El campo inicia una semana de protestas contra el acuerdo con Mercosur y pide cambios en la política agraria

Las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag llevarán a cabo esta semana, entre los días 26 y 30 de enero, una serie de movilizaciones y protestas por todo el país. El sector reclama cambios en la política agraria para que siga siendo una actividad rentable, y advierte de que la supervivencia de miles de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas corre peligro. Las acciones culminarán con una tractorada en Madrid el 11 de febrero. Las fechas escogidas no son casuales. Los primeros meses del año han sido tradicionalmente escenario de las protestas más importantes, coincidiendo con los meses agrícolas más flojos, y este año no será una excepción.

El clima de malestar contrasta con los datos provisionales que maneja la Administración, según los cuales la renta agraria registró en 2025 un incremento del 12,9%, tanto por el mayor volumen de las producciones como por un comportamiento favorable de los precios. A pesar de esta circunstancia, las organizaciones señalan que el campo no pasa por su mejor momento. Y atribuye la crisis a diversos factores, desde medidas desplegadas por el Gobierno y las instituciones europeas, al impacto de la situación geopolítica internacional, o el empeoramiento de las condiciones de vida en diversas zonas rurales.

Entre las preocupaciones hay cuestiones como los desajustes entre costes e ingresos, la sanidad animal, las mayores exigencias sanitarias o el no funcionamiento de la Cadena Alimentaria. También problemas tradicionales del medio rural, como la despoblación, la falta de servicios, y la ausencia de relevo generacional. A todas estas inquietudes se ha añadido el acuerdo comercial firmado entre la UE y Mercosur, que facilitaría la entrada al mercado europeo de productos procedentes de países con importantes producciones agrarias, como es el caso de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El pacto supone la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con alrededor de 800 millones de personas, 500 en el seno comunitario, y otros casi 300 en los países de Mercosur. Desde la UE, los exportadores ligados a industrias como la del automóvil pueden estar entre los más beneficiados, así como las compañías farmacéuticas y de productos químicos.

En sentido inverso, sin embargo, las exportaciones de Mercosur hacia los países comunitarios tienen un claro componente agrícola. Destacan entre otros la soja, básica para la alimentación de las cabañas ganaderas, el porcino, la carne de vacuno de Argentina, Brasil y Paraguay, el azúcar brasileño, los cítricos, el arroz, la miel, la pasta de papel, la madera y minerales varios.

Desde la perspectiva europea se valora que el acuerdo permitiría la eliminación progresiva de los aranceles en un 90% de las exportaciones hacia los países de Mercosur, que se mueven en un abanico de entre un 14% y un 35%, lo que supondría un gran beneficio, especialmente para los sectores industriales con más capacidad para salir al exterior, lo que redundará positivamente sobre el empleo.

Desde el sector se denuncia, sin embargo, que ambos bloques aplican reglas diferentes. Tanto fitosanitarias como en el aspecto laboral, con costes de mano de obra inferiores en los países de Mercosur, lo cual abarata sus productos y les permite competir mejor en el mercado europeo. Y advierten de que las cláusulas de salvaguarda que contempla el pacto no compensan a los locales si se tienen en cuenta las ventajas de que gozan los productores de Mercosur.

En paralelo a esa creciente preocupación por el nuevo acuerdo comercial, en el sector preocupa el resultado final de las negociaciones para determinar el presupuesto comunitario de la PAC, donde las perspectivas son negativas, con un ajuste previsto que ronda el 20%, que puede acabar siendo más o menos severo, dado que se maneja un rango de entre un 15% y el 22% de recorte.

Otra fuente de desasosiego es la excesiva burocratización de la gestión de las explotaciones, ante lo cual se reclama una mayor simplificación, sin que eso suponga disminuir los controles para evitar los fraudes. Los agricultores ven necesarios cambios en las normas sobre bienestar animal para que no suponga una merma grave de competitividad frente a otros mercados donde son menos exigentes.

Relevo generacional

Finalmente, sigue sin revertirse la falta de relevo generacional en el campo. Y la situación amenaza con agravarse: hoy, el 67% de los jefes de explotación tiene más de 55 años, y un 40% incluso supera los 65.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado verano el plan Tierra Joven, con el que, entre otras medidas, se pretendía poner a disposición de los jóvenes 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado para impulsar el relevo generacional. Y defendió destinar un 10% de los recursos de la PAC al relevo generacional, por encima del 6% propuesto por la Comisión Europea.