El Gobierno limita por primera vez los intereses de los créditos al consumo para evitar abusos

El Gobierno ha dado un paso decisivo para poner coto a los créditos al consumo más caros y evitar abusos a los clientes. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que transpone las directivas europeas de crédito al consumo y que introduce, por primera vez en España, límites a los intereses que se pueden cobrar a la hora de pedir un préstamo.

La futura norma regulará de forma integral el crédito al consumo, e incluye tanto a los préstamos tradicionales que ofrecen los bancos como los microcréditos, las tarjetas revolving y los préstamos rápidos ofrecidos a través de plataformas digitales. El negocio del crédito es un mercado que ha cambiado en los últimos años por la digitalización y la aparición de nuevos operadores. El objetivo del Gobierno es reforzar la protección de los consumidores, especialmente de los más vulnerables, y ofrecer seguridad jurídica a las empresas con reglas claras y homogéneas para todos.

La principal novedad del texto es el límite al coste de los préstamos. Para ello, se toma como referencia la TAE (tasa anual equivalente), ya que es el indicador que recoge el precio final que paga el cliente, incluyendo todos los gastos asociados al crédito. De esta forma, la TAE que ofrezcan las entidades no podrá superar un determinado nivel máximo, que se fijará tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España, al que se añadirá un margen en función del importe del préstamo.

En el texto de la norma, ese margen es de 15 puntos porcentuales para créditos de hasta 1.500 euros; de 10 puntos para los comprendidos entre 1.500 y 6.000 euros; y de 6 puntos para los superiores a 6.000 euros. Estos topes se actualizarán y publicarán de forma trimestral.

Por poner un ejemplo práctico. Actualmente, el tipo de interés medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España se sitúa en torno al 7%. Para el consumidor que solicite un préstamo de hasta 1.500 euros, el precio que le aplica el banco no podría superar una TAE del 22% (7% más un margen de 15 puntos). Si se pide un crédito de entre 1.500 y 6.000 euros tendría un límite del 17%. Y en el caso de solicitar un préstamo de mayor importe, el tope se situaría en torno al 15%.

De todas formas, hasta que entre en vigor el real decreto que concrete esos tramos, la ley establece un límite máximo transitorio del 22% para las nuevas operaciones. Este tope se aplicará también a la liquidación de las tarjetas revolving ya existentes, uno de los productos más cuestionados por sus elevados intereses.

Por otro lado, la norma introduce además una regulación específica para los créditos de alto coste, como los micropréstamos de bajo importe y muy corto plazo. Este negocio estaba en el punto de mira del Ejecutivo porque ha proliferado a través de las plataformas digitales. Se trata de créditos de muy bajo importe (apenas unos cientos de euros) que suelen cubrir necesidades urgentes de financiación, pero con un coste muy alto que puede alcanzar y superar el 3.000% TAE. Los clientes de estos productos suelen ser consumidores que no acceden al crédito bancario tradicional y que pueden quedar en una situación de sobreendeudamiento o vulnerabilidad. A partir de ahora, estas empresas, que no estaban reguladas ni supervisadas, quedarán sometidas a condiciones mucho más estrictas.

En concreto, el anteproyecto obliga a que los microcréditos se reembolsen en un plazo mínimo de tres meses y limita de forma significativa el coste total para el cliente. Estos créditos tendrán un tipo de interés mensual máximo del 4% y una comisión máxima del 5%, con un tope absoluto de 30 euros. Además, el coste total no podrá superar el de un crédito a 12 meses por el mismo importe bajo el régimen general. Según los cálculos del Ministerio de Economía, un microcrédito de 300 euros a 30 días, que hoy puede suponer un coste medio de 103 euros, pasará a tener un coste máximo de 40 euros si se devuelve en tres meses, o de 20 euros si se paga al mes.

Según un ejemplo que ha dado el Gobierno, actualmente un microcrédito medio se sitúa en unos 300 euros a 30 días, con una TAE del 3.417%, lo que supone un coste de unos 103 euros para el consumidor. Con la nueva regulación, estos préstamos no podrán concentrar todo el pago en una sola cuota. En ese escenario, el coste máximo se reducirá a 40 euros. Si el cliente decide devolver el dinero antes, a los 30 días, el coste será de 20 euros.

Las obligaciones de información y publicidad también se endurecen. Los prestamistas denominados de alto coste deberán facilitar al cliente información con al menos 24 horas de antelación a la contratación. En la publicidad, se prohíbe destacar la rapidez o facilidad para obtener el préstamo por encima de elementos esenciales como su coste total.

Otro cambio clave es el control supervisor. Solo podrán conceder créditos al consumo las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España. Es una novedad relevante porque hasta ahora la concesión de crédito en España no tenía reserva de actividad y cualquier entidad podía prestar dinero. Para integrar a los operadores que hasta ahora actuaban fuera del perímetro regulatorio, la ley crea dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado y los prestamistas de alto coste autorizados. De esta forma, los créditos concedidos por entidades no autorizadas serán declarados nulos.

La norma refuerza además la evaluación de solvencia para evitar el sobreendeudamiento. Los prestamistas deberán consultar el historial crediticio del cliente y, en el caso de los créditos de alto coste, esta consulta será obligatoria. También se refuerzan los derechos del consumidor, la transparencia en la información precontractual y las garantías en los créditos contratados a distancia.

Economía justifica la reforma en el creciente peso del crédito al consumo, que ya representa el 15% del crédito a los hogares, y en la necesidad de actuar de forma preventiva en los segmentos más vulnerables. La nueva ley, subraya el Gobierno, busca modernizar el mercado sin frenar la competencia ni la innovación. El texto del anteproyecto de ley se somete desde este miércoles a audiencia pública y estará abierto a comentarios hasta el próximo 30 de enero.