Bruselas busca impulsar dos “autopistas energéticas” para acelerar la interconexión de España con Europa

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la designación de dos “autopistas energéticas” a través de España para acelerar la interconexión de la península Ibérica con el resto de Europa, tradicionalmente frenada por las reticencias de Francia. En total, son ocho proyectos transfronterizos prioritarios de electricidad, hidrógeno o gas con los que Bruselas busca mejorar la infraestructura energética europea y, así, “reducir las facturas y aumentar la independencia” del continente en tiempos cada vez más inciertos política y económicamente.

“Queremos poner fin al aislamiento energético en los distintos Estados miembros”, ha proclamado la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, al presentar los planes de Bruselas. “Europa no puede ser competitiva, resiliente o justa sin un sistema energético limpio e interconectado”, ha subrayado.

Las “autopistas”, en el caso español una conexión eléctrica con Francia, a través de los Pirineos, y otra de hidrógeno que se extiende desde Portugal hasta Alemania, forman parte de un amplio “paquete de redes” energéticas, que incluye propuestas legislativas, con el que Bruselas quiere modernizar y ampliar la “columna vertebral” del sistema energético europeo. Este también incluye una propuesta para acelerar la concesión de los permisos de proyectos de energía renovable con plazos hoy en día “demasiado largos”, así como multiplicar por cinco los fondos comunitarios destinados a redes energéticas en el próximo presupuesto plurianual, hasta llegar a los 30.000 millones de euros.

Francia suele alegar problemas técnicos y de presupuesto a una propuesta de interconexión que mejoraría la capacidad de llevar energía producida en la península Ibérica a otros países europeos.

En total, el coste de esta renovación de las redes energéticas se estima en 1,2 billones de euros hasta 2040. Algo que, reconoce la propia Comisión en su propuesta, “supone un desafío”. No entra en detalles de cómo se va a complementar este déficit de financiación, sino que se limita a indicar que “la financiación pública se complementará con medidas para impulsar las inversiones privadas en la próxima Estrategia de Inversión en Energía Limpia”.

En el caso de las autopistas prioritarias, para las que se prevé también plazos más cortos y un impulso “político” adicional desde Bruselas, sirven para identificar parte de los “cuellos de botella” que más dificultan un sistema energético europeo que pueda “liberar todo su potencial” y lograr así una mayor eficiencia energética continental. Es una de las obsesiones europeas desde que la guerra de Rusia contra Ucrania puso en evidencia la fragilidad de su infraestructura energética.

“Al avanzar en estos ocho enlaces estratégicos, abriremos una nueva era de independencia energética para Europa, al tiempo que contribuiremos a reducir los precios de la energía”, confía el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.

No son proyectos nuevos, sino que ya han sido designados como proyectos de interés común (PCI) o de interés mutuo (PMI), es decir, que contribuyan al desarrollo de infraestructuras energéticas en corredores prioritarios y áreas temáticas en el marco del reglamento TEN-E revisado para “desarrollar y modernizar las infraestructuras energéticas transfronterizas de Europa, con un foco en la integración de energías renovables, la seguridad del suministro y la neutralidad climática para 2050”, en palabras del comisario.

Pero al ser ahora oficialmente señalados como autopistas o proyectos de la máxima importancia, la Comisión confía en darles el impulso que les ha faltado hasta ahora para materializarse por falta de fondos o, como en el caso de la isla energética que es la península Ibérica, en buena parte por las trabas que ha puesto tradicionalmente Francia.

Para ello, la Comisión proporcionará un “apoyo específico” a los Estados miembros implicados por estas autopistas, así como a los promotores de los proyectos implicados, “incluyendo la movilización de financiación y medidas para racionalizar y acelerar aún más los procesos de concesión de permisos, con el fin de contribuir a que los proyectos lleguen a buen fin”, señala Bruselas.

