Nueva derrota judicial de España en Australia ante reclamaciones de 500 millones por el recorte a las renovables

Los fondos que demandaron a España por el recorte de primas a las renovables de hace más de una década intensifican la presión sobre el Gobierno. Según señalan fuentes próximas a los demandantes, la justicia australiana ha ordenado este viernes ejecutar laudos renovables contra España por valor de 469 millones de euros, a lo que habrá que sumar intereses de demora y costas, por lo que el golpe podría escalar a alrededor de 500 millones.

“El Juez Stewart ha rechazado de plano los argumentos de inmunidad soberana presentados por el Estado español y ha dado la razón a los demandantes en todos los puntos del fallo”, aseguran dichas fuentes, que añaden que “el magistrado subrayó en su sentencia que España no puede ampararse en argumentos de inmunidad soberana para evitar el pago de laudos vinculantes. También criticó la estrategia procesal de la Abogacía del Estado, que calificó de “poco útil y gravosa”.

En línea con lo anterior, la sentencia no solo rechaza todas las defensas de España, sino que además impone costas contra el Reino e incluso contra la Comisión Europea, cuya intervención en apoyo a España fue desestimada por irrelevante y repetitiva, añaden las fuentes consultadas. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han declinado hacer comentarios.

En concreto, son cuatro los casos de inversión que han ganado en este litigio y que también están reclamando en otras jurisdicciones como Reino Unido o Estados Unidos. Varios de los casos son propiedad del fondo Blasket Renewable Investment. Las cuantías por las que se pide convalidar el laudo son 59,6 millones de euros en el caso RREEF, 41,76 millones de euros en el caso de 9REN, 77 millones de euros en el caso Watkins y 290,6 millones de euros en el caso NextEra, la mayor eléctrica del mundo que recientemente también ha ejecutado nuevas acciones judiciales en EE UU, su país de origen.

Con esta victoria en Australia, que no es la primera que se da allí por esta causa, los inversores podrían solicitar el embargo de bienes del Reino de España en el gigante oceánico como cobro ante la negativa del Ejecutivo a pagar por estos laudos. Fuentes próximas al caso señalan que estos inversores tenían en el punto de mira los buques que la empresa pública española Navantia ha fabricado para la Armada de Australia y que podría intentar quedarse para cobrar.

Hasta ahora, el Gobierno de España se ha negado a pagar ninguna indemnización de los 1.400 millones que aseguran los inversores que adeuda el Estado por esta causa. Su argumento es que prevalece el derecho comunitario sobre el Tratado de la Carta de la Energía en que se basan los arbitrajes. También justifican la negativa a pagar en que sería una ayuda de Estado ilegal incompatible con el derecho europeo. Sólo ha habido un caso donde la UE entendió que verdaderamente se trataba de un inversor extracomunitario al que era legítimo indemnizar. Ahora los fondos lamentan que “ante la falta de avances en el resto de casos, los inversores seguirán recurriendo a embargos en el extranjero”.

La disputa se juega a múltiples niveles y la resolución de esta disputa judicial aún es incierta. En octubre de 2024, por primera vez dos tribunales arbitrales del CIADI apreciaron que no tenían jurisdicción al tratarse de disputas puramente europeas, lo que la Abogacía del Estado tomó como un punto de inflexión en estos litigios. Esto se sumaba al criterio similar expresado por la Cámara de Comercio de Estocolmo, que previamente se había expresado en la misma línea de prevalencia del derecho comunitario sobre el Tratado de la Carta de la Energía.

Esta no es la única derrota sufrida por la Abogacía del Estado este mes de agosto. Hace dos semanas recibió un triple golpe judicial en EE UU. Los inversores afectados en estos casos aseguraban ya en 2024 que en Londres la justicia autorizó cautelarmente la intervención de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio que ocupa el organismo económico del gobierno catalán ACCIÓ y el inmueble y la propiedad donde se ubica la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Además, los tribunales de Gran Bretaña embargaron también el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, donde controla el 51% de la operativa. No obstante, este embargo fue neutralizado posteriormente dado que el gestor aeroportuario también es de titularidad privada.

También se han incautado cautelarmente los ingresos que recibe España de Eurocontrol o cuatro cuentas de banco y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un pago de más de 900 millones de euros.