Golpe al fraude de las bebidas alcohólicas sin IVA: desarticulada una trama de 93 empresas y 69 millones evadidos

Nuevo golpe en España a las mafias del IVA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria) han desarticulado una trama criminal especializada en el fraude masivo de este impuesto en la compraventa de bebidas alcohólicas con la detención de ocho de sus presuntos integrantes, según han informado este jueves los ministerios del Interior y Hacienda.

La operación, que ha sido dirigida por la Fiscalía Europea, ha permitido destapar un fraude cercano a los 69 millones de euros cometido entre 2018 y 2024. La defraudación fue cometida mediante un complejo entramado de sociedades y testaferros para eludir el pago del IVA por la compraventa de cientos de miles de botellas de licores de todo tipo por el equivalente a 8,2 millones de litros de alcohol puro, según estimaciones de los investigadores.

La organización ahora desmantelada contaba con 93 empresas en España, Alemania, Portugal, Malta y las Islas Turcas y Caicos ―un territorio británico en el mar Caribe con una fiscalidad muy baja― “a través de la que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva que sometían a procedimientos de blanqueo de capitales”, destaca la nota. Entre estas compañías había lo que en la jerga se conoce como intermediarios ficticios o sociedades truchas —sin estructura ni empleados, encabezadas por testaferros, que no cumplen sus obligaciones fiscales y desaparecían a los cuatro o seis meses de crearse—, otras pantallas—que aparentan cierta actividad y pagan impuestos, aunque solo funcionan como mucho dos años— y empresas de distribución aparentemente legales.

La bautizada como Operación Gallagher ha incluido 19 registros en locales de empresas y viviendas de los sospechosos en Barcelona, Cádiz, A Coruña, Madrid y Valencia, así como en la habitación de un hotel de lujo de Ibiza donde se alojaba uno de los tres presuntos cabecillas. Varios de estos tenían antecedentes por hechos similares. En estos registros, los agentes han intervenido un yate, cinco vehículos de alta gama (entre ellos tres Porsche), 34 relojes de lujo y 333.085 euros en efectivo. También se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias con un saldo superior a 700.000 euros y se ha dictado una orden para embargar 21 inmuebles. Los arrestados están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Las pesquisas se iniciaron en 2023 después de que el Área Regional de Inspección de la AEAT en Valencia detectase los primeros indicios de un fraude masivo a través de un depósito fiscal de bebidas alcohólicas situado en una pequeña localidad cercana a la ciudad de Valencia y presentase una denuncia ante la Fiscalía Europea. La posterior investigación ha revelado que los ahora detenidos adquirían grandes cantidades de alcohol en otros países de la UE y lo trasladaban hasta este depósito ―también tenían instalaciones de este tipo en Países Bajos y Portugal―, operación por la que no debían pagar el IVA aprovechando el régimen de tributación transitorio existente para este impuesto en las operaciones intracomunitarias.

Una vez allí, la trama utilizaba empresas truchas controladas por ella para adquirir el alcohol y venderlo posteriormente a otras empresas de la red. En esa segunda venta, estos intermediarios ficticios facturaban con el IVA del 21%, al tratarse ya de una operación dentro del mismo país, pero nunca ingresaban el impuesto a la Hacienda pública. Cuando la Agencia Tributaria comprobaba que no habían realizado este ingreso y lo reclamaba, esta sociedad había desaparecido dejando tras de sí el simple nombre de un testaferro, en la mayoría de los casos personas con escasos recursos que habían aceptado figurar como titulares de las empresas y sus cuentas bancarias a cambio de una pequeña cantidad de dinero. La trama iba creando de manera continúa sociedades de este tipo para extender en el tiempo su actividad delictiva.

Mientras tanto, las empresas que habían adquirido las bebidas alcohólicas a estas sociedades trucha eran, en realidad, empresas pantalla que, si bien declaraban haber pagado el IVA, vendían la mercancía a un tercer escalón de la red formado por empresas de distribución. Estas eran las que, finalmente, comercializaban las botellas a los mayoristas que terminaban vendiéndolas a los clientes particulares. De este modo, la organización ofertaba la mercancía a un precio muy inferior al de la competencia gracias al margen que le daba el fraude previo del IVA, por lo que llegaban a acaparar parte del mercado.

Las actividades presuntamente delictivas de la trama no acababan ahí. La investigación apunta a que la red disponía también de una estructura financiera para blanquear los beneficios obtenidos, para lo que hacían que el dinero circulara en muy pocos días entre diferentes cuentas bancarias de varias empresas para dificultar su rastreo. La organización estaba dirigida presuntamente por tres ciudadanos españoles que había logrado no figurar vinculados formalmente a las empresas implicadas para que las supuestas irregularidades penales cayeran únicamente en los testaferros que las encabezaban.