Fuentes comunitarias reconocen que no es fácil. Los tratados estipulan que los Estados tienen derecho a decidir o vetar proyectos que conciernen a su territorio. El propio Jorgensen constata que Francia “en ocasiones, se ha mostrado algo reacia a establecer más interconexiones”. Pero como adelantó en entrevista con EL PAÍS y otros medios la víspera, y ha reiterado al presentar la propuesta este miércoles, “incluso un país como Francia evita unos 40 apagones al año gracias a que está conectado con sus vecinos”. Bruselas promete una “mayor coordinación política” para impulsar estas autopistas y asegura que “cada proyecto se considerará prioritario a nivel de la UE, y la Comisión ayudará a los Estados miembros a otorgarles la misma prioridad a nivel nacional”.

En el caso de la autopista energética en los Pirineos entre España y Francia, que en realidad son dos proyectos de interconexión ya identificados como proyectos de interés común (PCI) o de interés mutuo (PMI) —y que son adicionales al proyecto de interconexión por el golfo de Vizcaya ya en marcha—, la Comisión fija como objetivo que estos dos planes adicionales permitan “aumentar la capacidad total de interconexión a 8 GW para 2040 —de los actuales 2,5 GW—, reforzar la resiliencia del sistema y reducir la restricción de las energías renovables”. Bruselas se compromete a trabajar para “facilitar una declaración política conjunta” para la próxima reunión ministerial del grupo de alto nivel del Sur-Oeste de Europa, en el primer trimestre de 2026, con el objetivo de “confirmar el inicio de la implementación de al menos uno de los proyectos y abordar los refuerzos necesarios de la red interna”.

Tampoco es una gran desconocida la segunda autopista identificada que atraviesa territorio español, el corredor de hidrógeno del suroeste, desde Portugal hasta Alemania que pretende suministrar hasta dos millones de toneladas de hidrógeno renovable al año para 2030. Pero la Comisión reconoce que hasta ahora los avances han sido “limitados” y que “persisten varios retos, entre ellos la falta de aceptación, los retrasos en la aplicación de la normativa, las dificultades para garantizar la financiación y coordinar las medidas de reducción de riesgos a lo largo del corredor, y las prioridades estratégicas de los Estados miembros para garantizar que el corredor reporte beneficios compartidos a todos los participantes”. Unos retos que se espera poder solventar con la designación ahora de proyecto prioritario como autopista energética, que permitirá, confía Bruselas, “intensificar los esfuerzos y facilitar los intercambios entre los Estados miembros sobre aspectos técnicos, financieros y de reducción de riesgos clave para el desarrollo del corredor”.

La factura de la energía sigue lastrando tanto a los hogares como a la competitividad de la industria europea. Si se lanza ahora este nuevo intento de impulsar las interconexiones, es porque pese a los avances logrados, “no se ha alcanzado el nivel de interconectividad entre los Estados miembros que permitiría una verdadera Unión de la Energía”, subraya Bruselas, que recuerda que varios Estados miembros, entre ellos España, “no están en vías de cumplir el objetivo de interconectividad del 15% para 2030”.

Además de las autopistas energéticas, Bruselas apuesta fuerte en otro acelerador: “simplificar y acortar” los tiempos de concesión de permisos para todas las infraestructuras de red, proyectos de energía renovable, proyectos de almacenamiento y estaciones de recarga. Actualmente, la media es de cinco años, que puede llegar hasta la década. “Demasiado lento”, subraya Bruselas. El nuevo objetivo es que “no duren más de dos años, con un máximo de tres para los proyectos más complejos”, ha acotado Jorgensen. Una simplificación, promete una Bruselas cuyo frenesí simplificador está pasando factura a muchos estándares medioambientales antaño sagrados, “que se realizará de forma que no comprometa la protección medioambiental”.

Para el eurodiputado español Nicolás González Casares, la propuesta final contiene algunas “mejoras” en cuanto a garantías medioambientales respecto de borradores previos. Aun así, confía en que durante durante el proceso legislativo -la propuesta debe ser estudiada tanto por el Consejo como el Parlamento- se puedan corregir algunos “desequilibrios” y garantizar que el paquete final refuerce la transición ecológica sin poner en riesgo estándares ambientales ni derechos de las comunidades.

“Europa debe acelerar sus redes y proyectos renovables, pero no a costa de debilitar garantías ambientales ni de generar inseguridad jurídica. La transición energética solo será un éxito si es rápida, pero también justa y sostenible”, sostiene González Casares, muy implicado desde el pasado mandato en legislación energética.