El Gobierno permitirá al País Vasco crear más empleo público en Justicia que al resto de España

El Ministerio de Función Pública ha anunciado este lunes a los sindicatos de la mesa de la Administración General del Estado que la próxima oferta de empleo público para este año contendrá una tasa adicional de reposición (porcentaje de bajas que se pueden sustituir con nuevas plazas) para el País Vasco. En concreto, esta medida se circunscribirá al sector de la Justicia y permitirá al Ejecutivo vasco crear más plazas de empleo público en dichas áreas que las que se puedan sacar a concurso en resto de España, al fijar una tasa de reposición por encima de los criterios comunes para el resto del territorio nacional, según han desvelado desde el sindicato de funcionarios CSIF.

Desde el Ministerio de Función pública aseguran que este cambio está ya aprobado en la Ley Orgánica de eficiencia procesal y se encuentra incluso en vigor al haber terminado el plazo de tres meses de vacatio legis que incluía la norma. En concreto, el texto aprobado refleja que “con carácter excepcional y hasta que en el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco la tasa de interinidad en los puestos de trabajo singularizados por razón de idioma sea inferior al 8%”, en las ofertas de empleo público, el Ministerio de Justicia reservará un cupo de plazas vacantes singularizadas de acceso libre en las que se establecerá como requisito la acreditación del perfil lingüístico correspondiente del idioma cooficial.

Sin embargo, los representantes del CSIF destacan el anuncio de una tasa adicional de reposición, más allá de lo aprobado en la ley de eficiencia procesal, que han hecho los responsables de Función Pública durante la segunda reunión celebrada este lunes para negociar la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 en la Administración General del Estado.

Ante esto, han trasladado a los responsables gubernamentales su rechazo a esta iniciativa “porque supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben los ciudadanos, dado que podrán reforzar sus plantillas públicas por encima del resto de territorios”.

Esta eliminación territorial y sectorial de la tasa de reposición solo para el personal de justicia del País Vasco se enmarcaría, según el CSIF, dentro del acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV. Dicho pacto recoge que “en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Constitución y, con respeto a la autonomía financiera que ejercen las instituciones de los territorios forales, se podrán consensuar en el seno de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio, las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios”. Así, este texto extendería esta posibilidad a la Comunidad Foral de Navarra, pero fuentes de la negociación la limitan al País Vasco.

Cuando se conoció este acuerdo CSIF ya mostró su rechazo a la tasa de reposición diferencial, así como a la posibilidad, también incluida en el pacto, de que la comunidad vasca aprobara incrementos en las retribuciones de sus empleados públicos por encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.

Una oferta algo inferior

Al margen de esta cuestión, en la reunión de este lunes para diseñar la oferta de empleo público para el presente ejercicio, los responsables de Función Pública han seguido sin aportar una cifra de plazas públicas que se podrían ofertar en 2025 para la Administración General del Estado (AGE). Si bien fuentes de la negociación aseguran que la cifra final, aunque se situará en el entorno de la oferta récord del año pasado (40.146 plazas), no superará esta cifra.

El departamento de Óscar López, no aportó datos globales de la oferta de empleo público, más allá del criterio general de que se creará empleo neto y que se reforzarán las plazas de atención al ciudadano de organismos como el SEPE, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico (DGT). En el encuentro de este lunes, los responsables de Función Pública sí han indicado que solo el año pasado se perdieron 22.000 efectivos, prácticamente los equivalentes a todo el empleo amortizado en la última década, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas y los límites a la tasa de reposición.

En este sentido, CSIF ha anunciado que “no avalará con su firma una oferta de empleo público discriminatoria, que impida reducir el déficit de plantillas y frene la renovación generacional en el resto del Estado”. Además, el 21% de la plantilla (más de 45.000 personas) tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en edad de la jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.