La UGT llevará a la Inspección de Trabajo la precariedad de los trabajadores de extinción de incendios

La Unión General de Trabajadores ha denunciado este martes que los incendios forestales de agosto, que llevan arrasadas más de 400.000 hectáreas en España, han puesto en evidencia la precariedad laboral que sufren quienes combaten el fuego en la primera línea. Una situación que “se agrava año tras año, ha destacado Victoria Corbacho, secretaria de Administración Local y Autonómica de UGT Servicios Públicos, en alusión a las condiciones en que desempeñan su trabajo bomberos y agentes forestales. Corbacho ha adelantado que el sindicato recopilará todos los datos de vulneraciones sufridas por los empleados de los servicios de extinción en las últimas semanas para llevarlos ante la Inspección de Trabajo. Y denunciará a las Administraciones Públicas y empresas implicadas que hayan realizado “faltas directas a la salud de los trabajadores”.

Entre las situaciones de precariedad detectadas destacan el exceso de horas, con jornadas laborales que superaron las 12 horas y descansos escasos o nulos, así como la falta de agua o de espacios adecuados para pernoctar, lo que impide asegurar la higiene y la intimidad de los profesionales. “Tenemos compañeros que han sido evacuados por deshidratación, y duermen en barracones, en polideportivos, en malas condiciones”, ha relatado el responsable de Bomberos Forestales de UGT, Francisco Javier García. “Hay que apostar por unas medidas reguladas por la ley básica. Las condiciones no pueden depender de dónde estés o de la suerte que tengas”, ha añadido.

García ha incidido en la falta de homogeneidad de las circunstancias laborales de los bomberos forestales en España, con brechas salariales entre comunidades que alcanzan los 10.000 euros anuales. Mientras un bombero forestal en la Comunidad Valenciana puede llegar a cobrar 28.600 euros anuales —sin devengos ni antigüedad—, el sueldo de uno en Castilla y León alcanza apenas los 18.200 euros. “La ley básica no se está cumpliendo; las Administraciones tienen que tomar medidas ya: los coeficientes reductores, la edad de jubilación y la jornada de trabajo son cuestiones que hay que regular”, ha declarado el representante de UGT.

Según los cálculos del sindicato, en España hay alrededor de 25.000 bomberos forestales sujetos a destinos modelos. Dado que las competencias de extinción son de las comunidades autónomas, cada una opta por dispositivos públicos, privados o mixtos. La UGT considera que los mayores problemas se dan en la gestión privada con casos de licitaciones en las que se dan bajas temerarias —oferta económica en un proceso de licitación cuyo precio es significativamente inferior al de mercado o al presupuesto—.

“Cuando empiezan a meter la mano empresas privadas se prioriza lo económico y se deja de invertir en equipos o formación”, ha criticado Carbacho, quien ha señalado que en Castilla y León, una de las comunidades más afectadas por los últimos incendios, hay 35 empresas privadas dedicadas a la extinción de focos de calor. Por ello, el sindicato reivindica la importancia de apostar por los servicios públicos, redimensionar plantillas formadas y profesionales, y la necesidad de contar con un dispositivo de detección y prevención operativo durante todo el año.

Plantillas reducidas y envejecidas

Por su parte, el portavoz del sindicato profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT, Juanma Antón, ha manifestado que es necesario reforzar un servicio menguado y envejecido. “Hemos pasado de 10.000 funcionarios a ser apenas 6.000 y además con plantillas envejecidas con una edad media de 50 años”, ha detallado. Además, ha explicado que él y sus compañeros desempeñan “un papel esencial en el marco de vigilancia y detección temprana de focos, aplicando la legislación, y en la promoción de buenas prácticas de gestión forestal”.

Antón ha lamentado que entre las propuestas presentadas por el Partido Popular este lunes ante la crisis desatada por los incendios no haya mención al colectivo de trabajadores. Ante propuestas como el aumento de penas por provocar incendios o el registro de pirómanos, el agente forestal ha matizado que estos casos son reducidos (en torno al 6%), y que el 90% de los incendios se deben a accidentes o negligencias. Sin embargo, ha apuntado que mientras no existan los agentes forestales suficientes la dificultad para investigar las causas de los fuegos o detener a los posibles responsables será mayor.