La industria solar pide ayuda al Gobierno para salvar 1.200 millones de exportación afectada por los aranceles de Trump

Preocupación entre los fabricantes de material fotovoltaico español por los nuevos aranceles aplicados por la Administración Trump sobre sus productos. La incertidumbre generada sobre estas compañías ha llevado a la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) a trasladar al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ayuda para afrontar este problema, que afecta a exportaciones de bienes a EE UU por valor de 1.200 millones de euros al año, según cifras internas de la patronal a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Se trata de una industria que vende a Estados Unidos más que otros sectores nacionales también muy impactados con la nueva tarifa del 15% aplicada sobre toda la Unión Europea desde el pasado mes de agosto, como los exportadores de vino o aceite. El sector del aceite vendió en 2024 al gigante norteamericano productos por valor de más de 1.000 millones de euros, según datos del Departamento de Aduanas de EE UU. La Federación Española de Vino señala que el pasado año se vendieron unos 390 millones de euros.

Aunque mucho menos visible ante la opinión pública, la industria de fabricación de componentes fotovoltaicos españoles son una potencia a nivel mundial y figuran entre los principales suministradores de EE UU, no solo a las grandes multinacionales españolas como Iberdrola, Repsol o Naturgy, sino a otras corporaciones mundiales con presencia en suelo americano.

Entre los afectados por los nuevos aranceles aparecen grandes empresas que son tractoras de economía en sus lugares de producción como Ingeteam, Power Electronics, PVHardware, Gonvarri Solar Steel o Soltec. Estos operan en lugares como Navarra, País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana o Murcia, entre otros lugares. UNEF transmitió a Hereu el pasado martes en sede del Ministerio de Industria que el sector fotovoltaico generó casi 150.000 empleos entre directos e indirectos.

La industria nacional tiene capacidad para proveer el 70% de los componentes de las plantas fotovoltaicas. Entre los mismos, destaca la producción de dispositivos de electrónica de potencia o seguidores solares o estructuras metálicas. Esto además genera actividad en sectores como la metalurgia, el vidrio o la electrónica. También tracciona la economía de determinadas zonas rurales. A todo ello hay que sumar las ingenierías españolas que también exportan al exterior y forman parte de este ecosistema afectado por la Administración Trump. En 2024, se envió material solar y servicios de ingeniería españoles por valor de más de 3.400 millones de euros al resto del mundo, de los que más de un tercio son esos 1.200 millones a Estados Unidos, que en los últimos años está desplegando ingentes proyectos de energías limpias.

El objetivo del sector es que el Gobierno sea cada vez más consciente de esta realidad y sumar el mayor número de voces dentro del Consejo de Ministros sensibilizados con la causa que puedan aportar soluciones, señalan fuentes al tanto de la situación. El ministro de Industria recibió toda la información sobre esta realidad industrial, pero en materia de aranceles y de energía son el Ministerio de Economía y de Transición Ecológica quienes suman más competencias. También existe diálogo con esos departamentos, añaden las fuentes consultadas. Desde el Ministerio de Industria recuerdan que tanto Jordi Hereu como otros ministros como Carlos Cuerpo (Economía) o Luis Planas (Agricultura) se han reunido la pasada semana con sectores afectados por los aranceles como la metalurgia o la química para conocer de primera mano la situación de cada una de estas ramas de actividad. Ya en abril, el presidente del Gobierno anunció más de 14.000 millones de financiación y avales para paliar este problema.

El director general de UNEF, José Donoso, lanzó propuestas al ministro Hereu este martes tanto de corte industrial como regulatorio. Pero antes de todo, solicita que se clasifiquen como materiales críticos y se excluyan del arancel, algo que pocos confían en el sector en que pueda materializarse.

Entre las mismas, destacan incentivos a la fabricación nacional de módulos, electrónica de potencia y baterías, programas de apoyo a inversión productiva (CAPEX), I+D+i en tecnologías solares o bonificaciones fiscales y deducciones por inversión verde.

También solicitan la simplificación de permisos para proyectos industriales, apoyo a la estabilidad regulatoria o el refuerzo del marco de concursos de demanda, subastas con criterios industriales y de sostenibilidad. Unas medidas cada vez más difíciles de lograr a tenor del actual bloqueo parlamentario. El Congreso de los Diputados tumbó el ultimo real decreto que venía a amortiguar algunos de estos problemas tras la decisión de PP, Podemos, Vox y Junts de no apoyar la propuesta del Gobierno.

Al margen de lo anterior, desde UNEF trasladaron a Industria también incentivar la inversión en tecnologías en España y utilizar los criterios no relacionados con el precio como criterios de bonificación y no como criterios de precalificación para evitar penalizar al sector fotovoltaico, en particular en el caso de componentes que no se fabrican en España. Según concluyen, esta industria es un activo estratégico nacional, impulsa industria limpia, competitiva y resiliente, genera empleo cualificado y reduce dependencia energética exterior.

Recrudecimiento

Las tarifas contra la industria renovable española no solo afectan al sector fotovoltaico y, además, el problema viene de lejos. Ya la anterior administración Trump lanzó una investigación contra los fabricantes de torres eólicas españolas, después de las denuncias presentadas por fabricantes estadounidenses. Dicho arancel ya entró en vigor durante la Administración demócrata del anterior presidente, Joe Biden. Esto impactó directamente sobre los proveedores de las principales multinacionales eólicas que fabrican en España. Principalmente, Windar, GRI, Haizea Wind o Nordex. Tanto Trump como Biden acusaron a estas empresas de estar haciendo dumping ilegal contra los productores estadounidenses.

Pero ahora el nuevo Gobierno federal ha recrudecido su política arancelaria. Según su hipótesis, los aranceles aplicados provocarán que las industrias afectadas se relocalicen en EE UU, generando allí el empleo y la riqueza. Sin embargo, hay economistas que dudan de que ese plan tenga efecto. Sea como fuere, algunas de las empresas españolas ahora afectadas ya llevan tiempo tratando de ganar presencia sobre el terreno estadounidense para evitar precisamente las distorsiones que generan las tarifas en el comercio internacional. Está por ver si el deterioro que podría provocar las menores ventas al gigante estadounidense provoca que tomen decisiones de producir en sus fábricas del otro lado del charco en detrimento de las plantas españolas, con el consiguiente traslado de actividad económica que ello provocaría.