% de los beneficiarios de estas ayudas tienen entre 31 y 40 años, mientras que otro 32% tiene entre 41 y 54 años. Esto implica que casi siete de cada diez apoyos económicos se canalizan hacia las generaciones milenial y X, precisamente aquellas que, en teoría, ya deberían sostenerse con sus propios ingresos. El dato revela una fotografía muy distinta de la que suele asociarse al apoyo familiar. No se trata tanto de padres ayudando a hijos jóvenes en sus primeros pasos, sino de un respaldo estructural a adultos con empleo, hijos a su cargo y, en muchos casos, hipotecas o alquileres elevados. La ayuda se convierte así en un complemento fijo de renta para hogares que, pese a estar en su etapa de mayor actividad laboral, tienen cada vez más dificultades para mantener su nivel de vida con el salario actual.

En total, el 52% de la gente mayor de 55 años reconoce haber ayudado económicamente a algún familiar o persona cercana durante el último año, una proporción que se mantiene más o menos estable desde 2021, cuando se incluyó por primera vez esta pregunta en el barómetro. El único momento en el que esta tendencia aumentó de forma preocupante fue en 2022, en plena crisis inflacionaria. Ese año, un 63% de los encuestados admitió haber ayudado económicamente a su entorno.

El informe no permite trazar una tendencia sobre hacia qué grupos de población se dirigen estas ayudas, ya que es la primera vez que el barómetro incorpora una pregunta tan detallada sobre los destinatarios. Pese a esta falta de perspectiva histórica, el patrón observado encaja con la realidad económica de los hogares españoles. El fuerte encarecimiento del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, ha elevado el peso de la vivienda en el presupuesto familiar. En los últimos cinco años, el mercado inmobiliario ha experimentado un incremento constante de precios. A escala estatal, el valor ofertado por un piso en alquiler ha pasado de 10,7 euros por metro cuadrado a 14,7 euros, lo que supone una subida del 37%, según los informes de oferta que proporciona el portal inmobiliario Idealista. Esto significa pasar de los 856 euros al mes por un piso medio de 80 metros cuadrados a pagar 1.176 euros.

Al encarecimiento de la vivienda se suman los alimentos y servicios, que también contribuyen a reducir la capacidad adquisitiva de las familias. El año pasado cerró con una inflación media del 2,7%, lejos del objetivo impuesto por el Banco Central Europeo del 2%. En ese contexto, es lógico pensar que el dinero de los padres se destina con más frecuencia a cubrir costes básicos que a financiar proyectos puntuales. El propio informe apunta a esta presión sobre el consumo. Cuando se pregunta a los encuestados en qué gastarían 500 euros extra al mes, la opción mayoritaria es destinarlo a mejorar la calidad de vida, con un peso destacado del gasto en alimentación. Es decir, incluso con un ingreso adicional, la prioridad no sería el ocio o el ahorro, sino bienes esenciales.

Por otra parte, se observa que incluso en escenarios hipotéticos, la prioridad de las personas mayores es garantizar la seguridad económica de su progenie. Cuando se les pregunta qué harían si les tocara 400.000 euros en la lotería, el 57% de los encuestados afirma que, al menos una parte del dinero, lo destinarían a ayudar a sus hijos u otros familiares. Un 41% afirma que usaría el dinero para viajar y un 24% lo ahorraría.

Desde el punto de vista macroeconómico, estas transferencias de ingresos tienen un efecto estabilizador porque sostienen el consumo y evitan situaciones de vulnerabilidad. Pero también suponen una anomalía en el modelo económico, que a priori debería blindar a la población con políticas públicas que garantizaran el acceso a una vivienda y fomentaran la emancipación. Por el contrario, el barómetro apunta a una dependencia de la familia que se prolonga más allá de los 30 años.