El Parlamento de Canarias aprueba la ley que trata de frenar la expansión de los pisos turísticos

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas de Canarias tras 18 meses de tramitación. El texto ha contado con los votos a favor de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente (los partidos que sustentan la coalición de gobierno), y el voto en contra de PSOE, Nueva Canarias y Vox. Se trata, según han defendido los grupos de gobierno, de “una ley que ordena y regula” el alquiler vacacional, han insistido los portavoces de los grupos parlamentarios del Gobierno. “Esta ley no prohíbe, ha asegurado la consejera Jessica de León (Partido Popular). La oposición y la principal patronal de sector han cargado contra la ley, acusándola de favorecer a los grandes tenedores.

En abril había en Canarias 49.840 viviendas vacacionales disponibles, lo que supone un crecimiento interanual del 6,4%, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). La mayor parte de este tipo de viviendas está en Tenerife, que cuenta con el 41%. En Gran Canaria están ubicadas el 22%, seguida de Lanzarote (16%) y Fuerteventura (13%).

El aspecto más señalado del texto es que no se podrá convertir en piso turístico cualquier vivienda. La ley establece que solo podrán destinarse al uso turístico los inmuebles de al menos 35 metros cuadrados que dispongan de acceso independiente sin utilizar portales, escaleras o zonas comunes. Se refuerza, además, el papel de las comunidades de propietarios, que podrán prohibir o restringir en sus estatutos el alquiler vacacional, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo, que reconoce su capacidad para limitar usos económicos en inmuebles residenciales.

El uso turístico de viviendas queda prohibido en suelos rústicos protegidos, espacios naturales y zonas integradas en la Red Natura 2000, salvo autorización expresa en los planes de gestión ambiental o en los instrumentos de ordenación de los espacios protegidos. También se excluyen las áreas donde la presión turística o urbana supere los límites de sostenibilidad definidos por los estudios de capacidad de carga.

La ley introduce igualmente la obligación de que las viviendas cuenten con una antigüedad mínima antes de poder destinarse al turismo, para garantizar que durante un tiempo hayan cumplido su función residencial. Los ayuntamientos podrán adaptar este requisito según la realidad de cada municipio, pero siempre con el propósito de impedir que las promociones nuevas se construyan directamente con fines turísticos. Los planes urbanísticos deberán incluir además estudios de capacidad de carga que analicen la disponibilidad de vivienda, los servicios, la movilidad y el impacto ambiental antes de permitir nuevas habilitaciones.

En el ámbito urbano, la norma fija una reserva mínima del 90% del suelo residencial para vivienda habitual, lo que significa que solo el 10% podrá dedicarse a uso turístico. En las denominadas islas verdes —La Palma, La Gomera y El Hierro— ese margen se amplía hasta el 20%, dada su menor presión demográfica y turística. Los ayuntamientos podrán ajustar esos porcentajes, pero siempre con justificación técnica y respetando los principios de sostenibilidad y equilibrio social.

Otro de los límites clave aparece en los mercados residenciales tensionados. Cuando un municipio o área sea declarada como tal, quedará suspendida automáticamente la autorización de nuevas viviendas turísticas mientras dure la situación de tensión. La medida busca evitar que la conversión de viviendas en alojamientos vacacionales agrave la escasez de oferta para residentes o incremente los precios del alquiler. La ley también prohíbe expresamente que las viviendas de protección oficial (VPO) —aquellas sujetas a regímenes de promoción pública o precio limitado— se destinen al uso turístico.

El texto aprobado este miércoles no exige ya una autorización municipal previa, como sucede con otras actividades clasificadas. En su lugar, se mantiene el sistema de declaración responsable, que simplifica el procedimiento, con un control posterior a través de los cabildos insulares, que serán los encargados de gestionar el registro y la inspección. Esta declaración ha de asegurar que la vivienda cumple con los requisitos urbanísticos, de seguridad y accesibilidad. Cualquier falsedad o incumplimiento se considera infracción grave y puede implicar sanciones y la pérdida del título habilitante.

La consejera de Turismo, Jessica de León, ha admitido que ha sido una norma “difícil de interiorizar, difícil de explicar, y difícil de gestionar” durante su tramitación y ha valorado los votos de los grupos políticos que lo han otorgado “por estar al servicio del interés general y no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político”.

El diputado del PSOE Gustavo Santana ha asegurado esta mañana, por contra, que el texto aprobado no piensa “ni en los residentes ni en el interés general”, pues ha activado un “efecto llamada”, con más de 32.000 viviendas vacacionales más desde septiembre de 2023, y ha apuntado que la ley “favorece a los grandes tenedores”, ha lamentado la falta de cortesía parlamentaria al aprobar muy pocas enmiendas de la oposición y ha insistido en que se “beneficia” a los empresarios turísticos y “expulsa” a los residentes.

El sector ha acogido esta ley con profundo rechazo. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha vaticinado que la ley supondrá “la práctica erradicación de la vivienda vacacional en manos de miles de propietarios particulares en el archipiélago”, beneficiando solo a grandes tenedores y fondos de inversión.

“Por fin tenemos una norma clara”, ha expresado por contra el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, porque “marca los pasos que tienen que seguir los inversores”. El también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) cree que esta actividad “ha tenido intromisión” en la vivienda y ha resaltado la necesidad de ordenar el sector. “Llevamos diez años diciendo que este no es un problema de competencia, porque los hoteles seguimos funcionando, pero que, en cambio, es un problema social”.