La oferta de empleo público para este año reforzará los puestos de atención al ciudadano

Los sindicatos esperan que la oferta de empleo público para 2025, que han empezado a negociar este jueves con los responsables de Función Pública, sea similar a la del año pasado, que supuso un récord de más de 31.400 plazas para la Administración General del Estado (AGE) y otros 8.600 para las Fuerzas de Seguridad del Estado y Justicia. En total superaron, por primera vez, las 40.000 plazas. En esta primera reunión, los responsables gubernamentales no han facilitado cifras a los sindicatos, pero sí les han adelantado que la oferta reforzará con más intensidad los puestos de atención al público de organismos como el Servicio Público de Empleo (Sepe), la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico (DGT), indican fuentes de la negociación.

La oferta que se ha empezado a negociar ahora y que proseguirá el lunes, con una nueva reunión, se circunscribe a la AGE y mantendrá los límites presupuestarios que marca la prórroga de las cuentas públicas, según han indicado las mismas fuentes. Así, en consonancia con el año pasado, las plazas para el turno libre podrían ser parecidas a las ofertadas en 2024 (algo más de 20.800) mientras que para las de promoción interna, si se cumple estrictamente la limitación que fija que solo se repondrán el 30% de las bajas, será algo menor que la del ejercicio pasado. Además, como novedad, se prevé una oferta extraordinaria para las jubilaciones parciales anticipadas.

En cualquier caso, Función Pública aún no ha puesto las cifras de las bajas producidas sobre la mesa ni sus planes para reponerlas o incluso para crear empleo neto, como exigen los sindicatos. Por ello, en CSIF se muestran muy críticos tras el encuentro, al considerar que “inadmisible” que no se haya hablado todavía del número de plazas que se ofertarán.

De hecho, en el sindicato de funcionarios recuerdan que la oferta no solo debería de tener en cuenta las bajas que se produzcan, sino los 20.000 puestos que se han amortizado en los últimos diez años y el hecho de que la Administración estatal tenga a 51.000 trabajadores (el 21% del total de la AGE) a las puertas de la jubilación, con 60 años cumplidos.

En la misma línea, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha reclamado que haya creación de empleo neto y que este “se encamine al rejuvenecimiento de las plantillas, teniendo en cuenta la necesidad de atender las demandas de urgencia en sectores deficitarios, fundamentalmente encargados de la prestación de servicios de atención al público”. Este es precisamente el mensaje que han recibido de Función Pública, donde también admiten la necesidad de potenciar dichos puestos.

Para ello, FSP-UGT exige que se incrementen las plazas de los subgrupos C1 y C2, las de acceso más fácil, con la intención de asegurar una atención al público de calidad, apuntan desde el sindicato.

La clave para mantener o aumentar la oferta del año pasado será el manejo que hagan desde Función Pública de la tasa de reposición, que no ha sido modificada legalmente, pero que, en la práctica, puede sortearse en algunos casos. De momento, los presupuestos prorrogados de 2023, que rigen en la actualidad, indican que en los sectores prioritarios la tasa será del 120% y en los demás sectores del 110%. La tasa será del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales, que se considerarán también sectores prioritarios.

Fuentes de la negociación esperan que el próximo lunes los responsables gubernamentales de Función Pública concreten la oferta que proponen. De momento solo han facilitado criterios generales. En este sentido, barajan la posibilidad de que quienes diseñen esta oferta de empleo utilicen las nuevas áreas funcionales en las que planea organizar la plantilla del Estado el Ministerio de Función Pública para que haya más movilidad entre los puestos con funciones compartidas en distintos ministerios.