Consumo envía a Almeida las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales para su cierre inmediato

La cruzada del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los pisos turísticos ilegales en Madrid se intensifica. A finales de marzo, el ministro Pablo Bustinduy remitió un primer informe elaborado por la Unidad de Análisis de Consumo en el que se concluía que había 15.240 pisos turísticos ilegales, tras cruzar el número de anuncios de estas viviendas en plataformas como Airbnb o Booking (16.335) con el número de licencias concedidas (1.131).

Tres meses después, el Ministerio ha entregado esta mañana al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, un nuevo archivo digital en el que se detallan las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para iniciar la labor inspectora y su posterior cierre. De esas 3.565 direcciones, 1.218 ya se facilitaron en marzo y ahora se han incorporado otras 2.347. Cada dirección va acompañada del anuncio de la vivienda en una plataforma de alquiler, lo que, según Consumo, demuestra que actualmente están operativos.

Junto al informe, Bustinduy ha remitido una carta a Martínez Almeida en la que precisa que el objetivo de este envío es facilitar la labor inspectora y contribuir a recuperar vivienda para uso residencial. “Con el ánimo de seguir colaborando con las administraciones competentes en esta materia y ante el persistente problema que afronta la ciudad de Madrid, con más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales operando, desde el Ministerio les remitimos nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación”. Desde Consumo reclaman al Ayuntamiento de Madrid “voluntad política y una actuación decidida, siguiendo ejemplos como el del Ayuntamiento de Barcelona, que durante el mandato de Ada Colau consiguió cerrar 7.000 pisos turísticos ilegales y recuperar 3.000 para el mercado de vivienda habitual”.

La batalla de Consumo no solo se ha centrado en las administraciones, con Madrid y Barcelona en el foco, si no que también ha puesto en su punto de mira a las dos grandes plataformas de alquiler de pisos turísticos (Airbnb y Booking). A la primera le ordenó el bloqueo y la desaparición de 66.000 anuncios ilegales bien porque no tuvieran licencia, porque contuvieran errores en el número de licencia o porque no identificaran si el arrendador era particular o profesional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha tumbado dos veces la petición de medidas cautelares solicitadas por la plataforma estadounidense.

En el caso de Booking, el Ministerio anunció el pasado jueves que la plataforma había procedido a la eliminación de 4.093 anuncios de pisos turísticos, la mayoría de ellos ubicados en Canarias, tras el envío de un primer requerimiento. Además del archipiélago canario, Booking habría eliminado anuncios localizados en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla la Mancha. En un comunicado, el ministerio dirigido por Bustinduy puso en valor la colaboración de Booking “tras el envío de este primer requerimiento para que los anuncios de pisos turísticos se ajusten a la legalidad vigente y ofrezcan todas las garantías a las personas consumidoras”.