El dueño de Sargadelos dimite como CEO e invita a que le expropien en su enésimo pulso con Inspección de Trabajo

Después de sus reiterados órdagos, esta vez parece que Segismundo García, dueño de las factorías de cerámica Sargadelos, no va de farol, o al menos ha llegado muy lejos en su pulso con las autoridades. Después de inaugurar hace pocos días una nueva tienda de la marca en Barcelona, el empresario lucense acaba de comunicar al Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña su dimisión como CEO y gestor de las factorías, que dirigía de manera personal desde 2014, cuando asumió el rescate de este símbolo de la cultura gallega de la situación concursal.

Además, García ha anunciado a la plantilla, acostumbrada a los sobresaltos, la apertura de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) “por fuerza mayor con efecto desde el día 27” y hasta el 15 de diciembre. La causa de su repentina decisión se haya en una visita de Inspección de Trabajo, con la que el propietario mantiene un ya largo pulso por las condiciones de seguridad. Las medidas, en cualquier caso, afectan a la fábrica más antigua, la de Cervo (Lugo), pero queda al margen la factoría de O Castro, en Sada (A Coruña).

En una carta enviada al juzgado y a los medios de comunicación, García afirma que este giro de guion se debe a la “altanería”, “engreimiento” y “chulería” de la Inspección de Trabajo, que le “obliga” a “cesar en las funciones ejecutivas que venía realizando” hasta la fecha de este viernes. La motivación, recalca el propietario de la inmensa mayoría de las acciones, no es económica: “Se deja una empresa sin deudas, con amplia y recurrente tesorería, prestigiada en el mercado y en plena época de expansión”.

La situación no es nueva. El pasado abril, García mantuvo otro pulso con la Inspección de Trabajo a raíz de un expediente abierto tras detectarse que varias trabajadoras habían desarrollado silicosis en Cervo. También entonces mandó a los trabajadores a casa, pero él no dimitió, y en vez de un ERTE decretó unilateralmente una semana de vacaciones.

Este jueves, tres inspectores (descritos por el dueño como “astronautas”, vestidos para enfrentarse a materiales “altamente nocivos”) fueron a comprobar que se han llevado a cabo las mejoras de seguridad impuestas a la fábrica, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta de Galicia. Y de nuevo Segismundo García se sintió atacado y tomó medidas drásticas.

El mismo día de la visita de los inspectores, García redactó un comunicado en el que propuso incluso ser expropiado. Explicó que “la Xunta se había comprometido a facilitar los medios y permisos para mejorar, en lo posible, los procesos de fabricación” pero que, las obras “presuntamente necesarias” no habían comenzado. No obstante, puntualizó, la Administración autonómica había mandado a “unos expertos que certificaron la carencia de sustancias altamente patógenas o peligrosas“. En su escrito, y con su conocido sarcasmo, el empresario invita a ”dedicar estas instalaciones, después de la oportuna expropiación, a actividades museísticas o de ‘interpretación de la cerámica’, que seguro no generan partículas insalubres".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le ha pedido esta mañana “seriedad” y el “cumplimiento de la ley” después de trascender la noticia del ERTE para los 86 trabajadores de la planta de Cervo. El líder del PP gallego ha dicho, además, que el Gobierno gallego tratará de mediar en el conflicto, igual que hizo en primavera en el anterior envite de García. “Intentaremos hacer el papel que nos llevó a la solución, pero también somos conscientes de nuestras capacidades como autoridad laboral y exigiremos el cumplimiento de la ley”, ha comentado Rueda a los periodistas después de ser preguntado por el nuevo conflicto laboral de este icono gallego en manos privadas.

Este viernes a primera hora, los trabajadores de producción han acudido a su puesto y se han encontrado con las puertas cerradas. Pasadas las 10, Segismundo ha difundido a los medios las cartas enviadas al Juzgado de lo Mercantil y al personal de la fábrica. Los empleados han firmado un registro para dejar constancia de que habían acudido a su puesto y han permanecido a las puertas de la fábrica. Los empleados de oficina y mantenimiento sí han podido entrar, y el dueño llegó también más temprano que de costumbre.

En su carta de “dimisión”, Segismundo García critica la “abundantísima y, a veces, contradictoria legislación y normativa de todo tipo” que dificulta el funcionamiento de las empresas, y carga contra “la altanería, engreimiento y chulería de la inspección”.

A los empleados de producción, una plantilla que ha ampliado recientemente, les explica que la paralización ha sido “obligada” tras las “actuaciones y requerimientos formulados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con posibles riesgos asociados al polvo de sílice en determinados puestos de trabajo, que, de existir, pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores”.

“Tal situación nos obliga a interrumpir (confiemos que temporalmente) la actividad productiva en las áreas afectadas para garantizar plenamente la seguridad y salud de la plantilla”, continúa en el comunicado que firma. “Constituye una causa de fuerza mayor en los términos previstos en la normativa laboral”, añade.

El expediente de empleo, presentado en el registro de la Xunta este viernes a primera hora, afecta a 78 mujeres y ocho varones. Según informa Europa Press, la firma de esta documentación por parte de una de las trabajadoras ha provocado momentos de crispación entre una plantilla que en realidad carece de representación oficial desde hace años. El portavoz de la CIG (Confederación Intersindical Galega) Xorxe Caldeiro, que en abril y hoy se acercó hasta la fábrica para acompañar y asesorar a los trabajadores, ha criticado la forma de actuar del propietario, con “desvaríos” e “improvisación”.