El Gobierno ofrece a los empleados públicos una subida salarial acumulada del 10% en cuatro años

El Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a los sindicatos una subida salarial para los 3,5 millones de empleados públicos de alrededor del 10% acumulado para los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028, según han informado este miércoles fuentes de la negociación tras un encuentro entre el Gobierno y las federaciones de servicios públicos de CC OO y UGT y la central de funcionarios CSIF. Los pagos para el presente ejercicio se harán de forma retroactiva. El propio ministro del ramo, Óscar López, había señalado que con su oferta intentaría que estos trabajadores no perdieran poder adquisitivo. No obstante, según esta oferta, la subida no podrá superar más de un 4% en los dos primeros años, aclaran las mismas fuentes. Esto podría suponer una ligera pérdida de algunas décimas en estos dos primeros ejercicios respecto a las previsiones de inflación (2,5% para 2025 y 1,7% para 2026, según el Banco de España). Si bien, la subida acumulada para 2027 y 2028, que estaría en el entorno del 6%, podría compensarlo ya que las previsiones de inflación para esos años son algo inferiores.

No obstante, esta oferta del Ejecutivo podría ser algo superior, si desde Función Pública logran arrancar una mayor dotación presupuestaria al Ministerio de Hacienda, con quien mantendrán una reunión esta misma tarde. El encuentro de este miércoles —el tercero de esta nueva ronda de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo plurianual de salarios y empleo para los trabajadores de las administraciones— estaba destinado al capítulo salarial y tras la oferta realizada por Función Pública a las organizaciones sindicales, estas deberán decidir si apoyan la oferta definitiva del Gobierno o no y dar una respuesta en una reunión que se celebrará este mismo jueves, 20 de noviembre, según ha informado el Ministerio.

Fuentes del CSIF rechazan esta primera oferta, que, según indican, “no cubre la subida de los precios de 2025 y 2026″. Por ello apuntan que seguirán negociando un acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo. Según argumenta este sindicato, “el Gobierno está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y por tanto pensamos que hay margen para elevar la oferta”.

Además de las alzas salariales también se están negociando otras cuestiones relacionadas con el diseño de las ofertas de empleo público, contemplando el diseño de planes de recursos humanos que determinen las necesidades de personal, eliminando progresivamente la tasa de reposición, que suele limitar estas ofertas a las bajas que se producen por jubilaciones (aunque hay excepciones puntuales) y fomentando la estabilidad (uno de cada tres empleados públicos tiene un contrato eventual). De igual manera están discutiendo mejoras en los mecanismos de acceso al empleo público, fomentando la exigencia de otras capacidades distintas a los procesos memorísticos; así como el fomento de las carreras profesionales dentro del sector público, con mayores ofertas de promoción interna específicas y diferenciadas del turno libre.

El anterior Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI pactado por el Gobierno con CC OO y UGT, y al que no se sumó CSIF, articuló una senda salarial y medidas laborales para modernizar la función pública. En concreto, recogió aumentos retributivos acumulados (hasta el 9,5% según condiciones variables) repartidos entre 2022, 2023 y 2024, con cláusulas extra vinculadas al IPC y al PIB.

Asimismo este acuerdo incluyó pagos retroactivos (parte de 2022 aplicada en nóminas) y cláusulas de revisión que pueden activar subidas adicionales, algo que se repetirá para los incrementos de estos trabajadores en 2025, ya que las nóminas públicas están congeladas durante el presente ejercicio, salvo un incremento del 0,5% pagado este verano pero que correspondía a lo pactado para 2024. Los incrementos retributivos se vieron acompañados en este pacto con compromisos del Gobierno sobre jornada (impulso a las 35 horas semanales), clasificación profesional, jubilación parcial y estabilización de empleo. También estableció una negociación sobre teletrabajo, modernización digital y políticas para atraer y retener talento en las administraciones públicas.