Consumo investiga si hay empresas en Fitur que ofrecen viajes turísticos a territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación para identificar si existen empresas que, desde el expositor de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), estén promocionando viajes a territorios palestinos ocupados. La iniciativa responde a la aplicación directa del Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

Según la información recabada por el ministerio, varias empresas podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania ocupada. De confirmarse, estas prácticas serían consideradas publicidad ilícita conforme al artículo 4 del citado decreto-ley, aprobado en septiembre del año pasado, que forma parte del paquete de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El real decreto, publicado el 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, también incluye el embargo total de armas a Israel, la prohibición de importar productos originarios de estos territorios y la negativa a autorizar el tránsito por España de combustibles con posible uso militar en Israel.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha detallado qué empresas están siendo investigadas ni cuándo se harán públicos los resultados. Tampoco ha precisado qué tipo de sanciones podrían imponerse, aunque la normativa prevé la retirada de la publicidad y la posible imposición de multas en caso de infracción.

No es la primera vez que Consumo actúa en este ámbito. En diciembre del año pasado, ya exigió a siete multinacionales que retiraran su oferta de alojamiento vacacional en estos territorios. Aunque en esa ocasión tampoco se hicieron públicos los nombres de las empresas implicadas, sí se precisó que en total se habían encontrado 138 ofertas publicitarias consideradas ilícitas en España, al estar ubicadas en códigos postales de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

El anuncio de dicha investigación se hizo público a finales de septiembre y su ejecución quedó en manos del departamento de Bustinduy, que examinó si había compañías que estuvieran vendiendo o promocionando en España productos o servicios procedentes de territorios palestinos ocupados, obteniendo ventajas económicas de esa situación. El análisis se apoyó en el informe difundido en julio de ese año por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, que apuntaba a varias empresas por lucrarse con la ocupación y advertía de la existencia de más de 371 colonias y asentamientos ilegales construidos con maquinaria de firmas internacionales, empleada también en la demolición de viviendas palestinas.

El ministro Bustinduy ya había adelantado en julio, durante la presentación del acto Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina, que su departamento pondría “todos los recursos que sean necesarios” para asegurar que ninguna compañía que opere en España tenga sus cuentas de resultados “manchadas con la sangre del pueblo palestino”.