Adif alertó a los inversores del golpe económico y reputacional de un siniestro como el de Adamuz

Adif ya advirtió a sus inversores de las potenciales consecuencias que podría tener para su situación económica un accidente grave como el ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que ha provocado la muerte de al menos 45 personas y cientos de heridos. En un prospecto de deuda, emitido el pasado mes de junio y visado por algunos de los asesores legales más reputados a nivel mundial como los bufetes de abogados J&A Garrigues, DLA Piper o Norton Rose Fulbright, Adif-Alta Velocidad reconoce que un incidente de esta naturaleza que afecte a sus operaciones ferroviarias “podría tener un efecto negativo significativo en su negocio, situación financiera, resultados operativos y perspectivas”.

Las empresas que buscan inversores en los mercados desgranan sus riesgos para que los compradores de su deuda dispongan de la mejor información posible sobre la compañía. Se trata de una exigencia regulatoria que, además, permite a las empresas cubrirse legalmente en caso de que se materialice alguno de estos riesgos, como podría suceder ahora. Se trata de una semana negra para el sector. A la tragedia acaecida en Córdoba hay que sumar otra muerte en un accidente ferroviario en Gelida (Cataluña) y decenas de heridos en este y otro siniestro en Cartagena (Murcia) esta misma semana.

Adif-Alta Velocidad exponía meses antes de la tragedia de Córdoba en la citada documentación oficial, a la que ha tenido acceso este medio, que “las consecuencias adversas de tales eventos, y la amenaza de que ocurran, podrían incluir una menor demanda de viajes en tren, limitaciones en la disponibilidad de cobertura de seguros y un aumento de los costes asociados a las medidas de seguridad”.

Aunque por ahora no se han determinado los responsables de la tragedia, ya que está siendo objeto de análisis por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), fuentes próximas a las dos investigaciones en marcha, la técnica y la judicial, apuntan a que el desencadenante del siniestro pudo originarse en fallos en la infraestructura, propiedad de Adif, compañía pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En 3 de junio, el gestor ferroviario alertaba de que un accidente ferroviario importante o un descarrilamiento que involucre sus operaciones ferroviarias “podría resultar en daños o pérdidas en su infraestructura y también podría interrumpir su servicios, lo que podría dar lugar a posibles reclamaciones por parte de las contrapartes, pasajeros lesionados o afectados y otros”. Tras el accidente de Adamuz, más de 200 trenes programados quedaron afectados o cancelados por la interrupción del tráfico ferroviario en ese corredor sur.

En este sentido, el gestor público aseguraba en su prospecto para inversores remitido al mercado que “un evento significativo causaría que el emisor (en referencia a Adif) incurriera en gastos adicionales (si no estuvieran cubiertos por el seguro correspondiente) y el emisor podría no ser capaz de reconstruir o reparar su infraestructura o restablecer las operaciones de manera oportuna”. Desde que se produjo la tragedia, Adif redujo temporalmente el límite de velocidad de los trenes que circulan por las líneas de Madrid a Barcelona y de Madrid a Valencia como medida para garantizar la seguridad tras las notificaciones recibidas por parte de los maquinistas, una práctica recogida en el protocolo de circulación que ya se aplicaba con anterioridad al siniestro de Córdoba.

Entre los impactos económicos que podría sufrir la compañía, Adif hace hincapié en lo que respecta a las potenciales responsabilidades que no cubran los seguros. En un apartado específico del documento financiero, la empresa admite que “si bien ADIF-AV mantiene una cobertura de seguros adecuada a los riesgos asociados a su actividad [...] no puede excluirse el riesgo de ocurrencia de eventos no cubiertos por dichas pólizas de seguro, ni que la cobertura vigente sea suficiente en caso de materialización de un riesgo. Si se produjera un siniestro no cubierto por el seguro, esto podría afectar a los resultados de explotación”.

Impacto en el tráfico

La empresa también repara en el potencial descenso de ingresos por el menor tráfico futuro que podría producirse tras el accidente: “Accidentes ferroviarios o incidentes similares podrían afectar la confianza general de los pasajeros y provocar una reducción de la demanda de viajes en tren, lo que perjudicaría los resultados de Adif-AV derivados de las tarifas por el uso de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad”. Hasta ahora, las operadoras no han reportado la evolución de las reservas tras el accidente, aunque las aerolíneas sí han experimentado un incremento de compra de billetes ante las cancelaciones de viajes de tren.

Y a lo anterior, la empresa pública añade que “ADIF-AV podría sufrir daños a su reputación (y las pérdidas asociadas) derivados de un accidente ferroviario”. La cuestión reputacional es algo que monitoriza constantemente la compañía objeto de investigación por el siniestro, sabedora de su importancia. España es un referente turístico a nivel mundial. El sector es una de las puntas de lanza de la economía nacional. En 2025 se recibieron más de 97 millones de viajeros. España ha hecho gala de su alta velocidad como uno de los referentes de país en el que lleva décadas haciendo un fuerte esfuerzo inversor. No obstante, fuentes próximas a Adif señalan que la compañía superó con creces las expectativas de captación de fondos en los mercados internacionales pese al riesgo reputacional que supuso el caso Koldo, que salpicó a la firma también en 2025.

El golpe económico y reputacional de un accidente como el de Córdoba no era un riesgo menor entre los que contemplaba Adif antes del incidente. El prospecto de deuda emitido por la empresa en 2025 está obligado por ley a recoger los principales riesgos a los que se enfrenta la compañía. Entre los mismos, todo lo relativo a accidentes está incluido en el primer riesgo que recoge la empresa, relativo a cuestiones de construcción y operacionales. “A pesar de los amplios sistemas de control establecidos para evitar que problemas operativos provoquen interrupciones importantes del servicio, no se puede garantizar que los cambios enumerados anteriormente conduzcan a un aumento de los costos y/o dificultades operativas que puedan tener un efecto adverso en el negocio”, subrayaba.