El Defensor del Pueblo pide al Gobierno, las comunidades y 10 ayuntamientos el detalle de sus políticas de vivienda
La institución inicia “30 actuaciones de oficio” para recopilar información sobre las políticas que deben garantizar el acceso a una vivienda digna


El Defensor del Pueblo ha anunciado este jueves que ha iniciado “30 actuaciones de oficio” para recabar información de distintas Administraciones sobre sus políticas de vivienda. En concreto, Ángel Gabilondo ha cursado peticiones para el Ministerio de Vivienda, todas las comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas y los 10 ayuntamientos más poblados de España. El objetivo es “conocer las políticas públicas que están llevando a cabo para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada”.
Para ello, el Defensor ha pedido que le detallen el número de viviendas protegidas y asequibles que hay en cada uno de sus territorios. Asimismo, demanda saber cuántas personas hay en lista de espera para acceder a una vivienda pública o asequible incentivada; y también cuáles son las medidas encaminadas a incrementar el parque de este este tipo de inmuebles, así como si tienen áreas de mercado residencial tensionado o si piensan aplicar medidas previstas en la ley estatal de vivienda.
Además, la institución quiere saber si prevén adoptar medidas para limitar los pisos turísticos y también si contemplan ayudas para el pago del alquiler. En definitiva, les solicita saber los “planes que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda”.
La iniciativa, afirma el Defensor en una nota que ha hecho pública este jueves, se enmarca en “un derecho reconocido en el artículo 47 de las Constitución que los poderes públicos deben hacer realidad”. Y recuerda que la materia ha sido objeto de especial atención en los últimos informes anuales de la institución.
Además de esa información, al Ministerio de Vivienda le ha preguntado por el contenido del próximo plan estatal de vivienda, con vigencia entre 2026 y 2029, que debería quedar aprobado a lo largo de este ejercicio. Y también por la empresa estatal de vivienda y los planes de edificación que el Gobierno ha ido anunciando en los últimos años.
Los ayuntamientos a los que se ha solicitado información son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. Gabilondo justifica esta petición a los municipios más poblados porque, aunque “la situación de dificultad de acceso a la vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes”, esta es “más intensa en aquellos territorios con más población y más receptores de turismo”.
El Defensor aprovecha el anuncio para expresar que en España “se necesitan más viviendas protegidas” ya que este aspecto “destaca negativamente en el entorno europeo”. Cifra el parque de vivienda social, conforme al último boletín que publicó el ministerio, en el 3,3%, frente a la media europea del 10%. Esto redunda en dificultades para alquilar o comprar una casa, una situación que “afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos”. “Esto ahonda la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos”, concluye la nota.
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