La línea de Alta Velocidad a Cantabria choca con la Justicia en Palencia

La Justicia y una mezcla de intereses políticos cruzados en Palencia —con posturas opuestas entre Administraciones del mismo partido—, se han combinado para comprometer el desarrollo de las obras de la línea de Alta Velocidad en dirección a Cantabria y el norte de España. Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha validado la petición de la asociación palentina de Ecologistas en Acción para instar a la empresa pública Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, a que paralice y deshaga las obras ferroviarias ya ejecutadas o en ejecución en los alrededores de Palencia ciudad.

El tribunal, cuya sentencia recurrirá Adif, aduce que el proyecto constructivo del tramo Palencia-Palencia Norte no puede contradecir el estudio informativo. Los trabajos prosiguen a la espera de una resolución firme. Mientras el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE, celebra el fallo y clama por un soterramiento urbano de las vías, el ministerio de Transportes, dirigido por el socialista y vallisoletano Óscar Puente, insiste en sus planes. Por su parte, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Cantabria, ambos en manos del PP, confían en Adif y reprenden al ministro.

La controversia comenzó con un fallo de la Audiencia Nacional fechado el pasado 8 de mayo. Los jueces admitieron un recurso de Ecologistas en Acción contra Adif por las obras del AVE ubicadas en el norte de la ciudad y que conducen hacia Cantabria. El colectivo celebró el mandato de “cese de dicha actuación”, que exige que los terrenos afectados vuelvan a su condición original. Si bien portavoces de la empresa ferroviaria afirman que se recurrirá la sentencia y que hasta que no llegue una respuesta definitiva se seguirá trabajando.

Los denunciantes perseveraron en una causa inicialmente acompañada por el Ayuntamiento de Palencia, que reculó tras las primeras sentencias adversas. Los ecologistas se centraron en un sector de las obras, en el norte de la capital provincial, por contravenir el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental firmados en 2018. La sentencia les ha dado la razón y ha ordenado parar y derruir lo avanzado. Este matiz ha sido celebrado por la alcaldesa, la socialista Miriam Andrés: “Me alegro mucho. Enhorabuena a Ecologistas en Acción. Esta sentencia ratifica a su vez las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Palencia en la causa abierta en la Audiencia Nacional”, ha declarado.

Andrés y su corporación reivindican que el AVE llegue a Palencia mediante un soterramiento de las vías que dividen a la ciudad en dos partes, algo rechazado por el ministro Puente tanto allí como en Valladolid, donde el PP gobierna en coalición con Vox y ha efectuado la misma demanda. Portavoces de Adif señalan que el fallo se recurrirá por “entender que no se ha actuado en ningún momento por la ‘vía de hecho’ y siguiendo en todo momento el ordenamiento jurídico vigente”.

“Adif va a seguir con su plan de trabajo para las obras de la conexión de la alta velocidad con Cantabria dado que el fallo no es firme”, añaden en la empresa pública, que promete “continuar con los trabajos con absoluta normalidad” porque “la llegada de la alta velocidad a Cantabria es un proyecto irrenunciable que mejorará la cohesión territorial e impulsará las oportunidades de esta región”. Según el proyecto, se estimaba que en 2029 quedara plenamente operativa esta vía hasta Reinosa, y que en 2032 llegara a Santander.

El revés judicial aún no resuelto ha generado un ruido político que enfrenta a miembros del PSOE y, a su vez, repercute en Administraciones del PP, agraviadas directa e indirectamente por el pulso. El consejero de Fomento cántabro, Roberto Media (PP), se ha posicionado sobre el conflicto judicial alegando que el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, le ha garantizado que “no va a haber ningún retraso” pese a lo dictado por la Audiencia Nacional. Media ha asegurado que el Ejecutivo regional se mostrará “muy vigilante” tras “experiencias demasiado malas como para tener fe ciega”, en forma de retrasos o polémicas como el incorrecto tamaño de algunos trenes diseñados por Renfe para la línea entre esta región y Asturias, que no cabían en algunos túneles y retrasaron dos años la conexión prevista para 2024.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha expresado desazón por el futuro de la infraestructura. “Llevamos muchos años esperando la conexión por tren de alta velocidad y es algo que no puede esperar más”, ha afirmado, apelando a la “prudencia” de Transportes y solicitando “eficacia y rapidez” para resolver el choque. El dirigente cargó contra Puente, quien según él “no está a la altura”. El ministro se ha defendido de las críticas en una red social, puntualizando que él no dirigía Transportes cuando se iniciaron las tareas en 2022 y calificando el fallo como un “mazazo” para los cántabros porque “necesitan ese tren como el comer”.