Hacienda acelera las devoluciones a los mutualistas y reintegra 1.700 millones hasta septiembre

Acelerón en las devoluciones a los mutualistas que tributaron en el IRPF más de lo debido. La Agencia Tributaria ha reintegrado 1.700 millones de euros por este concepto en tan solo dos meses, agosto y septiembre, una cifra que supera en cerca de un 30% el importe reembolsado en todo el conjunto del año pasado. El impulso se explica por el giro que el Ministerio de Hacienda dio la pasada primavera en la tramitación de las devoluciones, permitiendo nuevamente que se pudieran solicitar en un único pago y, de facto, agilizándolas. Los ingresos del fisco, pese al cambio de criterio, no se han resentido: siguen avanzando viento en popa al calor del vigor que muestra la actividad económica, y crecieron un 10% en los primeros nueve meses del año, hasta los 225.747 millones de euros.

Tanto los cambios de criterios en el proceso de devolución como el camino que ha abierto la puerta a que los jubilados de las mutualidades reciban los reintegros suponen un culebrón. El origen de la historia se sitúa en los años setenta del siglo pasado, cuando se creó la Seguridad Social. Entonces, el legislador decretó que las cotizaciones pagadas por los trabajadores fueran deducibles en el impuesto sobre la renta, pero este beneficio no se amplió a los empleados que en lugar de pagar sus cuotas al nuevo organismo cotizaban a través de mutualidades laborales.

Tras varias carambolas legislativas y judiciales, el Tribunal Supremo dictaminó en 2023 que estos contribuyentes habían pagado de más en el IRPF, por no haberse podido deducir las cotizaciones sociales, y que debían ser compensados. Tras la sentencia, Hacienda puso a disposición de los afectados un formulario para que pidieran la devolución y los reintegros de los ejercicios no prescritos, los cuatro últimos, en un único pago. Pero en diciembre del año pasado paralizó el proceso y estableció que solo se pudiera reclamar lo tributado en exceso año por año. La razón, en palabras de la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue el “aluvión de solicitudes”.

Ante las presiones de los colectivos afectados, sindicatos y grupos políticos, el ministerio dio marcha atrás pocos meses después, y en marzo de este 2025 volvió a permitir que se pudiesen solicitar los reintegros en un único pago y que los importes correspondientes al año 2024 se incorporarán por defecto a la declaración del IRPF de la última campaña, automatizando los procesos.

“Las devoluciones a mutualistas (...) se empezaron a realizar de manera masiva en agosto. En estos dos meses se han realizado casi 1.700 millones con un impacto en los ingresos, desde el punto de vista diferencial respecto al año anterior, de 1.291 millones en el conjunto del año”, señala la Agencia Tributaria en su informe de recaudación relativo al mes de septiembre. El organismo aclara que en esos 1.700 millones —la factura total asciende a unos 6.000— se incluyen las devoluciones referentes a los últimos cuatro años no prescritos, y no a la renta de 2024 presentada en esta campaña.

La merma causada en los ingresos públicos por estas devoluciones ha sido, sin embargo, más que compensada por el brío de la propia recaudación y otros cambios normativos que han ido en la dirección contraria. Entre ellos está el nuevo tributo a la banca, que ha aportado más de 1.400 millones. También la vuelta a la normalidad en los tipos que gravan la energía —rebajados durante la crisis inflacionaria—, y en particular la completa recuperación del impuesto sobre la producción de la energía eléctrica, han impulsado los ingresos. “En conjunto, se estima que todas las medidas [los cambios normativos] han supuesto hasta septiembre un aumento de los ingresos de casi 5.700 millones”, señala la Agencia Tributaria.

A la vez, todas las grandes figuras fiscales aumentaron su aportación. Las cifras registradas hasta septiembre apuntan a un nuevo récord de recaudación para el año, reflejo de una actividad que crece más del doble de la zona euro, y una inflación que se resiste a volver a su cauce, y que en septiembre volvió a subir hasta el 3,1%, el dato más alto del año.

Los ingresos por IRPF, el impuesto más potente del sistema, avanzaron más de un 10% en el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio, hasta los 104.957 millones, al calor del vigor del mercado laboral y las subidas salariales —que, sin embargo, se han moderado en septiembre—.

El impuesto de sociedades también elevó su contribución al total de la recaudación, aunque con menos intensidad, entre otros motivos por las devoluciones realizadas tras la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la reforma del tributo de 2016, diseñada por el exministro del PP Cristóbal Montoro. Pese a ello, el comportamiento fue positivo. En el acumulado del año, y en línea con la buena marcha de los beneficios corporativos, brindó 15.004 millones de euros al fisco, un incremento del 0,7% que se eleva al 12% en términos homogéneos; es decir, una vez descontadas distorsiones como las devoluciones.

Los ingresos homogéneos por el IVA, influidos por la actividad, pero también por los precios, crecieron en el año un 10,1%, hasta los 75.090 millones; los impuestos especiales avanzaron un 5,3%, hasta los 17.172 millones.

El déficit se reduce

La buena marcha de la recaudación fiscal es uno de los elementos que mantiene el déficit por debajo del objetivo máximo que fijan las reglas comunitarias (3% del PIB) y de la tasa del año pasado. El desfase entre ingresos y gastos del conjunto de las Administraciones públicas —excluidos los ayuntamientos— fue negativo en 27.478 de euros hasta agosto, cifra equivalente al 1,64% del PIB, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Es una cifra casi una quinta parte inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024. Si se descuenta el gasto por la dana, el agujero se reduciría hasta los 23.880 millones, resultado de un avance de los ingresos (7,4%) más intenso al de los gastos (5,3%).

Las comunidades autónomas mantuvieron su superávit —ingresaron más de lo que gastaron—, aunque este se redujo a 596 millones, frente a los 1.240 millones del año pasado, pero hasta siete comunidades registraron números rojos —los más abultados, de la Comunidad Valenciana y Murcia—. También la Seguridad Social llegó al mes de agosto en positivo, con un superávit de 7.517 millones, casi el triple que en el mismo periodo de 2024, gracias a los mayores ingresos por cotizaciones y las mayores transferencias del Estado.

El ministerio también ha publicado los datos presupuestarios del Estado, el subsector que acumula el grueso tanto del gasto como de los ingresos, en este caso hasta el mes de septiembre. El desfase fue negativo en un 1,9%. El Gobierno tiene como objetivo corregir el déficit del conjunto de las Administraciones públicas hasta el 2,5% para el cierre del año, una reducción que fía más al crecimiento económico que a medidas de ajuste.