La justicia tumba el segundo recurso de Airbnb contra el bloqueo de 66.000 anuncios de pisos turísticos

Nuevo revés judicial en la batalla que mantiene la plataforma Airbnb con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para acabar con la oferta ilegal de pisos turísticos sin licencia para operar.

Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el pasado 6 de mayo el recurso presentado por Airbnb contra una primera resolución de Consumo, que afectaba a 5.800 anuncios de viviendas turísticas en seis comunidades autónomas diferentes (Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco), ese mismo tribunal ha emitido esta mañana un nuevo auto, en el que vuelve a rechazar las medidas cautelares que la plataforma solicitó de nuevo contra la primera resolución, tal y como ha avanzado esta mañana el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy. “Tras este segundo auto, esos 5.800 anuncios deben ser retirados, tal y como requirió la Dirección General de Consumo”, apuntó Bustinduy.

En el auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, al que ha tenido acceso este periódico, los magistrados entendieron que no se daban los requisitos legales para ordenar la paralización del procedimiento de Consumo, al entender que no se estaban ocasionando perjuicios “necesariamente irreparables”. Y también descartaron el argumento de Airbnb acerca de que la Administración cuenta con medios “más eficaces y proporcionales para la finalidad perseguida”.

Con este auto, Consumo entendió que la justicia respaldaba su criterio y ordenó el bloqueo de los anuncios. En verdad, en las piezas de medidas cautelares, los magistrados no pueden entrar en el fondo del asunto (de hecho, el auto de mayo destaca que, en este caso concreto, estimar la suspensión del procedimiento administrativo implicaría resolver la cuestión), por lo que lo hará posteriormente cuando entre a valorar la legalidad o no de la decisión de la administración. Mientras tanto, como no existe ningún impedimento, la orden de eliminar los anuncios sigue vigente, más aún después de este segundo auto.

En total, Consumo remitió tres resoluciones a Airbnb asegurando que había detectado 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas y en ellas se instaba a la plataforma a retirarlos por tres motivos. En primer lugar argumentaba que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias de las autonomías objeto de la investigación.

Consumo también apunta a que los anuncios no precisan la naturaleza jurídica de los arrendadores y que saber si los caseros son profesionales o particulares “es una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no”. De hecho, el Ministerio tiene abierto un expediente sancionador a varias gestoras de pisos turísticos por hacerse pasar por particulares para alquilar su cartera de viviendas. Entre los beneficios que pueden obtener ocultando su verdadera identidad se encuentra el de esquivar la obligación legal de contar con un servicio de atención al cliente para atender posibles reclamaciones. El tercer hecho denunciado por Consumo es que hay anuncios que incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. “Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras”.

En paralelo a la batalla judicial también se ha iniciado una guerra informativa para defenderse de las “acusaciones infundadas” desde las distintas administraciones. El director general de Airbnb en España y Portugal, Jaime Rodríguez, fue el encargado de presentar un informe, difundido de forma simultánea en toda Europa, en el que acusaba a los distintos gobiernos de la crisis de vivienda que quieren achacar a la plataforma. “Solo se han construido 83.000 unidades al año en los últimos trece ejercicios, lo que significa el ritmo más lento de la serie histórica. Un ritmo que contrasta con las 549.000 anuales registradas en los diez años anteriores y con el crecimiento de los hogares. Solo en 2022 y 2023 se crearon 233.000 cada año, cinco veces más que en 2015″. Barcelona quiere prohibir los pisos turísticos en 2028 y Madrid ya los ha vetado en el centro de la ciudad para tratar de corregir la crisis de vivienda que viven ambos destinos, tanto de oferta como de precios.